El Gobierno, experimentado en hacer de los momentos de dificultad una constante impronta de equilibrismo y supervivencia, ha escrito un nuevo capítulo en su manual de resistencia en el pleno de este miércoles en el Senado. Finalmente, y tras tener todas las votaciones importantes perdidas a primera hora de la mañana, el Ejecutivo ha conseguido seducir a Junts con la delegación de competencias y la supresión de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal y salvar dos de los tres decretos incluidos en el orden del día: el decreto ómnibus, del que dependía la recepción de los 10.000 millones de euros pertenecientes al cuarto desembolso de fondos europeos apalabrado con Bruselas, y el paquete anticrisis, que ha conseguido su aprobación en segunda votación tras un recuento de infarto que había acabado en empate durante el proceso telemático.

No se ha salvado, no obstante, la reforma del subsidio de desempleo. Ha sido Podemos, partido que otrora formó parte de la coalición de Gobierno, quien, en su intento por constituirse como un grupo autónomo e independiente del espacio de Sumar, bajo cuyas siglas confluyeron a las elecciones, ha decidido tumbar este decreto al no recibir por parte del equipo de la vicepresidenta el compromiso por escrito de que el recorte contemplado en la transposición en el BOE sería eliminado en el proceso de enmiendas. Excusas para un Gobierno que, además, se mostraba dispuesto a este cambio puntual, tal y como había acordado con el BNG -los gallegos se lo reconocen a ElPlural.com-.

Dos importantes victorias y una derrota. Los dos decretos ratificados han sido defendidos por Félix Bolaños, ministro de Justicia y hombre fuerte del presidente. La reforma caída en combate ha sido explicada desde la tribuna por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Un resultado, no obstante, sorpresivo tras una mañana de pleno que discurría de forma paralela a dos velocidades: un tiempo tasado en el interior del salón de plenos de la Cámara Alta y una contrarreloj en los despachos, donde negociadores y fontaneros de los partidos implicados agotaban “hasta el último minuto”, como reconocía una fuente socialista a ElPlural.com, el tiempo para vencer a las quinielas y volver a construir el presente con la sagacidad de la remontada con la que Pedro Sánchez ha forjado su prosopopéyica leyenda.

No ha salido gratis, no obstante, la consecución de estas medidas. Finalizada la primera ronda de votaciones, que ha terminado con dos empates, los liderados por Miriam Nogueras informaban de la letra pequeña del acuerdo que habían suscrito con el Ejecutivo. Un paquete de medidas cuyos puntos fuertes son la cesión de las competencias en materia de inmigración, mediante un cambio de la Constitución y una ley orgánica propia para Cataluña, hasta la supresión de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que ponía en peligro, a ojos de los posconvergentes, la aplicación de la amnistía. También han arrancado la reducción del IVA del aceite de oliva al 0%, la asunción total por parte del Estado del coste del abaratamiento del transporte público, el cambio de la ley de sociedades para facilitar la vuelta de las empresas a Cataluña o más dinero para la digitalización de la administración de la justicia catalana -de los 1,2 millones previstos, finalmente serán 6,2-.

Cronología de un pleno extraordinario

Eran las ocho y media de este diez de enero cuando el grueso de periodistas llegaba al control de la calle Bailén de Madrid, enlace entre la renovada plaza de España y el Palacio Real, para hacer frente a un pleno ampliamente extraordinario en el Senado. Eran las nueve de la mañana cuando, aceptada la nueva normalidad impuesta por el cambio de sede, llegaba el momento de la verdad de una legislatura que, por el momento, se había saldado con la consecución de paulatinas victorias para el gobierno y sus socios gracias a una peregrina suma de apoyos improvisados a cambio de cesiones, negociaciones hasta última hora y órdagos constantes.

9.00 horas. Bolaños, Díaz y el bloque progresista

Sabedor de la importancia de la aprobación de estos decretos, el Gobierno no dudaba en dejar en manos de sus primeras espadas la defensa de cada uno de ellos: el primero en comparecer ha sido Félix Bolaños, titular de Justicia y hombre fuerte del presidente del Gobierno; la segunda, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Sumar. El mensaje por ambos escogido caminaba en la misma dirección: las cosas del comer frente a intereses partidistas.

