Israel y Hamás han aceptado el primer punto del plan de paz impulsado por Donald Trump para Gaza, un documento que pretende poner fin a uno de los conflictos más devastadores de las últimas décadas y que ha provocado miles de muertes, desplazamientos masivos y una crisis humanitaria sin precedentes. Esta primera fase, considerada la más delicada del proceso, incluye la liberación inmediata de los rehenes israelíes en manos de Hamás, una retirada parcial de las tropas de Israel hacia una línea acordada y la suspensión temporal de las hostilidades bajo supervisión internacional. Con ello, Washington busca abrir una vía de diálogo que reduzca la tensión en la Franja y siente las bases para una negociación más amplia, centrada en la reconstrucción de Gaza y la seguridad de Israel.
Un acuerdo que reconfigura el tablero diplomático
La aceptación de este primer punto supone un giro diplomático inesperado. Tras meses de enfrentamientos y bloqueo político, tanto el Gobierno de Benjamín Netanyahu como los líderes de Hamás han dado su visto bueno a la primera parte de la hoja de ruta redactada por el expresidente estadounidense. Según fuentes próximas al equipo negociador, la presión de Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía ha sido clave para desbloquear la situación y lograr que ambas partes firmen un documento común, aunque aún no se ha sellado el resto del plan.
Trump, que ha vuelto a colocarse en el centro del tablero internacional, describió el acuerdo como “el inicio del fin de una guerra absurda”. La Casa Blanca y el Departamento de Estado han calificado este avance como “una victoria de la diplomacia sobre la venganza”, mientras que la ONU lo ha recibido con prudencia: “es un paso esperanzador, pero extremadamente frágil”.
La liberación de rehenes, prioridad absoluta
El punto inicial del plan tiene un carácter eminentemente humanitario. La liberación de los rehenes capturados por Hamás, incluidos los fallecidos cuyos cuerpos permanecen en Gaza, se plantea como condición indispensable para continuar con el resto de medidas. Según el texto difundido por medios estadounidenses, la entrega debe realizarse en un plazo máximo de 72 horas tras la aceptación formal del acuerdo.
A cambio, Israel se compromete a liberar presos palestinos, entre ellos condenados a cadena perpetua y cientos de detenidos sin juicio durante la ofensiva. Este intercambio —supervisado por observadores internacionales y por representantes de Egipto y Qatar— busca crear un mínimo de confianza entre las partes.
Retirada parcial de tropas y suspensión de hostilidades
El segundo componente del primer punto se centra en la retirada parcial del ejército israelí de las zonas más densamente pobladas de Gaza. Israel deberá replegarse hacia una línea previamente definida por los mediadores internacionales, dejando bajo su control únicamente las áreas consideradas “estratégicas” o de seguridad fronteriza. La medida incluye una suspensión total de las operaciones ofensivas, lo que implica detener bombardeos, incursiones y ataques aéreos.
Esta tregua, que no equivale aún a un alto el fuego permanente, pretende crear un entorno seguro para la entrega de ayuda humanitaria y el inicio de las operaciones de reconstrucción de infraestructuras básicas. Naciones Unidas y la Media Luna Roja se preparan para reabrir corredores logísticos y garantizar la llegada de alimentos, combustible y medicamentos.
Sin embargo, el plan advierte que cualquier violación del acuerdo —como el lanzamiento de cohetes o la reanudación de ataques aéreos— anularía de inmediato los compromisos y devolvería a las partes al punto de partida.
Supervisión internacional y garantías de cumplimiento
Uno de los aspectos más relevantes del documento es la creación de un mecanismo de supervisión internacional. Estados Unidos propone un comité mixto formado por representantes de Naciones Unidas, Egipto, Qatar y Turquía, encargado de verificar el cumplimiento de los acuerdos. Este organismo tendría acceso directo a Gaza y a las zonas fronterizas de Israel para monitorear la retirada militar, el trato a los rehenes y la distribución de la ayuda.
Además, el plan contempla la instalación de centros de control humanitario en Rafah y Kerem Shalom, con participación de técnicos palestinos y observadores internacionales. La Unión Europea ha mostrado disposición para contribuir con personal civil y logístico, aunque no con fuerzas armadas.
Washington insiste en que esta supervisión “no busca sustituir a las autoridades locales”, sino garantizar que el proceso avance con transparencia. Sin embargo, tanto Israel como Hamás han expresado reservas sobre la presencia prolongada de actores extranjeros en el terreno.
Los desafíos políticos y militares del acuerdo
A pesar del optimismo inicial, los obstáculos son numerosos. En Israel, el ala más radical del Gobierno de Netanyahu ha criticado el pacto, considerando que “recompensa el terrorismo”. El ministro Itamar Ben-Gvir ha advertido de que el país “no puede confiar en quienes atacaron a sus ciudadanos”.
En el otro lado, Hamás enfrenta divisiones internas entre sus facciones políticas y militares. Algunos comandantes ven el acuerdo como una cesión ante la presión internacional, mientras que otros lo consideran un movimiento táctico para recuperar capacidad de maniobra y recursos.
A estos retos se suma el escepticismo de buena parte de la población palestina, que teme que la tregua sea una simple pausa antes de una nueva ofensiva. Las organizaciones humanitarias advierten que la población civil sigue atrapada entre el hambre, los escombros y la falta de garantías de seguridad.
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