Irán ha decidido elevar el choque con Estados Unidos e Israel a un terreno más amplio que el militar. El ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, ha pedido este domingo al Consejo de Seguridad de la ONU y al secretario general, António Guterres, que activen una respuesta internacional contra lo que define como “graves violaciones” del Derecho Internacional cometidas por Washington y Tel Aviv tras los bombardeos sobre instalaciones nucleares iraníes. La carta no se limita a una protesta diplomática. Reclama cooperación de todos los Estados para poner fin a esos ataques, exige una condena formal de Naciones Unidas y abre además otro frente: la denuncia por el riesgo ambiental derivado de los bombardeos sobre complejos como Bushehr y Natanz.
La ofensiva verbal de Teherán llega después de semanas de ataques cruzados y en medio de una escalada que ha colocado de nuevo el programa nuclear iraní en el centro de la crisis regional. Araqchi sostiene en su carta que Estados Unidos e Israel han violado una norma básica del sistema internacional, la prohibición de la agresión, y que esa vulneración activa obligaciones para terceros países. No pide solo solidaridad política. Pide implicación. Su argumento se apoya en el Proyecto de Artículos sobre la Responsabilidad de los Estados por Hechos Internacionalmente Ilícitos, un texto de referencia en derecho internacional que establece que otros Estados deben cooperar por medios legales para poner fin a violaciones graves de normas imperativas. El mensaje de Teherán va por ahí: convertir el caso iraní en una prueba para la credibilidad del sistema multilateral.
La clave del escrito está en cómo Irán intenta mover el foco. Durante meses, Estados Unidos e Israel han presentado los ataques sobre infraestructuras nucleares iraníes como parte de una estrategia para frenar un programa con posibles derivadas militares. Araqchi responde con otra lectura: no habla de instalaciones sospechosas ni de objetivos estratégicos, sino de “emplazamientos nucleares pacíficos” sometidos a salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica. La diferencia importa. Si esa formulación gana terreno, Teherán no aparece como el Estado bajo sospecha, sino como el país atacado mientras operaba, al menos formalmente, bajo mecanismos de supervisión internacional.
Teherán rescata el precedente de Irak para presionar al Consejo de Seguridad
Araqchi no ha elegido al azar el precedente que cita en su carta. Pide al Consejo de Seguridad que actúe ahora como lo hizo en 1981, cuando condenó por unanimidad el ataque israelí contra las instalaciones nucleares iraquíes. Aquella resolución, la 487, aprobada el 19 de junio de 1981, consideró la acción israelí una violación de la Carta de la ONU y reclamó que Israel colocara sus propias instalaciones nucleares bajo las salvaguardias del OIEA. Teherán recupera ese episodio para subrayar dos cosas. La primera, que existe un precedente claro contra ataques de este tipo. La segunda, más incómoda para las potencias occidentales, que Naciones Unidas fue más clara hace 45 años que ahora.
Ese punto enlaza con otra de las acusaciones centrales de la carta: la que dirige contra el propio OIEA. Araqchi carga contra su director general, Rafael Grossi, y contra la Junta de Gobernadores del organismo por lo que considera una inacción sostenida. A su juicio, esa falta de respuesta no solo ha envalentonado a los agresores, sino que ha debilitado la autoridad del sistema de salvaguardias. La crítica apunta a un problema muy concreto. El OIEA sigue siendo la institución llamada a verificar qué ocurre en el programa nuclear iraní, pero hoy trabaja con una capacidad limitada por la guerra, por los daños en instalaciones y por la imposibilidad de acceder con normalidad a algunos enclaves. Grossi reconoció hace unos días que la agencia todavía no sabe con precisión cuál es el estado de la nueva instalación subterránea de enriquecimiento en Isfahán y que solo una futura inspección podrá aclararlo.
La denuncia iraní se extiende además al terreno ambiental. Araqchi sostiene que los ataques contra Bushehr y Natanz vulneran también el derecho internacional en materia de protección del medio ambiente. No es un detalle menor ni un añadido retórico. Bushehr alberga una central nuclear en funcionamiento, y cualquier incidente serio allí tendría un alcance muy distinto al de otros complejos. El OIEA señaló esta semana que la planta de Bushehr no había sufrido daños, aunque sí se registró un impacto en el emplazamiento general y Grossi volvió a advertir de que cualquier ataque contra instalaciones nucleares entraña riesgos graves y debe evitarse. Rusia, que participó en la construcción de la central, llegó a pedir la creación de una zona de seguridad alrededor del recinto.
La carta de Araqchi abre un frente político mientras el OIEA pierde margen
La carta no aparece en un vacío. Llega después de una nueva oleada de choques en marzo y tras los ataques de junio de 2025 y de febrero-marzo de 2026 que, según Araqchi, constituyen violaciones materiales del principio de no agresión. En paralelo, la guerra ha erosionado aún más la capacidad de inspección internacional. El OIEA ha confirmado daños en Natanz, ha admitido incertidumbre sobre instalaciones en Isfahán y ha reiterado que no puede establecer algunas conclusiones básicas sin volver a entrar sobre el terreno. Esa pérdida de control técnico tiene una consecuencia política inmediata: deja espacio para que cada actor imponga su relato. Israel y Estados Unidos insisten en la necesidad de degradar la capacidad nuclear iraní. Irán responde que lo atacado no era una amenaza inminente, sino infraestructura bajo supervisión internacional.
El problema para Teherán es que el Consejo de Seguridad no se mueve en un plano jurídico puro. Se mueve en un tablero de vetos, alianzas y correlación de fuerzas. Araqchi puede apoyarse en precedentes, en artículos del TNP y en la doctrina sobre responsabilidad internacional de los Estados. Otra cosa es que consiga traducir eso en una resolución con efectos reales. Más aún cuando Washington forma parte del conflicto denunciado y protege de forma sistemática a Israel en el Consejo. Aun así, el movimiento iraní tiene un objetivo claro: fijar desde ya un marco político y legal para discutir indemnizaciones, responsabilidades y legitimidad internacional de los ataques. También intenta desgastar a Grossi y al OIEA en un momento en que la agencia se ha quedado atrapada entre su función técnica y una guerra que la supera.
