Durante algo más de una hora, la rue du Levant de Estrasburgo se ha apellidado San Jerónimo. Durante algo más de una hora, el Parlamento Europeo se ha convertido en el Congreso de los Diputados. Durante algo más de una hora, lo nacional ha conseguido su traslado comunitario, debatiéndose, durante la sesión plenaria de este jueves, una ley de amnistía que aún no ha sido tomada en consideración en la Cámara Baja española pero que la derecha -en Europa, a PP y Vox se sigue sumando Cs- quiere fiscalizar desde todos los frentes posibles ante la minoría parlamentaria que le ata las manos tras los resultados en las elecciones generales del 23 de julio. Sin embargo, todo ha quedado en saco roto después de que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, asegurase que "sigue siendo una cuestión de ámbito interno de España" y que "tiene que abordarse dentro del ámbito constitucional español". 

El texto de la amnistía, registrado en el Congreso por el PSOE tras ser acordado tanto con el socio de coalición como por los partidos independentistas catalanes, necesarios para que la aritmética variable fuese favorable a los designios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido inspeccionado en la Cámara comunitaria en un intento por convencer al comisario de Justicia de "tomar cartas en el asunto para garantizar el estado de Derecho en España y asegurar la separación de poderes".

En este contexto, España ha encontrado su traslación europea. Los rostros cambiaban: Dolors Monsterrat hacía de Cuca Gamarra, Iratxe García de Patxi López y Jorge Buxadé de Pepa Millán. El objetivo era triple: por un lado, denunciar ante Europa el acuerdo de amnistía pactado con un prófugo de la Justicia que corregía el texto de su propia expiación de los pecados; por otro, pedir a Reynders una fiscalización europea de los próximos pasos parlamentarios de la ley en España, así como de su correlación judicial; y, finalmente, y no menos importante, buscar una ruptura de los socialistas europeos para que fuesen sus propios compañeros quienes le obligasen a improvisar una nueva línea de defensa.  

No obstante, si durante algo más de una hora Europa ha sido España, el resultado ha sido el mismo. Un espaldarazo para el líder del Ejecutivo español, que, este miércoles, mientras en Europa se pertrechaba la derecha en su enésimo intento de incomodar a Sánchez, ha presidido el primer Consejo de Ministros de un nuevo gabinete hecho a su imagen y semejanza, tumbando a Podemos, dando peso a perfiles de alto nivel político, aguerridos soldados dispuestos a consumar cuatro años más de una legislatura complicada en lo aritmético y solo asumible para alguien acostumbrado a vivir en el alambre.

Reynders, por todos seducido

"Vamos a desmontar el falso relato de Sánchez, ese falso relato que ha comprado al independentismo de que España no es una democracia, de que España no tiene separación de poderes y vamos a poner el foco en la Comisión Europea, diciéndole lo que está pasando y por tanto que actúe ante lo que está haciendo Sánchez”, ha indicado este mismo miércoles por la mañana Dolors Montserrat, portavoz popular del PPE.

En la misma línea se mostraba el eurodiputado Esteban González Pons, que negaba que fuesen a pedir la apertura de un expediente a España por la ley de amnistía, responsabilizando, de esta forma, a Pedro Sánchez de posibles medidas en Europa como contrapunto a su actitud. "O el Gobierno rectifica o puede llevar a España a una situación parecida a la que han llegado Polonia y Hungría", ha insistido.

Una actitud principalmente dispuesta para buscar el favor del comisario de Justicia, Didier Reynders, que, si bien es de familia política conservadora, ha señalado recientemente que la petición de información a España sobre la amnistía no quiere decir que nada se haya hecho mal. Sencillamente, ha explicado el comisario, se busca conseguir el máximo de la información posible para estudiar la viabilidad de la medida mientras permanece a la espera del informe jurídico de los letrados de la Comisión.

Frente a la derecha, que busca el respaldo europeo del plenipotenciario en esta hipotética fiscalización, el nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, también ha movido sus propias fichas. De hecho, a los pocos minutos de conocerse el encargo de esta cartera por parte de Sánchez, se hizo público que el también ministro de Presidencia se puso en contacto con el comisario y con la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Unión Europea, Vera Jourová, para adelantarles la posición del Gobierno sobre la proposición de ley de amnistía presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados.

