Imre Pelyua fue detenido en Melbourne, en las proximidades del parlamento estatal de Victoria (el estado al sur de Australia), por las fuerzas policiales, después de incitar a cientos de manifestantes congregados en las escalinatas del coso parlamentario con el propósito de impedir los cambios legislativos del COVID19 propuestos por el gobierno regional que lidera Daniel Andrews, que el pasado fin de semana provocaron una marcha de miles de personas. Un equipo de especialistas del Departamento de Seguridad acusa al detenido de estar animando a los manifestantes a fabricar explosivos.
Fuentes periodísticas del diario The Age añaden que las pesquisas por parte del estamento policial coinciden con las investigaciones realizadas el mes pasado por el matutino de Melbourne acerca de la proliferación de grupos neonazis de extrema derecha en Australia.
En este contexto, el periódico añade que, durante el curso de la semana, los manifestantes infiltrados alentaron a la gente a protestar contra las nuevas directrices legislativas que el Gobierno quiere promulgar. Directrices que han sido puestas en tela de juicio por grupos de Derechos Humanos y libertades civiles, especialmente acerca de la facultad del mandatario político para promulgar en lo sucesivo los periodos de confinamiento, siempre y cuando se estime necesario, pero sin contar con el aval del estado de alarma.
Otra de los temas discutidos sobre las nuevas reglamentaciones del Ejecutivo son las medidas punitivas de pagos de hasta 45.000 mil dólares en lugar de 90.500, en los casos de no cumplir con las normativas del Departamento de la Salud.
Manifestantes durante una protesta frente al Parlamento del Estado de Victoria en Melbourne, el martes.
Sin embargo, y a pesar que las multas son menos de la mitad, dos de las manifestantes de la protesta que llevan tiempo sentadas en las escalinatas del Parlamento de Victoria, no quisieron identificarse este viernes (excepto con los nombres de Margaret y Paula). En declaraciones a ElPlural.com expresaron su disgusto con que el Gobierno estaba invirtiendo millones a tutiplén para crear una serie de infraestructuras, médicas y hospitalarias incluyendo instalaciones especiales, para personas que necesiten ingresar en cuarentena.
En sentido contrario, Pauline Wrigth, adjunta a las labores de la redacción del matutino The Guardian Australia, comentaba en un artículo que, en el Estado de Victoria, la ciudadanía había sido una de las más sufridas del mundo por cuarentenas o confinamientos durante la pandemia del COVID19.
Y, finalmente, resumiendo el artículo periodístico Wright, añadía que, aunque las medidas de emergencia que quiere imponer el Gobierno sean de algún modo imperfectas, ofrecen la protección de las libertades civiles más progresistas de cualquier otro país del mundo.
Consignas de muerte contra los políticos
Así las cosas, y cambiando de tercio, los dirigentes políticos del estamento federal manifestaron mensajes de repudio sobre las consignas de muerte y ahorcamiento contra el jefe del Ejecutivo en Victoria, Daniel Andrews.
El primer ministro, Scott Morrison dijo que era inadmisible manifestarse en el Parlamento o en cualquier otro lugar con amenazas de muerte contra la clase política, aunque a la postre pero después añadió que los ciudadanos de Victoria habían sufrido largo periodos de confinamiento durante la pandemia sin poder disfrutar de la libertad. Y añadió: “Eso mismo es lo que necesitan ahora, libertad sin tener que estar supeditados a más ordenamientos por parte de las autoridades”.
Mientras tanto, en la orilla opuesta, el abanderado laborista Anthony Albanese advirtió al primer ministro sobre las artimañas de algunos diputados de la coalición conservadora en el Parlamento de Victoria para hacer campaña y dar aliento a los manifestantes en las inmediaciones del edificio parlamentario de Victoria.
El Gobierno estatal esperaba que entre el viernes y el sábado las enmiendas legislativas sean aprobadas, pero, según algunos observadores es posible que el Gobierno tenga que esperar hasta la semana que viene.
