Gritos de "Sánchez, tiro en la nuca", amenazas y Cara al Sol en un nuevo aquelarre de odio contra el PSOE

La madrileña calle de Ferraz volvió a los años del No-Do por en la noche del viernes. Grupos de neonazis y falangistas se personaron frente a la sede del Partido Socialista en la marcha de Falange por el 20-N. Una movilización en la que predominaron todo tipo de soflamas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros miembros tanto de Moncloa como del organigrama del PSOE. Gritos de “tiro en la nuca” contra el jefe del jefe del Ejecutivo o cánticos del Cara al Sol se adueñaron del centro de la capital en un nuevo episodio de odio y violencia contra la formación del puño y la rosa. Reunión del fascismo que para Ferraz no es sino un recordatorio de los “episodios más oscuros” de la historia de España. Mientras Delegación del Gobierno ha iniciado ya sanciones contra las amenazas proferidas por los manifestantes, desde el partido urgen al líder de la principal fuerza de oposición, Alberto Núñez Feijóo, a dar la cara ante estos sucesos.

Desde el PSOE recuerdan que esta movilización ultraderechista no ha sido el único ataque ha sufrido o bien su cuartel general o las sedes de las diferentes casas del pueblo repartidas por todo el país. De ahí que pongan el acento sobre la postura de un Partido Popular que ha adoptado por ponerse de perfil tras dos años de ofensiva de la extrema derecha. “Si todavía se consideran un partido democrático, deben romper su silencio y abandonar cualquier complicidad con la ultraderecha. Es hora de poner pie en pared frente a quienes quieren quebrar la España que la sociedad ha construido durante 50 años de democracia”, transmiten fuentes de la dirección socialista.

Asumen que no hay una sola razón para que Génova mantenga su silencio cómplice por el temor a la reacción de sus socios de Vox, que alientan en parte estos movimientos callejeros con su argumentario guerracivilista. “Nada puede justificar una espiral de violencia que no cesa”, advierten desde el PSOE, mientras recuerdan que son ya 185 las Casas del Pueblo que han sido víctimas de la ofensiva ultraderechista en todo el país. No son casos aislados y son fruto – sugieren – del “clima de odio” que tanto el Partido Popular como la formación de Santiago Abascal generan desde la tribuna del Congreso en sus intentos por “deshumanizar” al presidente del Gobierno y, por extensión, a todos los socialistas.

Por ello, advierten de que no van a morderse la lengua y piensan contraatacar, reafirmando su compromiso con la democracia, con los derechos de todos y con la “defensa de quienes más lo necesitan”. “No vamos a callarnos ni a escondernos. No nos harán renunciar a la España de la convivencia, la igualdad y la libertad”, proclaman desde el cuartel general del PSOE. 

Sanciones al odio

Mientras tanto, tal y como apuntan desde el PSOE, Delegación del Gobierno ya ha movido ficha y anuncia la incoación de sanciones ante las proclamas “racistas y antidemocráticas” vertidas este viernes durante la marcha de Falange. Una concentración que, bajo el lema de Contra el genocidio del 78: en defensa de nuestra nación y nuestro pueblo, tenía como objetivo descargar su odio contra la sede de los socialistas en Madrid, toda vez que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) levantara el veto del Ejecutivo a la concentración al no ver razones fundadas que sustentasen la prohibición gubernamental.

En declaraciones a los medios de comunicación, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, apuntaba que se activarán las sanciones previstas en la ley ante unos mensajes claramente “racistas, xenófobos, homófobos y también amenazas de muerte” que se escucharon durante la marcha y que son a todas luces “intolerables”. “Constituyen un delito de odio”, apuntaba, al tiempo que anclaba sus actuaciones al amparo del artículo 10 de la Ley de Memoria Democrática, que prohíbe y sanciona actos y expresiones que ensalcen la dictadura o inciten al odio. Asimismo, deslizaba que también se están estudiando responsabilidades que pudieran derivarse al abrigo del Código Penal, poniendo los hechos en conocimiento de las autoridades competentes para que estudien si procede. Según explican desde el departamento, se vertieron mensajes de “extrema gravedad, abiertamente antidemocráticos y racistas” que, además, incluían “amenazas de muerte”.

La manifestación reunió a unas 700 personas un día después del 50 aniversario del 20 de noviembre de 1975, fecha del fallecimiento del dictador Francisco Franco que, a su vez, allanó el camino que culminó con la Constitución de 1978. "Por las víctimas de la dana; por las víctimas de la gestión sanitaria; por las víctimas de la violencia inmigrante; por las víctimas del terrorismo; por las víctimas del aborto y la eutanasia; y por las víctimas en accidentes de trabajo", rezaba la convocatoria que la Falange distribuyó a través de sus canales oficiales en redes sociales.

Pese a que la concentración arrancó en la calle Génova, a unos pocos números de la sede del PP, los manifestantes la culminaron en Ferraz, junto al cuartel general de los socialistas. A lo largo del recorrido, los manifestantes realizaron el saludo fascista, acompañado de proclamas preconstitucionales, así como banderas de la Falange o franquistas, amén de otras consignas tales como “esta es la juventud de España”; “patria, justicia y revolución”; “Arriba España” o “unidad nacional”. Al llegar a la calle Ferraz, los ultras profirieron gritos como “no es una sede, es un puticlub”; “Pedro Sánchez, hijo de puta” o – uno de los más graves – “Sánchez, tiro en la nuca”.

Autorización del TSJM

La manifestación fue posible gracias a que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó la prohibición del Gobierno tras aceptar el recurso de la Falange. El Ejecutivo - a través de Delegación del Gobierno en Madrid - denegó el permiso debido a que la fase final de la concentración era en la calle Ferraz y suponía el punto de "mayor vulnerabilidad". "La carga política del enclave, su exposición mediática y la reiteración de concentraciones ideológicas" en dicho punto lo convertían en un escenario donde convergen factores simbólicos y emocionales que podían atraer a "terceros con distintas agendas". Al menos así quedó recogido en un escrito que el martes emitió la Jefatura Superior de Policía de Madrid. 

Sin embargo, Falange recurrió la prohibición ante el TSJM, que lo estimó al entender que la decisión de Delegación "no es conforme a derecho" y se basaba en la mera posibilidad futura e incierta de que se produjeran conductas contrarias a la Ley de Memoria Democrática o al Código Penal que, definitivamente, sí sucedieron. En este sentido, el tribunal entendió tales "conjeturas" no implican "razones fundadas" que restrinjan el derecho de reunión, alegando que si durante la celebración de la protesta se incumpliera la legislación hay palancas legales que permiten actuaciones expost. No obstante, insistieron en que no puede prohibirse una movilización por anticipar hipotéticos riesgos.