El Gobierno de Péter Magyar ha puesto en marcha la primera etapa de una ambiciosa ofensiva destinada a desmontar la estructura política e institucional levantada por Viktor Orbán durante sus 16 años en el poder. Bautizada como Operación Fuego Purificador, el Ejecutivo pretende impulsar una serie de reformas que marcarán el inicio de una transformación profunda del Estado húngaro.
La prioridad inmediata es doble: recuperar los fondos europeos bloqueados por Bruselas y reemplazar a los principales cargos institucionales vinculados al anterior régimen. Para ello, el Parlamento ya tramita una nueva modificación constitucional, la decimoséptima de la Carta Magna aprobada por Orbán, que permitirá, entre otras medidas, la destitución del presidente de la República, Tamás Sulyok, y la creación de una Oficina Nacional para la Recuperación y Protección de los Activos del Estado.
Magyar presentó el plan esta semana en una intervención de más de una hora ante la Cámara. Durante su discurso, afirmó que su principal objetivo es “liberar al pueblo húngaro de la mafia económica y política” que, a su juicio, se consolidó bajo el mandato de su predecesor. El primer ministro comparó la red de poder construida por Orbán con las organizaciones mafiosas italianas y defendió la necesidad de aplicar una respuesta institucional contundente, similar a la desplegada por Italia en los años noventa contra el crimen organizado. La urgencia política del Ejecutivo está, además, estrechamente ligada a los plazos fijados por la Unión Europea. Hungría necesita demostrar avances rápidos en materia de Estado de derecho y lucha contra la corrupción para desbloquear 16.400 millones de euros en fondos comunitarios congelados durante la etapa anterior. Con la amplia mayoría parlamentaria obtenida en las elecciones de abril, Tisza ha acelerado la aprobación de reformas legislativas destinadas a satisfacer esas exigencias.
La propuesta constitucional, sometida a consulta pública durante apenas cinco días, busca establecer las bases mínimas para garantizar el funcionamiento de una democracia plenamente ajustada al Estado de derecho. Sin embargo, la rapidez del proceso ha despertado recelos en organizaciones civiles y expertos jurídicos, que comparten muchos de los objetivos del Gobierno pero cuestionan algunos de los procedimientos elegidos.
Puntos calientes...
Uno de los puntos más controvertidos es la salida de Tamás Sulyok. Magyar considera que el presidente ha actuado como un aliado político de Orbán y no como una figura independiente al servicio de las instituciones. Tras rechazar las presiones para dimitir voluntariamente, Sulyok podría convertirse en el primer jefe de Estado húngaro destituido de esta forma, un precedente sin equivalentes en la historia reciente del país. Para Márta Pardavi, copresidenta del Comité Helsinki de Hungría, la excepcionalidad del momento justifica medidas extraordinarias. En su opinión, la actuación de Sulyok durante los últimos años demuestra que incumplió sus responsabilidades constitucionales. No obstante, reclama que el Gobierno explique con mayor claridad los fundamentos jurídicos de la destitución para evitar dudas sobre su legitimidad.
Una posición similar mantiene Amnistía Internacional. La organización coincide en que el presidente debería abandonar el cargo, pero considera problemático que el relevo se produzca únicamente mediante una modificación constitucional. Áron Demeter, responsable de campañas de la entidad, recuerda que la legislación vigente ya contempla mecanismos de destitución y sostiene que el Ejecutivo debe garantizar un procedimiento transparente y respetuoso con todas las garantías legales. La presión social, sin embargo, va en otra dirección. Según Demeter, una parte importante de los simpatizantes de Tisza considera secundario el método empleado para apartar a los responsables del antiguo sistema. Para las organizaciones defensoras de los derechos y las libertades, en cambio, la forma en que se produzca ese cambio resulta tan importante como el propio resultado.
La reforma también afecta al poder judicial. Entre las medidas previstas figura la recuperación del límite de edad de 70 años para los magistrados del Tribunal Constitucional, una decisión que abrirá varias vacantes en la institución. Además, se ampliarán las competencias del tribunal y se reforzará la participación de los jueces en la elección de los máximos responsables del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno judicial. Un grupo de cerca de 280 juristas, académicos, fiscales y abogados ha respaldado públicamente la necesidad de renovar estas estructuras. En una carta abierta sostienen que numerosos altos cargos desempeñaron un papel decisivo en la consolidación de la deriva autoritaria de los últimos años y que su continuidad dificultaría la restauración del Estado de derecho. Al mismo tiempo, advierten de que cualquier sustitución debe realizarse mediante procedimientos transparentes que garanticen la elección de perfiles independientes y competentes.
...y reformas propuestas
Otro de los cambios propuestos afecta a los límites de permanencia en los cargos políticos. Después de restringir a dos mandatos la permanencia de un primer ministro, una medida diseñada para impedir que se repitan largos periodos de concentración de poder como el de Orbán, el Gobierno plantea ahora limitar a tres legislaturas consecutivas la presencia de los diputados en el Parlamento. Una iniciativa que ha generado reservas incluso entre algunos sectores favorables al cambio político. Pardavi considera que no se trata de una reforma urgente y lamenta la falta de un debate amplio sobre una cuestión que no figuraba entre las principales promesas electorales de Tisza. También critica la rapidez con la que se ha tramitado el paquete anticorrupción presentado recientemente por el Ejecutivo, compuesto por más de un centenar de páginas legislativas.
Precisamente la lucha contra la corrupción constituye uno de los ejes centrales de la nueva administración. Magyar sostiene que las prácticas desarrolladas por las élites políticas y económicas cercanas a Orbán han supuesto un coste equivalente a entre el 8% y el 10% del PIB nacional. Para combatir ese fenómeno, el Parlamento ha aprobado medidas destinadas a reforzar la transparencia patrimonial de los cargos públicos, ampliar las obligaciones de declaración de bienes a familiares convivientes y endurecer las sanciones por ocultación o falsedad, incluyendo penas de prisión. Las reformas incluyen, asimismo, la disolución de las fundaciones privadas que gestionaban universidades públicas, la recuperación por parte del Estado de los activos transferidos a esas entidades, la sustitución de los responsables de los medios públicos y del Consejo de Medios, así como la creación de una autoridad financiera independiente encargada de supervisar el uso de recursos públicos.
La futura Oficina Nacional para la Recuperación y Protección de los Activos del Estado será otra de las piezas clave del nuevo sistema. El organismo funcionará de manera autónoma respecto al Gobierno y responderá directamente ante el Parlamento. Su puesta en marcha exigirá la modificación de decenas de leyes y formará parte de una estrategia más amplia destinada a rastrear y recuperar bienes públicos presuntamente desviados durante la etapa anterior. Aunque los métodos empleados por el Ejecutivo siguen siendo objeto de discusión entre expertos y organizaciones civiles, existe un amplio consenso social sobre la necesidad de impulsar cambios profundos. Los primeros gestos de apertura ya son visibles. Este sábado, Budapest celebra un desfile del Orgullo LGTBI con respaldo institucional, una imagen difícil de imaginar durante los años de Orbán. Sin embargo, algunos activistas advierten de que persisten continuidades importantes, especialmente en materia migratoria. Según Demeter, el nuevo Gobierno sigue recurriendo a buena parte del lenguaje y los marcos discursivos utilizados por la administración anterior para abordar la cuestión de los refugiados y solicitantes de asilo.
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