La nueva presidencia de Gustavo Petro, si algo deja en evidencia, es su firme compromiso por poner en el centro de la agenda de gobierno la superación de una violencia armada tan vigente como irresoluta en las últimas décadas. Ello supone un punto de inflexión con respecto a la política de paz de su predecesor, Iván Duque. Este, fiel con el dogma uribista, hizo todo lo posible por hacer languidecer el Acuerdo de Paz suscrito con la guerrilla de las FARC-EP en 2016, haciendo las veces de fiel saboteador, ya fuese implementando de manera selectiva el Acuerdo, o promoviendo diferentes resistencias, retrasos e incumplimientos que, sin duda, afectaron negativamente a su desarrollo.
Para poner en marcha la idea de paz total, que a continuación desarrollaremos, el presidente Gustavo Petro dispone de tres alfiles de muy diferente signo y condición: el ministro de Exteriores, Álvaro Leyva, con gran reconocimiento como mediador de paz; Iván Danilo Rueda, el Alto Comisionado para la Paz, y antiguo director de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, con una imagen muy positiva en el Ejército de Liberación Nacional (ELN); y finalmente, el senador Iván Cepeda, quien es uno de los grandes nombres del progresismo colombiano y principal valedor de la concepción de “paz total”.
Esta idea de 'paz total', en cualquier caso, es una acepción que entraña importantes dificultades semánticas y reales, producto de la amalgama de siglas, estructuras y actores armados que colman la actual versión del conflicto armado que transcurre en Colombia. De todos ellos, la prioridad, sin duda, es la guerrilla del ELN que, con casi seis décadas de activismo, es el principal actor de la violencia y el único que puede reclamar una negociación con significado político. A ello hay que sumar los grupos herederos de las otrora FARC-EP.
Por un lado, la facción que desde el comienzo se mantuvo al margen del proceso de paz, y que estuvo comandada, hasta este año 2022, por el histórico guerrillero 'Gentil Duarte'. Por otro lado, estaría 'Segunda Marquetalia', que es una disidencia de las FARC-EP impulsada por quienes lideraron la interlocución de paz con el Gobierno, pero que en agosto de 2019 consideraron que las trabas e incumplimientos que sufría el Acuerdo de Paz legitimaban un retorno a la vía armada. Por último, habría que sumar los pequeños grupúsculos, mal llamado residuales, que enarbolan las siglas FARC-EP de una manera desideologizada y cartelizada, operando en entornos locales fuertemente vinculados con el negocio de la droga y la minería ilegal.
Por si fuera poco, a todos los grupos armados anteriormente mencionados hay que añadir las decenas de estructuras post-paramilitares, herederas de las Autodefensas Unidas de Colombia, y que encuentran en el Clan del Golfo la principal amenaza a la seguridad del Estado colombiano. Esto es, un grupo formado por miles de integrantes que desde una estructura criminal franquiciada tienen presencia en cientos de municipios del país.
Con base en lo planteado, la idea de 'paz total' necesita imbricar escenarios de reconocimiento, negociación y concesión que resultan profundamente disímiles. Así, de todos ellos, el único que, con plenas garantías, va a transcurrir desde un espacio de interlocución formal, tal y como se ha hecho público esta misma semana, es el proceso con el ELN. Este retomará la senda del diálogo iniciado en 2016 y paralizado sine die en 2018. Aunque ya se ha adelantado el apoyo internacional de Cuba, Venezuela y Noruega y el propósito por retomar desde los avances consolidados en marzo de 2016 existen muchos interrogantes al respecto. Es decir, debe establecerse con especial importancia para el caso de la guerrilla, quiénes negocian y qué negocian. Esto, porque la guerrilla no es la misma de hace cinco años y sus capacidades y recursos han crecido sustancialmente bajo la presidencia de Iván Duque y la consolidación en buena parte de los escenarios en donde, durante décadas, habían sido hegemónicas las FARC-EP. Asimismo, debe fijarse qué elementos de los cerrados en el Acuerdo con dichas FARC-EP van a resultar extrapolables, más allá de los recelos que esto pueda suponer en el ELN, pues hay puntos como la entrega de armas o el reconocimiento de derechos a las víctimas que son impecables desde el punto de vista técnico y jurídico.