En tono didáctico, y enumerando una por una con insistencia las cuestiones que quedarían derogadas en caso de que finalmente nadie cambiase de posición inicial, los dos ministros se dirigían a socios y oposición: “Hoy los ciudadanos podrán comprobar si los representantes electos emanados de las urnas están para protegerles o para ir contra sus intereses. El ‘sí’ o ‘no’ de este miércoles no acaba exclusivamente en el diario de sesiones, sino en el bolsillo de los españoles. Votar en contra de este decreto -en referencia al ómnibus- es negarse a recibir 10.000 millones de fondos europeos”, señalaba Bolaños.

“Ustedes hoy votarán si la gente cobra o no 90 euros más, si una trabajadora debe esperar un mes para cobrar el paro, si un trabajador tiene o no un derecho de lactancia de 28 días… todo esto depende de que antepongan los intereses de las personas más humildes de este país a sus intereses partidistas”, reiteraba Díaz.

A los ministros les saldrían, poco a poco, improvisados socios en su tarea de persuadir a Junts per Catalunya y Podemos. Era el caso, por ejemplo, de EH Bildu, cuyos oradores escogidos para cada uno de los decretos insistían en que era necesario tener una mirada larga, ser capaces de alejarse de los errores del propio Ejecutivo en la negociación y defender los intereses de millones de españoles pendientes de cuestiones como los desahucios, la gratuidad del transporte público, los precios de la luz, la cesta de la compra o el incremento de sus pensiones. “Nos hemos equivocado algunas veces, incluso a menudo, pero al menos no nos hemos equivocado ni de trinchera ni de enemigo”, afirmaba Oskar Matute en primera instancia. Mismo mensaje que el pronunciado, poco después, por su compañera Mertxe Aizpurua, que, no obstante, pedía al Ejecutivo tomar nota de lo sucedido: “Deben entender que no tienen mayoría. Deben dialogar y negociar con serenidad y tiempo suficiente: todos somos imprescindibles. No se puede permitir que sea la ciudadanía quien pague los errores del Gobierno”.

11.50 horas. “Hasta el último minuto”

Confirmado. El Senado estaba caminando a dos velocidades: la del salón de plenos, con tiempos tasados y réplicas parlamentarias; y la de las subrepticias reuniones en salas adjuntas. Las llamadas se sucederían “hasta el último minuto”, confirmaban fuentes de la máxima solvencia de los equipos negociadores del PSOE.

La misma pregunta era lanzada a Junts per Catalunya y Podemos, grandes protagonistas de la cita. Los primeros optaban por no responder. Estaban desaparecidos. Runrún sobre su decisión de no intervenir en el pleno. “Sin novedades aún”, confirmaba Podemos. Horas por delante y tres decretos en el horizonte en los que aún quedaba mucho por decidir.

13.00 horas. El aviso de Nogueras

Había que esperar hasta las 13.00 horas para que un diputado de Junts per Catalunya compareciese en el pleno extraordinario del Senado. Habían rechazado hacerlo durante la discusión de los dos primeros decretos -el ómnibus y el de la reforma del subsidio-. Sería con el paquete anticrisis cuando Miriam Nogueras, acallando todo el runrún generado ante la ausencia de los neoconvergentes y la posibilidad de reuniones paralelas, salía al paso explicando al Gobierno los motivos por los que su formación, a esa hora, se encontraba dispuesta a votar en contra.

"Estamos todos de acuerdo en que ustedes no lo han hecho bien. Hemos tenido que llegar al límite para que algunos entiendan que cuando decíamos que no daríamos nuestros votos a cambio de nada no mentíamos", arrancaba. "Es una irresponsabilidad no haber negociado antes. Nos están presionando ahora, pero esta presión debería haber existido antes de entrar al Consejo de Ministros. Era entonces cuando debían haber pensado en los ciudadanos.Hagan un real decreto sin trampas y tendrán nuestros votos. Pacten con Junts y tendrán los votos de Junts", sentenciaba. 