Además, desde su equipo informaban de que el ministro viajará prontamente para reunirse con sendos dirigentes europeos, a fin de mostrarse plenamente transparente, defender la legalidad de la amnistía y su encaje constitucional, además de pedir que Europa no caiga en la intromisión que le solicita la derecha. “La proposición de ley no afecta en nada a los intereses y el derecho de la Unión Europea. Muy al contrario, es coherente con los valores de la Unión", sentenciaban desde Moncloa.

Espaldarazo europeo

Sin embargo, la intentona de los 'populares' de someter al Gobierno de España y a la ley de amnistía a la fiscalización europea ha sido en vano, en tanto que la Cámara ha derivado la gestión del asunto a la propia política española. Después de unas largas votaciones a numerosas iniciativas, la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Globales del Gobierno de España, Ángeles Moreno Bau, ha dado paso al debate sobre la ley de amnistía siendo crítica con la elevación de este asunto a la Eurocámara.

"El Estado de Derecho está en el centro de nuestra acción política. Nuestra unión solo podrá prosperar si todos permanecemos unidos en el fortalecimiento y el respeto de estos valores. En este sentido, señalar que apenas hay precedentes de organizar debates por casos como este. Otros países europeos han aprobado amnistías sin que llegasen a ser motivos de debate en esta cámara. Si el parlamento español decide aprobar esta ley, estará sometida al Tribunal Constitucional de España, en tanto que es una cuestión plenamente constitucional española", ha arrancado. 

"Estamos hablando de un texto correspondiente a la política interior española, bajo el marco legal de la misma. Debatir ese texto aquí no contribuye a mejorar las instituciones europeas, al contrario: que se traiga aquí deja ver tendencias verdaderamente preocupantes. Emplear para la batalla partidista un consenso amplio como es el estado de derecho en la Unión Europea puede acabar perjudicando estos valores. Creemos necesario dar a cada debate una dimensión adecuada", ha afeado.

Por su parte, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, quien ya pidió un informe la pasada semana para obtener más información sobre la ley de amnistía, ha recordado que "la Comisión ha intensificado sus intentos en la protección del Estado de Derecho, y ha hecho una evaluación de cómo se han aplicado las recomendaciones de mejora para todos los estados miembros".

"Hemos hecho una evaluación de la aplicación de las recomendaciones en 2023. En el caso en España, el informe destaca que la situación del Consejo General del Poder Judicial suscita grandes preocupaciones, porque no se ha renovado a pesar de la urgencia, y no se han tomado medidas para mejorar el procedimiento de nombramiento de esos jueces", ha reprochado.

Sobre la ley de amnistía, Reynders ha asegurado que "la Comisión conoce el acuerdo entre dos partidos políticos en el contexto de la investidura del nuevo Gobierno español". "Sabemos que este acuerdo permite una amnistía y la creación de comisiones espececiales en el Parlamento. Hace unos días envié una carta pidiendo explicaciones sobre este proyecto de ley de amnistía, y he recibido una respuesta del ministro Bolaños en la que explica su disponibilidad para el diálogo. Tras este intercambio de cartas, la Comisión ha sido informada por el gobierno español sobre la presentación de este gobierno de ley este 31 de octubre. Sin embargo, han llegado muchas quejas de otras partes, expresando su preocupación por si esta ley de amnistía respeta el artículo 2 de la Unión Europea, en concreto, la separación de poderes y del Estado de Derecho", ha proseguido, antes de dar la postura oficial de su organismo.

"La Comisión mantiene su posición sobre la situación en Cataluña: Sigue siendo una cuestión interna de España, que tendrá que dirimirse según su orden constiucional. En cuanto al contenido del proyecto de ley, estamos estudiando el texto y estamos en contacto con las autoridades españolas. La comisión realizará ese estudio con detenimiento y de forma independiente y objetiva, para determinar su cumplimiento de acuerdo con nuestras legislaciones", ha zanjado, dando carpetazo por su parte a un debate que ya arrancaba insulso.

Por su parte, el líder del PP europeo, Manfred Weber, ha señalado que "los socialistas han perdido toda la credibilidad". "La izquierda calla en esta Cámara, pero Europa no lo hace. Citando a un socialista, Felipe González, esto puede poner fin a la Constitución", ha proseguido, referenciando a la amnistía. "Se rompe el Estado de Derecho si la gente ya no está en pie de igualdad. Si no se sancionan los delitos, entonces no estamos en un Estado de Derecho", ha argumentado.