Además, está por ver quiénes asumen la interlocución en el proceso de paz y cuál es la verdadera jerarquía de mando entre el Comando Central y la Dirección Nacional con relación al resto de la estructura armada. Si algo dejó evidente el proceso de paz anterior, era la tensión entre la parte política de mando, presente en Cuba, y la militar, activa en Colombia. En otras palabras, habrá que ver hasta dónde la vieja comandancia tiene capacidad de control sobre la joven dirigencia militar, activa en departamentos como Chocó, Arauca o Norte de Santander.
No menores cuestionamientos y dudas dejan consigo la negociación con la herencia de siglas de las extintas FARC-EP. Esto ha alimentado importantes críticas de parte de quienes lideraron el proceso de paz de La Habana bajo la presidencia de Juan Manuel Santos. Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz en aquel momento, y Humberto de la Calle, Jefe del Equipo Negociador, proponen el siguiente interrogante: ¿Hasta qué punto se puede negociar con quienes ya se negoció? Tal vez la respuesta, a saber, compleja, permite un importante matiz. 'Segunda Marquetalia', en tanto que fue impulsada por quienes lideraron la interlocución con el gobierno, hasta 2016, en buena parte fue resultado del entrampamiento al que fue sometido el Acuerdo de Paz, con especial vehemencia, entre 2018 y 2019.
Es cierto que el margen de maniobra es reducido. O sometimiento a la justicia convencional, con algún trato de favor judicial o penitenciario; o, tal vez lo más pertinente, un espacio de acogimiento nuevamente con el Acuerdo de Paz suscrito en 2016 en donde la entrega de armas, el sometimiento a una jurisdicción transicional y a un esclarecimiento de las responsabilidades condensen el protagonismo. Sea como fuere, nada que ver con la estructura comandada, hasta mayo de 2022, por 'Gentil Duarte' o los grupos de impronta local que, indistintamente, reclaman para sí las siglas FARC-EP. El primero nunca se acogió al Acuerdo de 2016, y los segundos han operado, como también el dirigido por 'Gentil Duarte', como una estructura desideologizada, con marcado acervo criminal, y una relación estrecha con el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.
Así, para estas últimas estructuras quedaría un designio muy similar al que se pudiera esperar para las estructuras criminales herederas del post-paramilitarismo como Los Pachenca, Los Puntilleros, Los Rastrojos o el Clan del Golfo. Poco más que un sometimiento a la justicia, acompañado de acciones de reincorporación plena a la vida civil, y con algún tipo de beneficio carcelario y/o judicial. Pudiera pensarse que esto es descabellado, pero lo cierto es que, por el momento, las alternativas no han dejado consigo atisbo alguno de reducción en el impacto sobre la violencia y la inseguridad y, por otro lado, en Colombia ya hubo en el pasado algunas experiencias que bien pueden servir de lección aprendida. Baste recordar el sometimiento a la justicia, a lo largo de 1991, de organizaciones delictivas sin ningún tipo de naturaleza política, como fue el caso de los grupos armados dirigidos por el narcotraficante Rodríguez Gacha, o por Ariel Otero y Fidel Castaño. Entre las tres se consiguieron desmovilizar a más de 1.000 personas de la actividad ilícita.
En conclusión, el propósito del nuevo gobierno de Gustavo Petro pasa por retomar, y culminar, la larga aspiración de superar una violencia, hasta el momento indómita, tras décadas de confrontación armada. Cualquier horizonte a medio corto y medio plazo, según lo expuesto, arrastrará importantes tensiones, contradicciones y dificultades de las que habrá que dar cuenta. Así, los compromisos y responsabilidades de todos los extremos involucrados, incluida la comunidad internacional, serán necesarios para que, ojalá, de manera definitiva, se ponga a fin a una horrible noche con más de medio siglo de duración.
