El fervor bélico con el que respondió Margarita Robles a los movimientos que se están produciendo en la frontera entre Rusia y Ucrania, centro del tablero de la geopolítica mundial por el despliegue militar orquestado por el gobierno ruso, no ha gustado a Unidas Podemos. La titular de la cartera de Defensa, sabedora de que todas las miradas están puestas sobre España por su condición de anfitriona de la próxima Cumbre General de la OTAN, que se celebrará en Madrid el próximo mes de junio, no tardó ni 24 horas en seguir los pasos de sus homólogos occidentales y ofrecer dos buques de La Armada y los cazas del Ejército del Aire a una causa que, por el momento, se circunscribe a mostrar potencial, amedrentar a Vladimir Putin y advertir de las fatales consecuencias que tendría una ofensiva armada por parte del Kremlin.
Desde Unidas Podemos creen que el perfil español debería ser más bajo en esta escalada de las tensiones, además de reclamar independencia respecto a Estados Unidos para no cometer los mismos errores del pasado: “Es irresponsable seguir a EEUU en sus bravuconadas belicistas, máxime teniendo en cuenta el fiasco en Afganistán”, condenaba este jueves el diputado y Secretario Primero de la Mesa del Congreso de los Diputados, Gerardo Pisarello. Tampoco ha gustado la decisión al secretario general del PCE, Enrique Santiago, quien considera que “empujar a la OTAN hasta Rusia es un grave error para Europa, pues amenaza la paz y es estratégicamente torpe", dado que subirán la inflación y recursos como el gas o el petróleo.
Incluso Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, actualmente retirados de la primera línea en Podemos pero teóricos prestigiosos por su condición de fundadores, especulaban sobre el rumbo que debería adoptar Pedro Sánchez en el conflicto. Según entiende el primero, otrora vicepresidente segundo del Ejecutivo, el “furor Pro-USA acabó con José María Aznar y la Guerra de Irak” y "sería una gran torpeza de la parte socialista del Gobierno enfrentarse a todos sus socios y montar el 'partido de la guerra' con el PP". Monedero iba más allá y consideraba que el seguidismo español a EEUU provoca que países que podrían convertirse en aliados no lo hagan “por hacer el juego a Washington”: “EEUU sostuvo a Franco durante 40 años. Europa necesita tomar sus propias decisiones y dejar de jugar a ser comparsa".
Ha sido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el encargado de pedir paz a los morados y recordar que la política exterior la dictamina de forma total el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Cómodo en las decisiones adoptadas por el líder del Ejecutivo, Albares ha recordado que España, como país miembro de la OTAN, tiene la obligación de defender las fronteras de cualquier país que desee formar parte de los 29. Un argumentario muy opuesto al de Unidas Podemos que demuestra que, una vez más, la política exterior vuelve a producir grietas en la estabilidad de la coalición.
A Europa, por razones económicas y geoestratégicas, le conviene rebajar la tensión entre EEUU y Rusia. El furor pro-USA acabó con Aznar y hoy sería una gran torpeza de la parte socialista del Gobierno enfrentarse a todos sus socios y montar el “partido de la guerra” con el PP pic.twitter.com/Kyu2JHPsFY
— Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) January 20, 2022
De la recepción del Aquarius a la retención del Open Arms
Incluso antes de gobernar en coalición, con Pedro Sánchez recién salido del horno de la moción de censura a Rajoy, PSOE y Podemos ya discutían sobre el modus operandi a seguir en cuestiones de política exterior. Gustó la acogida de los 629 migrantes a bordo del Aquarius el 18 de ese mismo mes, y fue celebrada por Unidas Podemos como una demostración del compromiso con la UE de la izquierda española; dos meses después, y con el mismo buque humanitario como protagonista, llegaron los nubarrones: “El Gobierno de gestos de Pedro Sánchez parece que ya no ve necesario acoger a migrantes rescatados en el mar por el Aquarius. La pregunta es: ¿por qué hace dos meses sí y ahora no? Nuestro país se merece un Gobierno que respete y defienda los derechos humanos siempre”, condenaban los entonces liderados por Pablo Iglesias.
No sería la última vez que los morados echarían el primer rescate del Gobierno español a la cara de Pedro Sánchez, cuestionando su integridad y lanzando al aire la duda de si aquel movimiento no fue más que un brindis al sol con el que proteger sus espaldas frente al relato. En 2019, el bloqueo de los barcos Open Arms y Aita Mari, inmersos en un proceso burocrático extenso y del cual el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, no se responsabilizaba, también sirvió a Iglesias y los suyos para atacar la línea de flotación de los socialistas reclamando en el Congreso de los Diputados, junto a un grupo variopinto de formaciones de la oposición, la comparecencia del propio Ábalos, del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la otrora titular de Trabajo, Migraciones y Servicios Sociales, Magdalena Valerio.
