Con motivo de la escalada de tensión propiciada por la Administración de Donald Trump con los bombardeos a Venezuela este pasado sábado, diferentes personalidades reconocidas del mundo judicial han firmado un manifiesto para condenar la agresión de Trump y exigir a la ONU un análisis de las consecuencias jurídicas, así como adoptar las medidas pertinentes para garantizar el respeto de la Carta de las Naciones Unidas. Entre los firmantes se encuentran el exmagistrado Baltasar Garzón, la jueza y exdelegada del Gobierno contra la violencia de género Victoria Rosell, y el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo.
A través de este escrito, los nombres firmantes expresan su defensa férrea a la legalidad internacional, a la vez que critican la detención “ilegal” y el traslado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Asimismo, ponen de relieve que el uso de la fuerza armada contra la integridad territorial o la independencia política de un Estado está expresamente prohibido por el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, "norma fundamental del orden jurídico internacional y de carácter imperativo (ius cogens)".
En este orden de cosas, en el manifiesto se destaca que dicha prohibición solo admite dos excepciones claramente delimitadas: la legítima defensa, conforme al artículo 51 de la Carta, y la autorización expresa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De igual forma, los firmantes añaden que "no se ha acreditado públicamente" la existencia de un ataque armado previo ni de una amenaza inminente que pudiera justificar una actuación en legítima defensa, por lo que cualquier intervención militar unilateral en territorio venezolano "constituiría una violación grave del principio de soberanía, de la prohibición de la intervención y de la obligación de resolver las controversias internacionales por medios pacíficos".
Trump, en el punto de mira por posible “crimen de agresión”
En otro orden de cosas, en el manifiesto hacen referencia a un posible “crimen de agresión” que Trump podría haber cometido tras el ataque a Venezuela, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, la Resolución 3314 de la Asamblea General y los principios consolidados del derecho penal internacional. Con ello, destacan que los actos de agresión "figuran entre las violaciones más graves del orden jurídico internacional por sus consecuencias para la paz, la seguridad y los derechos fundamentales de los pueblos".
Asimismo, los firmantes condenan la privación de libertad de Maduro por fuerzas armadas extranjeras, al considerarla "incompatible" con el régimen de inmunidad personal de los jefes de Estado en ejercicio "reconocido por el derecho internacional consuetudinario". Por último, el manifiesto insta a los estados de la comunidad internacional y a los órganos competentes de la ONU a "esclarecer los hechos, evaluar sus consecuencias jurídicas y adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto de la Carta de las Naciones Unidas y evitar precedentes que erosionen gravemente el orden jurídico internacional".
Entre otros suscriptores del manifiesto aparece el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Coruña y exalcalde de la ciudad Xulio Ferreiro; los magistrados en ejercicio Gonzalo Alcoba, Celima Gallego, Esther González y Amaya Olivas; los magistrados jubilados Juan Romero Laguna, Juan Pedro Yllanes, Enrique Medina, Joan Agustí Maragall, Paloma Marín y Ascensión Solé; junto a otros catedráticos de derecho, funcionarios de la Administración y especialistas en derecho internacional público y derechos humanos.
