El periodista Ignacio Cembrero, que tiempo atrás vio cómo su teléfono móvil fue infectado con el malware de espionaje Pegasus, ha sido denunciado por el Reino de Marruecos por sospechar que la autoría de los hechos corre al cargo de este país, según ha podido avanzar El Confidencial. Desde el Estado alauí se alude a "perjuicios al país a nivel diplomático y económico" derivados de esas acusaciones.
Sin embargo, señalar a Marruecos como sospechoso del espionaje a través de Pegasus a distintos móviles, incluyendo el del presidente del Gobierno, no es ninguna novedad. El reino alauí ha aparecido como probable responsable de la infección de dispositivos casi desde un inicio, a consecuencia del contexto geopolítico en el que se produjo el uso del malware espía para entrometerse en los terminales de distintas personas. Informaciones y declaraciones políticas e, incluso, informes publicados en prensa internacional, han apuntado en esa dirección una y otra vez, desde que trascendió la invasión masiva de teléfonos. En su momento, Marruecos anunció acciones legales y contrató a un abogado en España y, ahora, acaba de demandar al periodista Ignacio Cembrero, especialista en información vinculada con el Magreb, y víctima del seguimiento.
No es la primera vez: grandes medios de comunicación empezaron a publicar a partir de julio de 2021 que unos 10.000 móviles habían sido objetivo de los servicios secretos de Marruecos. Entre ellos estaba el de Cembrero. Tres periódicos —'Le Monde', 'The Guardian' y 'Le Soir'— recogieron su nombre como afectado por el espionaje. Cembrero se refirió a este estudio en distintos medios de comunicación en los que fue entrevistado y dio su opinión al respecto. Se trata de la primera acción legal de la que se tiene noticia en España.
El periodista suma, con esta, cuatro denuncias presentadas por el Reino de Marruecos o personas afines al mismo. En esta ocasión, el país le acusa por la vía civil de efectuar "diversas afirmaciones" en las que insinuaba que el Estado alauí podía estar detrás del espionaje. En casi todos los casos, citaba como fuente a Forbidden Stories. Marruecos asegura que estas declaraciones y artículos vierten en su contra "graves imputaciones" que le provocan un daño. Consciente de que, al ser un ente jurídico público, no puede buscar la protección de su honor, intimidad y propia imagen, el denunciante ha presentado "una acción meramente declarativa", mediante la que busca el reconocimiento de derechos para evitar "que se manche su imagen dentro de España e internacionalmente".
A su vez, Marruecos sortea la posibilidad de reclamar una rectificación por las afirmaciones que adjunta a la demanda asegurando, por una parte, que lo dicho por el periodista, "excede del ámbito de la legítima crítica política" y por otra, considerando que, en este caso, Cembrero se presenta "como víctima" y no como profesional. "El demandado se ha situado jurídicamente en la obligación de probar que el Reino de Marruecos es responsable del supuesto espionaje o, por el contrario, de desdecirse o retractarse", llega a asegurar. El demandante incluye en distintos artículos y declaraciones del periodista, entre ellas una columna publicada también en este medio. Aunque no se cuantifica el "daño" que el Reino dice haber sufrido, la demanda desliza que buscan una compensación económica elevada. Afirma que la supuesta acusación "tiene el potencial de afectar a las relaciones entre los pueblos, los Gobiernos y las relaciones diplomáticas" e incluso provocar una disminución "del turismo nacional". Desde el Reino niegan estar detrás del espionaje: "La realidad es que el Reino de Marruecos no es responsable de espiar a Ignacio Cembrero, ni a ningún otro ciudadano. El Reino de Marruecos no dispone del programa Pegasus" indica.
Cuatro acciones judiciales
Con esta, son ya cuatro las acciones judiciales promovidas por las autoridades marroquíes contra Ignacio Cembrero. Las tres anteriores fueron archivadas: A comienzos de 2014, fue acusado ante la Fiscalía General del Estado por enaltecimiento del terrorismo, por enlazar en Orilla Sur, un blog que publicaba el diario El País, el primer vídeo de Al Qaeda en el Magreb dedicado a Marruecos. La intención era informativa, ya que el líder de Al Qaeda, Abdelmalek Droukdel, pedía a los marroquíes "emigrar hacia Alá en vuestra propia tierra". Cuando la Fiscalía archivó la primera demanda, el Gobierno de Marruecos le puso, a mediados de de 2014, una segunda querella por el mismo motivo en la Audiencia Nacional, que corrió la misma suerte. Más de un año después, en octubre de 2015, llegaría la tercera, por parte de Ahmed Charai, un empresario vinculado con la prensa, que le acusó de intromisión en su honor por desvelar en un artículo, publicado en este caso en El Mundo, que era un estrecho colaborador del servicio secreto exterior de Marruecos (DGED), según se deducía de numerosos documentos que afloraron en Twitter en el otoño de 2014.
Según relata el periodista, además de los procedimientos abiertos, ha sido objeto de seguimientos en Madrid con el propósito de fotografiarle con el príncipe Moulay Hicham, el primo díscolo del rey de Marruecos. La imagen no se obtuvo, pero se publicó un fotomontaje en el que aparece sentado junto al príncipe en otro lugar. Además, indica que se le ha vetado en distintos organismos vinculados con el Ministerio de Asuntos Exteriores de España como, por ejemplo, la Casa Árabe en Madrid, que no le permitió presentar un libro en ninguna de sus salas.
El Confidencial ha consultado a diferentes juristas sobre los hechos acaecidos alrededor de la figura de Cembrero. Coinciden y enmarcan la acción emprendida por el Reino de Marruecos en las técnicas conocidas como Demandas Estratégicas contra la Participación Pública o SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), es decir, acciones dirigidas a atemorizar a voces críticas o molestas para sus intereses. La UE prepara una directiva contra este tipo de prácticas que buscan iniciar largas batallas legales en los tribunales con elevados costes para el denunciado, que se alargan durante años. El Reino de Marruecos contrató hace meses los servicios de la firma Ernesto Díaz-Bastien y Abogados, SLP (EDBA) para defenderse ante los tribunales españoles de las acusaciones por Pegasus. El letrado ha comenzado con Cembrero a cumplir el encargo, dirigido a cortar "la reiterada publicación y difusión de noticias maliciosas e injuriosas".