Aquella retención molestó especialmente a los damnificados, que no entendían el cambio de criterio del presidente del Gobierno. El propio Óscar Camps, capitán del Open Arms, analizaba de esta forma la situación en una entrevista concedida a ElPlural.com: "Nuestro Gobierno también fue pionero en utilizar el mecanismo administrativo para bloquear barcos humanitarios, reteniéndonos a nosotros y al Aita Mari. Además, cabe recordar que las multas de un millón de euros por rescatar no provienen de Salvini, provenían de España y el gobierno italiano se sumó".
La crisis migratoria y las devoluciones en caliente
La llegada masiva de migrantes y refugiados a las islas Canarias en 2020, ya con el Gobierno de coalición gobernando conjuntamente, revolucionó el panorama nacional. El muelle de Arguineguín se convirtió en la zona cero del drama humanitario, con personas hacinadas al raso en tiendas de campaña puestas en pie por organizaciones humanitarias que imploraban más ayuda institucional. Impotentes, las instituciones, tanto las canarias como las nacionales, trataban de remar conjuntamente por abordar una crisis que recordaba a la de los cayucos que vivieron las costas canarias en 2006, cuando más de 30.000 migrantes ingresaron vía marítima en el Archipiélago.
La ruta del Atlántico, paralizada durante años, aún con el constante goteo de llegadas, se reactivó en 2019, cuando entre septiembre y diciembre más de 2.000 personas volvieron a poner en jaque a una comunidad autónoma incapaz de reaccionar. Entonces, las ONG e instituciones competentes en la materia pidieron un plan de acción para prever estas situaciones y adelantarse en caso de una nueva oleada masiva de llegadas. No fue así.
23.000 personas arribaron en 2020, un 1000% más que en el año anterior. Estas cifras, sumadas a las denuncias de los periodistas por ser incapaces de informar sobre el tema sin encontrarse por el camino con los obstáculos de la Policía, además de la insalubridad con la que los refugiados esperaban a su suerte un destino más alentador, derivó en un nuevo cruce de reproches entre socios: “El Estado hace dejación de sus funciones al abandonar a estas personas a su suerte y traslada la responsabilidad a la sociedad canaria, a la entidades locales, insulares y regionales y al tercer sector”, reprochaba Laura Fuentes, Coordinadora General Autonómica de Podemos Canarias.
"Exteriores es una materia que lleva la ministra y el propio presidente, y no es negociable. Ahora mismo allí el conflicto, con un escenario prebélico, es preocupante. Hay que ser extremadamente prudente. Los tiempos los marcan Pedro Sánchez y Arancha González Laya, y no se permiten aventuras de posicionamientos políticos. Son cuestiones que se llevan al máximo nivel, y no puede haber injerencias que desestabilicen. No es un tema menor, ni una tontería, ni algo que se pueda resolver con un tuit, y Marruecos ya ha advertido de que la posición de Iglesias no ayuda", avisaban entonces desde la dirección del PSOE.
Este debate volvió a repetirse en Ceuta un año después. Con Marruecos utilizando miles de vidas humanas como munición en las relaciones bilaterales, la entrada a Ceuta se convirtió en una especie de camino a la salvación para grupos de migrantes que pasaban con el apoyo de la Gendarmería y el aliento del reino alauí. Tanto desde PSOE como desde Unidas Podemos condenaron el procedimiento llevado a cabo por nuestro país vecino, pero el tono fue muy diferente: mientras los socialistas fueron cautos en su exposición de los hechos, demandando volver a la mesa de negociación y recordando la cantidad de intereses económicos compartidos con Rabat, desde Unidas Podemos volvieron a reclamar la independencia del Sáhara Occidental denunciando las amenazas marroquíes.
Tampoco gustaron a Unidas Podemos las devoluciones en caliente realizadas por los agentes y dictaminadas por el Ministerio de Interior, cuyo titular es Fernando Grande-Marlaska: “No podemos seguir tolerando estos atentados contra la legislación europea, la Constitución española, la convención de Ginebra de las Naciones Unidas y la directiva de asilo, violando los derechos humanos y la decencia humana elemental”, condenaban desde Podemos Ceuta.