"La gente en España espera una Europa que proteja el Estado de Derecho. Respetamos la mayoria obtenida por Sánchez y su la formación del Gobierno, pero no puede dar una amnistía de esta clase ni cimentar el gobierno en ella", ha concluido el líder de los 'populares' europeos.

Por contra, la líder de los socialistas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, ha señalado que "lo que vulnera el Estado de Derecho es no asumir los resultados y la mayoría parlamentaria obtenida por un partido". "Eso es una grave amenaza para la democracia", ha señalado, respondiendo a Weber.

"Además, usted (Weber) dijo en un medio español que se iban a amnistiar a quienes han cometido actos terroristas. Pero en el mismo artículo 2 de la propia ley de amnistía queda claro que quedan excluidos de la misma los autores de actos terroristas tipificados en el Código Penal español", ha expresado.

"No hay mayor ataque al estado de derecho que su alianza con la extrema derecha. El PP no puede dárselas de representante de la unidad de España con todas las polémicas y problemas que ha generado y que tiene a sus espaldas", ha sentenciado.

A su vez, fuentes internas del PSOE han asegurado que "el PP ha fracasado en su intento de que la Comisión Europea se posicione en contra de la proposición de ley de amnistía". "El comisario Reynders ha subrayado que se trata de una cuestión interna. El PP ha demostrado en sede europea que es indistinguible de Vox: usan el mismo tono bronco y las mismas mentiras. Su objetivo es dañar al Gobierno progresista, pero lo que hacen es perjudicar la imagen de España", han expresado.

"Apenas hay precedentes de un debate sobre una ley nacional que no ha sido aprobada en un Estado miembro. Es una cuestión interna española que debe debatirse en su parlamento. Será sometida al control del Tribunal Constitucional de España y la ley será ejecutada por los jueces. Este debate no contribuye a la democracia europea y está en contra de los valores europeos", han zanjado los socialistas.

"Un gran circo" para Puigdemont

Para Carles Puigdemont, eurodiputado y líder moral de Junts per Catalunya, el debate sobre la amnistía en el Parlamento Europeo es "un gran circo". Además, el prófugo de la Justicia a la espera de la expiación de sus delitos ha sacado un punto positivo a este punto en la orden del día del pleno, ya que, según él, con este debate se ha conseguido internacionalizar el conflicto. 

"Un gran circo, nos ayudarán a internacionalizar todavía más el conflicto. Llevamos mucho tiempo pidiendo que en esta Cámara se hable del conflicto entre Cataluña y España", ha afirmado Puigdemont a la prensa en la Eurocámara, en Estrasburgo, al ser preguntado por sus expectativas.

En paralelo, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha augurado que la ley de amnistía pactada con el PSOE puede estar aprobada en marzo y puede empezar a aplicarse en dos meses, mientras que ha asegurado que no ha pactado "ningún indulto" con el Gobierno de Pedro Sánchez. "En marzo ya tendría que ver la luz. Después hay la previsión de que, en dos meses, todo el mundo se pueda beneficiar", ha adelantado. 

“La amnistía, cuanto antes”

En el plano nacional, la Mesa del Congreso de los Diputados aprobó este martes su calendario de sesiones, perfilando, de esta forma, cuando la Cámara Baja podría tomar en consideración la herramienta legislativa más comentada de las negociaciones de investidura. La normalidad parlamentaria arrancará con un acto solemne celebrado el próximo 29 de noviembre, donde las Cortes arrancarán de forma oficial la legislatura con la presencia del rey Felipe VI.

Una vez hechos los prolegómenos, concedidas las entradas por la puerta oficial de los leones, empezará lo verdaderamente importante. El primero en pasar por el disparadero será el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien deberá rendir cuentas del papel que está jugando España en el conflicto en Oriente Próximo entre Israel y Palestina. Superado lo internacional, llegará el turno de la amnistía, que, voces autorizadas de PSOE y Sumar, apuntan que será tomada en consideración en el pleno de los días 12,13 y 14 de diciembre. Superada esa mayoría, que se prevé asegurada, empezará una tramitación de urgencia que buscará que la ley llegue al Senado a la mayor brevedad posible.