Además, la portavoz independentista ponía una serie de medidas y reclamaciones de Junts sobre la mesa. Medidas que, no obstante, ella misma reconocía que "probablemente" ya sería demasiado tarde para incluir: desde la presencia de la patronal catalana en la negociación de la reforma del subsidio de desempleo hasta el cambio de la ley de sociedades para multar a aquellas empresas que decidieron cambiar su sede social en la peor etapa de la relación entre Cataluña y el Estado. 

"Estamos aquí para cambiar la relación de Cataluña y España, no para perpetuarla. Nuestros votos están al servicio de la sociedad catalana y no al servicio del Gobierno ni del reino de España", remataba la portavoz. 

14.30 horas. Lío en las votaciones

Eran las dos y media de la tarde cuando los equipos de comunicación del PP sembraban de dudas el proceso de votaciones telemáticas. Los populares aseguraban que cerca de 30 de sus diputados no podían acceder al voto a media hora de que finalizase el plazo. 

"Quedan 30 minutos para el fin del plazo de la votación y cerca de 30 parlamentarios del PP no pueden votar por la "caída del sistema". Esperamos que se resuelva a tiempo y que, uno, todos podamos votar; y, dos, esto no sirva para que el Gobierno gane tiempo en sus negociaciones", indicaban. 

Poco tardaba en responder el equipo de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol: "Nadie que no haya votado se va a quedar sin poder votar. El sistema se ha ralentizado durante unos minutos y se va a habilitar media hora más (hasta las 15.30h) para que puedan votar los diputados que aún no hayan hecho. Ahora mismo ya se está votando con normalidad de nuevo". 

Habría que esperar una hora más, hasta las 15.30 horas, para corroborar que efectivamente los 136 diputados del PP habían podido ejercer su derecho. Así se lo confirmaba su equipo a ElPlural.com: “Al final pudimos votar todos, con dificultad unos cuantos , pero ampliaron plazo media hora…”. Unos puntos suspensivos y un temor. ¿Había dado tiempo a persuadir a alguno de los implicados?

15.15 horas. El ‘no’ de Podemos

Si hasta pasado el mediodía todo parecía sucederse en un ambiente de calma tensa, con negociaciones teniendo lugar en paralelo y el sentido del voto de los implicados aún en cuarentena, el primer ‘no’ de la tarde era confirmado a las 15.15 horas por Ione Belarra. La secretaria general de Podemos, otrora ministra de Derechos Sociales, era la encargada de notificar que los cinco diputados morados, en pleno proceso de reconversión en un espacio autónomo e independiente, se opondrían a la reforma del subsidio de desempleo ante la negativa del Ejecutivo “a retirar el recorte en las pensiones de las personas que cobran el subsidio para mayores de 52” -un compromiso que, no obstante, el Gobierno se había abierto a cumplir a peticiones del BNG-. Una decisión que agrava la grieta entre Podemos y Yolanda Díaz, encargada de defender las bondades de la reforma de la prestación en la Cámara Alta.

Diferente situación a la que la dirigente señalaba respecto al paquete anticrisis, donde su formación reclamaba medidas concretas para la vivienda y el alquiler, como el tope del 2% al incremento del precio interanual. En este aspecto, Belarra aseguraba que los morados apoyarían la prórroga del escudo social a cambio de extender la suspensión de los desahucios hipotecarios a familias vulnerables hasta el año 2028. El texto se tramitará como proyecto de ley en los próximos seis meses, tal y como ha subrayado la líder del partido.

Ya de forma previa, durante el debate de los tres decretos a lo largo de la mañana, los portavoces de la formación se habían esforzado por mostrar su falta de sintonía con el actual equipo de Gobierno: “La coalición de Gobierno no ha sido capaz de consensuar el totum revolutum de medidas que se votan este miércoles en el Congreso”, iniciaba Martina Velarde. “Estamos deseando votar a favor de este decreto, pero no podemos hacerlo sin el compromiso por escrito de que este recorte será subsanado”, añadía, minutos después, Ana Santana en respuesta al profético speech realizado por Yolanda Díaz en defensa del segundo decreto de la mañana -con menciones que llegaban desde Dickens hasta la II Guerra Mundial o las bondades del informe Beveridge-. “Todos sabemos que este decreto ley no se hace cargo de las necesidades totales de los ciudadanos de este país. Ustedes traen aquí recortes en el escudo social. Por si a alguno se le olvida, la situación de la vivienda es insostenible y los alquileres siguen subiendo”, remataba, finalmente, Lilith Verstrynge en el debate sobre el tercero de los decretos, el de las medidas anticrisis para paliar la inflación devenida de la guerra de Ucrania.

