La Constitución no debería ser utilizada, bajo ningún concepto ni excusa, en el debate partidista. En España, no obstante, algunas fuerzas políticas a menudo la emplean como arma arrojadiza; unas cuando pretenden convertirla en algo tan suyo que excluye a todos los demás, y otras cuando pugnan por excluirse de ella. Unos y otros, estos grupos políticos son excluyentes y se sitúan fuera del consenso, aquella norma suprema que permitió que, por una vez en la vida, en nuestro país se produjera un cambio relativamente ordenado y pacífico de una dictadura a una democracia.

La reelegida presidenta del Congreso de Diputados, Meritxell Batet, defendía el pasado día 6 una “Constitución inclusiva”, que fuese plenamente asumible por parte de aquellos que ahora la critican. El discurso de la joven socialista catalana, que por edad no pudo votar nuestra vigente Constitución -cuando fue aprobada en referéndum tenía solo cinco años de edad-, me pareció una buena apelación al consenso constitucional. Un consenso que implica, hoy y aquí, una reforma amplia que permita la necesaria actualización de muchos aspectos de un texto constitucional que han quedado superados por el inexorable paso de los años. Profesora de Derecho Constitucional, Meritxell Batet es una muy buena conocedora no solo de nuestra actual Constitución sino también de la complicada historia del constitucionalismo español, así como de las afinidades y diferencias existentes entre los textos constitucionales vigentes ahora en todo el mundo. Sabe muy bien de lo que habla, algo que no suele ser común en algunos de nuestros dirigentes políticos.

Al reivindicar el carácter inclusivo de la Constitución, la presidenta Batet no hacía nada más que reclamar el retorno de todos a los principios del consenso que hizo posible que la transición de la dictadura franquista a nuestro Estado social y democrático de derecho se hiciera con un amplísimo apoyo político y social. Aquella transición fue un ejemplo a seguir por parte de muchos países, pero debemos recordar a quienes por edad no pudieron vivirla que en modo alguno fue fácil; no, no fue tan ordenada y pacífica como debió de haber sido: se encontró con grandes resistencias por parte de los todavía poderosos restos del franquismo, y también con los ataques de grupos terroristas de toda índole, y por todo ello hubo un elevado número de víctimas mortales durante aquel difícil proceso de transición. El éxito final es público y notorio: son estos últimos cuarenta y un años de nuestro Estado social y democrático de derecho, estas ya más de cuatro décadas de libertad y democracia, en paz y con progreso.

Mientras la presidenta Meritxell Batet reivindicaba el carácter inclusivo de la Constitución, las derechas hispánicas -encabezadas por Pablo Casado en el PP y colideradas por Santiago Abascal desde Vox y una Inés Arrimadas que intenta reflotar a Ciudadanos después de su reciente naufragio electoral- se cierran en banda a cualquier posible reforma constitucional. Anuncian de forma clara e inequívoca que bloquearán cualquier intento de reforma. Resulta como mínimo curioso, por no decir que escandaloso, que fuerzas como el actual PP o Vox, y de un modo u otro también Ciudadanos, pretendan convertirse en garantes principales, casi en celosos guardianes de una Constitución a la que gran parte de estas mismas derechas hispánicas, representadas entonces por la Alianza Popular dirigida por Manuel Fraga, solo dio su apoyo con reticencias y como a regañadientes. Estas derechas hispánicas encuentran algo así como un relato paralelo, de signo diametralmente opuesto pero que contribuye a que uno y otro bando se retroalimente, por parte de grupos secesionistas como JxCat, ERC, EH-Bildu o CUP. Unos y otros son las caras de una misma moneda: la moneda de la exclusión, la que propugna y practica políticas excluyentes, en abierta contraposición a la política inclusiva que la reelegida presidenta Meritxell Batet defendió con rigor en su primer discurso ´de celebración del Día de la Constitución como presidenta de las Cortes.