El fiscal federal David Weiss ha acusado este jueves a Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de hasta tres delitos graves relacionados con armas, según documentos judiciales recogidos por la cadena de televisión ABC News. De esta forma, a Hunter Biden se le imputan los delitos de declaración falsa en la compra de un arma de fuego, declaración falsa relacionada con la información sobre la licencia federal, y otro cargo por posesión de armas por parte de una persona no habilitada al ser adicto a drogas.

El hijo del presidente alcanzó a finales de junio un acuerdo con la Fiscalía para declararse culpable de varios delitos federales para poner fin a acusaciones que incluyen desde supuestas irregularidades fiscales hasta estos cargos por posesión de armas.

Sin embargo, y tras la polémica que suscitó aquella decisión, la Justicia estadounidense rechazó un mes después el pacto, y solicitó a Hunter Biden y al Departamento de Justicia escritos adicionales que explicasen la estructura del acuerdo.

El juicio se celebraría el año que viene, coincidiendo con la carrera de Biden, de su padre, en busca de la reelección presidencial ante las elecciones del 5 de noviembre de 2024, a las cuales podría volver a enfrentarse a su principal rival del Partido Republicano, Donald Trump.

Los hechos que se le imputan

En un documento registrado en los tribunales en octubre de 2018, Biden mintió cuando compró un Colt Cobra de calibre 38, y por el que presentó una declaración escrita que rezaba que “no era consumidor ilícito ni adicto a ningún estimulante, estupefaciente ni ninguna otra sustancia controlada cuando, en realidad, como él sabía, dicha declaración era falsa y ficticia”, según ha recopilado el periódico ElPaís.

El hijo de Joe Biden admitió, en un primer momento, la comisión de aquellos delitos como parte de un pacto con la Fiscalía para ser condenado por penas menores. En aquel momento, por un lado, los abogados de Biden creían que con el reconocimiento del acusado valdría para poner fin a las investigaciones federales; por otro, la Fiscalía se creyó libre para presentar cargos sobre otros delitos derivados de la investigación en curso.

Finalmente, el pacto quedó en el aire. El fiscal general, Merrick Garland, designó a Weiss como fiscal especial para esta investigación, lo que le otorga al caso una independencia adicional, puesto que es el mismo que lo venía investigando a Delaware como fiscal federal desde la legislatura de Trump.

Joe Biden, bajo lupa

Cabe remarcar que esta imputación llega tan sólo dos días más tarde de que Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, ordenase abrir una investigación de impeachment contra el actual presidente de los Estados Unidos para esclarecer si cometió alguna irregularidad en relación con los negocios de su hijo.

Sus palabras en este sentido fueron entonadas en el Capitolio, en el primer día del nuevo curso político tras el parón del verano. En su declaración ante los medios de comunicación, se dirigió como encargo a la Comisión de Supervisión de la Cámara: “Hoy ordeno a nuestras comisiones de la Cámara que abran una investigación formal de impeachment contra el presidente Joe Biden. Este siguiente paso lógico dará a nuestras comisiones el pleno poder para reunir todos los hechos y respuestas para el público estadounidense”, añadió.

McCarthy justificó su postura, pese a no haber convocado un juicio político previo, al sostener que no tomó dicha decisión “a la ligera” y de forma unilateral a su partido, ya que, a su juicio, “estos hechos deben preocupar a todos los estadounidenses”: “El gobierno federal está siendo utilizado para encubrir las acciones de una familia políticamente destacada. Ahora, animo al presidente y a su equipo a cooperar plenamente con la investigación en aras de la transparencia. Iremos donde las pruebas nos lleven”, concluyó el alto representante parlamentario.

Por su parte, esta noticia no fue plato de buen gusto en la Casa Blanca. Desde la sede presidencial calificaron de “maniobra política” la investigación contra Biden, sosteniendo así que los republicanos no aportaron prueba alguna que justificase dicho movimiento: “Se trata de perseguir políticamente al presidente, no de a la verdad”, aseguró la jefa de prensa, Karine Jean-Pierre.

A la par, el portavoz del Ejecutivo estadounidense, Ian Sams, respondió a este anuncio tachando de que la acción de McCarthy es un reflejo del “extremismo político en su peor versión”.