¿Qué pasara ahora con la extradición de Carles Puigdemont? Esa es la pregunta, pero no tiene fácil respuesta. Si se tratara de cualquier otro caso, con la Orden Europea de Detención, Italia extraditaría al expresidente catalán en tan solo 60 días. Sin embargo, la inmunidad como europarlamentario de Puigdemont, o el tipo de delito por el que se solicita la entrega del detenido son una piedra en el camino de dicha extradición.
Sobre el primer motivo: la retirada del privilegio, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) estimó, en un primer momento, las medidas cautelares solicitadas por la defensa de Puigdemont, aunque luego sí aceptó retirar esa inmunidad porque “los diputados no han demostrado que pudieran ser objeto de una detención inminente”, un hecho que ha quedado demostrado que no es así tras la detención este jueves del expresidente en Cerdeña. Pero las fuentes jurídicas consultadas por Elplural.com explican que “esta resolución hacía referencia a los desplazamientos al Europarlamento, no a que Puigdemont se vaya a Cerdeña de forma particular”.
Pese a todo, la resolución del TGUE por la que se le retiraba la inmunidad no solo a Carles Puigdemont, sino también a los fugados Toni Comín y Clara Ponsatí, apostillaba que los europarlamentarios “no han demostrado que su detención o la limitación de sus desplazamientos ni, con mayor razón, su entrega a las autoridades españolas y su posterior puesta en situación de detención provisional fueran previsibles con un grado de probabilidad suficiente, en particular respecto a al estado en el que residen, Bélgica”.
Otras fuentes especializadas en órdenes europeas e internacionales de detención afirman “que no es descartable que Gonzalo Boye (abogado de Puigdemont) vuelva a solicitar al TGUE una cautelarísimas que impidan su extradición”. Si el TGUE las admite, Italia no podrá extraditar al expresidente catalán.
Tipo de delito
La segunda piedra en el camino es el tipo de delito por el que se solicita la extradición, en este caso un delito de sedición y otro de malversación de caudales públicos. Las fuentes del Tribunal Supremo consultadas por este periódico afirman que: “en Italia existen delitos similares al de la rebelión y la sedición, al igual que sucede en el resto de Europa, por lo que se debería aceptar la extradición”.
Pero otra cosa es que se arroguen competencias que no deben, como sucedió con los tribunales alemanes quienes denegaron la extradición al entender que lo sucedido en el caso de Carles Puigdemont no era una rebelión. Según las fuentes del Supremo “ningún juez europeo puede entrar al control de los elementos tipo”, es decir, solo pueden tomar la decisión basándose en si su Código Penal contempla o no ese tipo de delito.
Sobre el tipo delictivo hay que apostillar que, además del mismo como delito, ya existe una sentencia firme del Tribunal Supremo contra el resto de personas que participaron en el procés. Así, al existir una sentencia firme y no una causa en instrucción, los jueces italianos podrían inclinarse por la extradición.
Tribunal Supremo
Por último, queda el tema de las Orden Europea de Detención. La defensa de Puigdemont asegura que está sin efecto, pero desde el Tribunal Supremo aseveran que sí está en vigor desde 2019 cuando fue emitida. De hecho, el magistrado José de la Mata, enlace de la Justicia española en Eurojust ha enviado un escrito a la Justicia Italiana aseverando que la "orden está activa y pendiente de la captura de los procesados en situación de rebeldía".
Las fuentes consultadas explican que en el único sitio en el que está suspendida es en Bélgica, pues se hizo así para esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contestase a la cuestión prejudicial que el magistrado instructor Pablo Llarena había enviado tras las múltiples negativas de la Justicia belga a la extradición. “La orden está vigente. De hecho, tanto es así que ayer se le detuvo en Italia”, apostillan las fuentes.
Ahora, la única X por despejar de la ecuación es la de saber qué hará el magistrado italiano cuando Puigdemont pase a disposición judicial. Hay varias alternativas. Puede dejarlo en libertad o puede enviarlo a prisión si cree que existe riesgo de fuga. Por otro lado, está Gonzalo Boye, letrado del expresidente catalán, quien lo más probable es que vuelva a solicitar medidas cautelarísimas al TGUE para que se le devuelva, aunque sea de forma temporal, la inmunidad a Puigdemont, lo que abriría un nuevo debate jurídico. El caso Puigdemont acaba de empezar y se esperan meses de intenso debate jurídico.