17.30 horas. "Pintan bastos"

Seguía corriendo el minutero y el silencio se instalaba de la Cámara Alta. Pocos de los diputados socialistas que se dejaban ver en los pasillos no iban acompañados de su teléfono móvil. Era hora de negociar, pero nadie filtraba qué había sucedido en las votaciones -recordemos que el tiempo para votar telemáticamente había acabado hacía dos horas y media. 

Moncloa, finalmente, rompía el secretismo con un críptico mensaje: "Pintan bastos". Silencio en Junts. Cariacontecidos los diputados de Sumar. Los decretos empezaban a vislumbrarse como caídos en un pleno no apto para cardíacos. 

18.00 horas: victoría, derrota y empate

Llegaba el momento de hacer públicos los resultados. Francina Armengol, como es habitual, era la encargada de notificar el número de 'síes', 'noes' y abstenciones de los tres decretos. No tardaba en dar la sorpresa: Junts no había votado, permitiendo, de esta forma, que el decreto ómnibus en el que se jugaba la recepción de los fondos europeos fructificase. 

No corría la misma suerte el segundo de los decretos, ya que la negativa de Podemos hacía inservible la abstención neoconvergente. El paquete anticrisis, el de las cosas del comer, el que incluye medidas que van desde la revalorización de las pensiones hasta el abaratamiento del transporte público, quedaba empatado a 171 votos. Algo había pasado y no tardaría en resolverse: Gerardo Pisarello, diputado de Sumar, no había podido votar. 

Finalizada esta votación, y ante la incredulidad de los diputados presentes en el salón de plenos del Congreso, era Miguel Tellado, portavoz del PP, el encargado de solicitar que la votación de desempate se realizase por llamamiento, a viva voz. Francina Armengol aceptaba: de 19 a 19.30, turno para aquellos que no podían estar presentes en la Cámara Alta; posteriormente, turno de que los secretarios leyesen uno por uno los nombres de sus señorías para que informasen del sentido de su voto. 

18.55 horas. Junts hace público el acuerdo

Habría que esperar a la resolución de la primera de las votaciones, y con los desempates aún en el horizonte, para que Junts per Catalunya rompiesen la ley del silencio que habían impuesto a lo largo de la tarde e informasen de la lista de medidas que habían conseguido a cambio de su abstención en la apretada votación de los decretos. 

Entre las medidas acordadas, los neoconvergentes han conseguido que las competencias de inmigración recaigan en la Generalitat, mediante un cambio del artículo 150.2 de la Constitución a través de una ley orgánica propia para Cataluña, y además han acordado la supresión de la reforma del artículo 43 de la ley de enjuiciamiento criminal en el plazo de enmiendas que se abra tras la aprobación del decreto ómnibus.

Según han explicado desde la formación catalana, esta abstención se produce tras alcanzar un acuerdo con los socialistas en el que se incluye también la publicación inmediata de las balanzas fiscales y que el aceite pase a ser alimento esencial con un IVA del 0%.

Otro de los puntos del acuerdo es la reforma de la ley de sociedades de capital para revertir el real decreto del PP en 2017 con el fin de facilitar la vuelta de las empresas a Cataluña por el 'procés'.

19.30 horas. Desempate 

Era el momento de la verdad para el tercero de los decretos que estaban en liza este miércoles. Con el ómnibus aprobado y el del paro caído en saco roto, llegaba el turno de desempatar la votación para el decreto anticrisis. Finalmente, votación positiva y decreto salvado: 172 votos a favor, 171 en contra y siete abstenciones. 

Se salvaba, de esta forma, un decreto con una larga lista de medidas sociales aparejada a su redactado: revalorización de las pensiones, aumento del Ingreso Mínimo Vital, bonificaciones al transporte público, prohibición de desahuciar a población vulnerable, bajada de la factura de la luz y el gas o rebaja del IVA de los alimentos de primera necesidad. "Queda convalidado el real decreto".