El Gobierno de Donald Trump ha asegurado que abonará 1.000 dólares a cada migrante sin papeles que decida regresar voluntariamente a su país de origen. Esta medida, anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado este lunes, forma parte de la agresiva estrategia de deportación del Ejecutivo estadounidense. El organismo ha argumentado que lo recibirán las personas en situación administrativa irregular en el país, siempre y cuando usen una aplicación llamada CBP Home para "autodeportarse", mientras que las autoridades también restarán prioridad a su detención y expulsión si optan por esta vía.
Originalmente, CBP Home era la aplicación creada por el Ejecutivo de Joe Biden. Se llamaba CBP One y tenía como fin que las personas migrantes pidieran cita para tramitar su petición de asilo sin entrar a Estados Unidos. Con la llegada de Trump al poder, se le cambió el nombre y su funcionalidad, usada ahora para llevar a cabo estas autoexpulsiones del país a cambio de una cantidad irrisoria de dinero.
Esta actuación busca meter miedo a los inmigrantes, complementada con otros métodos como el envío de más de 200 venezolanos a la prisión de El Salvador o las deportaciones masivas con aviones. "Si estás aquí ilegalmente, la autodeportación es la forma más segura, eficaz y económica de salir de Estados Unidos y evitar ser arrestados. El DHS ahora ofrece a los inmigrantes ilegales ayuda financiera para el viaje y una asignación para regresar a su país de origen a través de la aplicación CBP Home", ha argumentado la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Trump, bajo observación judicial por desacato con la expulsión de migrantes
Por otra parte, el pasado mes de abril, un juez federal de Estados Unidos valoró que existe causa probable para declarar en desacato al Gobierno de Donald Trump después de que violase su orden para las deportaciones masivas de migrantes venezolanos bajo una ley de guerra.
Así lo comunicó el juez de distrito de Estados Unidos en Washington, James Boasberg, asegurando que la Administración Trump demostró "desprecio intencional" por su orden del 15 de marzo, que establecía la prohibición de continuar con las deportaciones de presuntos pandilleros venezolanos a El Salvador bajo la denominada Ley de Enemigos Extranjeros.
En el momento en el que Boasberg emitió esta orden, dos aviones de venezolanos se dirigían de Estados Unidos a El Salvador y no volvieron. "El Tribunal no llega a tal conclusión [la de desacato] a la ligera o precipitadamente. De hecho, ha dado a los Demandados amplia oportunidad de rectificar o explicar sus acciones", dilucidaba el magistrado en el texto. "Ninguna de las respuestas ha sido satisfactoria", señaló.
Todo este embrollo surge cuando Trump invoca la Ley de Enemigos Extranjeros, que data del año 1798. Esta legislación permite la expulsión de individuos durante tiempos de guerra. Para justificar las expulsiones, la administración se amparó en que los migrantes pertenecían a la organización criminal Tren de Aragua.
Un día después de la invocación de la ley, Boasberg bloqueó su uso, en el momento en que dos aviones cargados con los migrantes ya estaban en ruta hacia El Salvador, y ordenó un regreso que no se cumplió, desatando una batalla legal que ha escalado hasta los niveles actuales, con Trump llegando a sugerir un juicio político contra el magistrado.
A su vez, esta práctica desde la administración Trump ha provocado fuerte rechazo tanto dentro de Estados Unidos como a nivel internacional. La ONG 'Human Rights Watch' acusó a EEUU y El Salvador de incurrir en prácticas de "desaparición forzada" en su informe reciente.
A pesar de las críticas, la Administración de Trump defiende las expulsiones, alegando que los migrantes tienen vínculos con pandillas como el Tren de Aragua y MS-13, grupos recientemente clasificados como terroristas por Washington. No obstante, diferentes investigaciones de medios independientes han revelado que muchos de los migrantes enviados a El Salvador no tienen antecedentes penales.