Entre los intereses económicos y el proyecto MINURSO
El tema de las relaciones bilaterales con Marruecos sigue siendo motivo de conflicto en la coalición. Con las relaciones normalizadas, al menos teniendo en cuenta los precedentes vividos en el ejercicio anterior, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores vuelven a reclamar cordialidad y que “la inmigración no sea utilizada como amenaza” –en referencia velada a lo ocurrido el 17 y 18 de mayo del año pasado-.
Sin embargo, la parte socialista sigue sin hacer frente al mandato internacional más olvidado de nuestra democracia: el referéndum del Sáhara Occidental. Desde Podemos lo reclaman, pero las vicisitudes para llevarlo a cabo, el poder de Marruecos y los intereses contrapuestos siguen provocando un retraso ‘sine die’ que no hace más que engrosar las vergüenzas, a ojos de Podemos, del liderazgo español en el exterior.
De hecho, en plena crisis de entrada irregular de migrantes, el Gobierno en manos de Mohamed VI comparó la situación del Sáhara Occidental con el conflicto catalán, pasando así de las resoluciones de la ONU que siguen viendo a España como el país sobre el que recae la obligación de impulsar el proyecto MINURSO -Misión Internacional de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental-.
La Comisión Europea se mostraba tajante al respecto: "Nuestra posición sobre el Sáhara Occidental es bastante firme. Permanecerá sin cambios, no cambiaremos nuestra posición con respecto al Sáhara Occidental y su estatus. También tenemos un acuerdo de colaboración con Marruecos. Es un acuerdo estratégico. Estamos en contacto con la parte marroquí sobre varios temas importantes que forman parte de la asociación estratégica, pero también abordamos los temas difíciles. Nuestra posición sobre el Sáhara Occidental es que la UE pide un rápido debate para encontrar una solución duradera y justa, así como mutuamente aceptable de acuerdo con la resolución 2548 de la ONU, que se adoptó el 30 de octubre de 2020", ha expresado la Comisión Europea, derivando así su respuesta a un dictamen del Consejo de Seguridad que es meridiano en su defensa de “la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas”.
“Desde Podemos apoyamos la libre determinación para el pueblo saharaui, reconocida en sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para una solución justa y pacífica mediante un referéndum, así como pedimos promover el establecimiento de relaciones diplomáticas de alto nivel con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y la ampliación del mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), para que adquiera competencias en la protección y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población saharaui”, sentenciaban entonces en un comunicado desde la formación morada.
Afganistán, una cuestión teórica; Arabia Saudí, una cuestión económica
La evacuación de refugiados en Afganistán fue ejemplar. Las bases de Torrejón, Rota y Morón se convirtieron en 2021 en marca España, una imagen a exportar por parte del renovado Ejecutivo de Pedro Sánchez, que, sin embargo, no hacía más que reconocer las diferencias teóricas sobre el conflicto que mantienen PSOE y Unidas Podemos.
El conflicto entre Rusia y Ucrania está poniendo de relieve las diferencias estratégicas entre socios. Los morados ejemplifican su posición con lo sucedido en Afganistán, donde consideran que la invasión por parte de EEUU acabó derivando en un fracaso que ha tenido consecuencias fatales para la población afgana con la llegada de unos talibanes reprimidos y con sed de venganza. Mientras tanto, desde el PSOE recuerdan que España forma parte de la OTAN y que, por ende, está en el compromiso de defender los mismos postulados que los de sus países miembros –con Estados Unidos a la cabeza-.
Otro tema recurrente, arma electoral cuando ha sido necesario, es la venta de armas españolas a Arabia Saudí. Unidas Podemos, así como los socios de investidura, han insistido a lo largo de estos dos años de legislatura en reclamar en el Congreso de los Diputados que cesen las ventas de armas al régimen, además de aclarar las responsabilidades de los bombardeos perpetrados contra la población yemení desde hace más de siete años. Organismos como Naciones Unidas cifran en más de 230.000 muertes las muertes provocadas por las decisiones de Riad.
Sin embargo, desde Moncloa han insistido a lo largo de todo este tiempo en el potencial que tiene seguir dotando de armamento a un mercado estratégico como el del reino de Salmán bin Abdulaziz. En una respuesta parlamentaria a Vox, desde Moncloa reconocían que “se ha identificado Arabia Saudí como un mercado estratégico al ser uno de los países con mayor presupuesto de defensa”. “La contratación en el mercado internacional es fundamental para conseguir la viabilidad y sostenibilidad de la compañía”, proseguían, en referencia a la sociedad pública española Navantia.
