Donald Trump ha dado marcha atrás, al menos de momento. Dos días después de lanzar un ultimátum de 48 horas a Irán para reabrir por completo el estrecho de Ormuz bajo amenaza de bombardear sus centrales eléctricas, el presidente de Estados Unidos anunció este lunes que ha ordenado “posponer todo ataque militar” contra la infraestructura energética iraní durante cinco días. La Casa Blanca presenta el giro como resultado de conversaciones “muy buenas y constructivas” con Teherán. Pero Irán lo niega de forma rotunda. Ahí aparece una nueva contradicción en el relato de la guerra: mientras Washington habla de contactos en marcha, las autoridades iraníes aseguran que no ha existido ninguna conversación, ni directa ni indirecta, con Trump.
Trump hizo el anuncio en sus redes sociales con un tono muy distinto al del fin de semana. El sábado había advertido de una “destrucción total” si Irán no levantaba las restricciones en Ormuz. El lunes habló de reuniones “profundas, detalladas y constructivas” y aseguró que, por ese motivo, ha dado orden al Pentágono —al que volvió a llamar “Departamento de Guerra”— de congelar durante cinco días los ataques previstos sobre centrales eléctricas y otras infraestructuras energéticas iraníes. No hay renuncia formal al castigo. Hay una pausa corta, ligada a una negociación que Washington da por abierta pero cuyo alcance real todavía no está claro.
El viraje no llega en un vacío. Se produce después de varios días de amenazas cruzadas que habían empujado la guerra a un punto especialmente delicado: el de las infraestructuras civiles y energéticas. Trump había exigido la reapertura total de Ormuz y había situado las plantas eléctricas iraníes como primer objetivo si Teherán no cedía. Irán respondió con otra amenaza de gran calibre: si Estados Unidos golpeaba su red eléctrica, atacaría las centrales de Israel y también las instalaciones energéticas de países del Golfo que abastecen a bases militares estadounidenses o en las que haya intereses de Washington.
Ahí está una de las claves del giro. La escalada empezaba a dejar de medirse solo en misiles, drones o bases militares. Empezaba a apuntar a redes eléctricas, plantas de gas, puertos y corredores marítimos. Esa deriva inquietaba no solo por su impacto militar, también por su capacidad para extender la crisis a todo Oriente Próximo y golpear de lleno a la economía global. El estrecho de Ormuz, por donde pasa alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas licuado que se mueve por mar en el mundo, ya estaba funcionando a medio gas. La mera perspectiva de una campaña contra instalaciones energéticas iraníes y de represalias sobre la infraestructura del Golfo había disparado el precio del crudo y hundido las bolsas al arranque de la semana.
La pausa anunciada por Trump cambió ese clima de forma brusca. Associated Press informó de que el petróleo, que el lunes llegó a rozar niveles muy próximos a los 100 dólares en el caso del WTI y superó los 113 en el Brent tras el ultimátum, corrigió con fuerza al conocerse la decisión de aplazar el ataque. La lectura de los mercados fue inmediata: la Casa Blanca sigue presionando, pero de momento aparta el riesgo de un golpe directo sobre la red energética iraní y, con ello, reduce la probabilidad de una represalia regional en cadena. El movimiento dio aire a las bolsas internacionales, que venían de una jornada marcada por ventas masivas ante el temor a una crisis energética de mayor escala.
Una pausa táctica, no una desescalada real
La cuestión es si este paréntesis cambia algo de fondo. De momento, no demasiado. La estructura de la amenaza sigue ahí. Trump no ha retirado el ultimátum, solo lo ha estirado. Teherán tampoco ha rebajado su posición. En las últimas 48 horas, las autoridades iraníes han advertido de que podrían cerrar por completo Ormuz si Washington ejecuta sus amenazas sobre la infraestructura energética del país. Y fueron más lejos: el Consejo de Defensa iraní afirmó que un ataque contra su costa sur o sus islas llevaría al minado de las rutas del golfo Pérsico, un salto que convertiría la crisis actual en un bloqueo marítimo mucho más amplio.
Por eso, el anuncio de Trump se parece más a una maniobra táctica que a un deshielo. La Casa Blanca gana tiempo. Reduce la presión sobre los mercados. Se reserva además la posibilidad de vender cualquier contacto con Teherán como una victoria de su política de fuerza. Pero el pulso central no ha cambiado: Washington quiere quebrar la capacidad iraní para condicionar el tráfico marítimo en Ormuz; Teherán intenta encarecer al máximo cualquier paso adicional de Estados Unidos e Israel. Entre una posición y otra queda un margen estrecho, muy expuesto a una nueva cadena de ataques o a un error de cálculo.
En paralelo, la guerra sigue acumulando un coste humano creciente. Las autoridades iraníes sostienen que la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos ha dejado ya más de 1.500 muertos, entre ellos 210 niños. La organización Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, eleva la cifra por encima de los 3.000 fallecidos. AP y Reuters coinciden en que el conflicto, abierto con la ofensiva del 28 de febrero, ha causado ya miles de víctimas y un fuerte deterioro de infraestructuras básicas en distintos puntos de la región. La diferencia entre balances refleja, también aquí, la dificultad de verificar daños y muertos en tiempo real en una guerra cada vez más extendida.
Ese contexto ayuda a entender por qué el movimiento de Trump ha sido recibido más como un respiro que como una salida. La presión militar israelí sobre Irán no ha desaparecido. Tampoco la capacidad iraní de responder sobre territorio israelí, sobre intereses estadounidenses en Oriente Próximo o sobre infraestructuras críticas del Golfo. El aplazamiento de cinco días evita, por ahora, un salto especialmente peligroso: el de los bombardeos estadounidenses contra centrales eléctricas iraníes y la represalia sobre plantas energéticas de otros países. Pero la lógica que llevó a ese punto sigue intacta.
