Hace unas semanas, 500 vecinos de Alcázar de San Juan exigían la remunicipalización de la gestión del agua. El mismo día y a la misma hora, el alcalde explicaba a 23 afiliados al PP las “virtudes” de la privatización. Hace ahora un año, 7.653 vecinos votaron en una consulta popular a favor de mantener la gestión pública, frente a 60 que optaron por la externalización. En febrero de 2014, medio centenar de vecinos se encerraban en el Ayuntamiento gobernado por el PP y 5.000 personas se manifestaban días después. Hace un mes, el Defensor del Pueblo seguía esperando la documentación exigida al Ayuntamiento y que el equipo de Gobierno se niega a remitir, para una semana después el juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ciudad Real declarar nulo el pleno donde se entregó el agua a una empresa ajena a los intereses del pueblo. Tamaños rapapolvos no han servido para que el regidor de Alcázar, el polémico Diego Ortega, dé su brazo a torcer y continúe empecinado en ir contra todo un pueblo, que en su inmensa mayoría sabe ya lo que hará el 24 de mayo, “echar a estos señores del Ayuntamiento que reflejan una falta de sensibilidad para con la democracia, una falta de respeto a la ciudadanía y un desprecio a las Instituciones”, añaden desde la Plataforma Ciudadana, “ nos produce vergüenza que nuestro Ayuntamiento esté dirigido por personas capaces de tales comportamientos”.

Demanda interpuesta por el PSOE
Plataforma que ve en el PSOE al partido que ha estado a su lado en esta lucha, como lo prueba la demanda interpuesta por éstos ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Ciudad Real, estimando íntegramente los argumentos de los socialistas, encabezados por su secretaria general y candidata a la alcaldía de la localidad, Rosa Melchor, que en declaraciones a ELPLURAL.COM expresaba su satisfacción por este nuevo fallo judicial (ver auto), declarando “nula la convocatoria del pleno extraordinario y urgente efectuada el 10 de octubre de 2013, declarando asimismo la nulidad del propio pleno y los acuerdos adoptados en el mismo”. Es decir, la privatización del agua.

500 alegaciones, a la papelera
 En la referenciada sesión plenaria no solo se aprobó el cambio a gestión de servicio municipal de abastecimiento y saneamiento de directa a indirecta a través de empresa de economía mixta, también se aprobó la memoria que sirvió de base al proceso, al mismo tiempo que se desestimaban  más de 500 alegaciones presentadas por los vecinos.  “Todos estos acuerdos han sido declarados nulos por la sentencia, notificada con fecha 5 de marzo de 2.015”, dice Melchor, al mismo tiempo que recuerda que cuando se culminó el proceso de venta de Aguas de Alca´zar a Aqualia le dijo a los representantes “que no se acomodasen” pues estaba convencida que “Aguas debe ser de los vecinos y vecinas de Alcázar”. Para la líder socialista, cuando esta sentencia sea firme, Aqualia estará actuando con un contrato nulo.

Remunicipalización del agua
Rosa Melchor tiene claro que luchar por la remunicipalización “es un compromiso que he adquirido por escrito con la sociedad alcazareña, y  haré todo lo que esté en mi mano para que Aguas vuelva a ser de sus verdaderos dueños, los alcazareños”. Para el PSOE hay varios caminos para devolver la gestión del agua a los ciudadanos, “y uno de ellos es el judicial; con la Justicia, que poco a poco va a ir deshaciendo todo lo malo que se ha hecho con este proceso”. Según Melchor, esta sentencia hará que el coste de remunicipalización sea menor, porque “ya nos está costando más de medio millón desde que se formalizó el cambio de gestión, más la subida del 10% del IVA de lo que antes era la tasa de alcantarillado y una pérdida de dinero y de servicios que antes se prestaban”.

Vulneración de derechos fundamentales
La sentencia deja claro que se ha vulnerado el derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución, al impedir a los concejales socialistas ejercer las funciones para las que fueron elegidos al no respetarse los plazos mínimos de la convocatoria.  El Ministerio Fiscal apoyó las tesis de los demandantes hasta en cuatro ocasiones, dando también la razón al PSOE en sus argumentos, como la nulidad del proceso. Es decir, la sentencia declara el acto nulo, lo que significa que nunca ha existido y, por tanto, tampoco los actos que se derivan o son ejecución del mismo, así como sus efectos.

“No tendrá consecuencias jurídicas”
Por su parte, el alcalde de la localidad, el “popular” Diego Ortega, lejos de rectificar y escuchar la voz del pueblo, se ha enrocado y continúa en sus trece de mantener la privatización por razones que se escapan al entendimiento lógico. Según el regidor, en declaraciones recogidas por Europa Press, la sentencia “no traerá consecuencias jurídicas, porque no entra en el fondo de este cambio de gestión del agua”. Ortega ha manifestado que en todo caso el Ayuntamiento recurrirá la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, y ha detallado además que “ya ha habido ocasiones en las que el Alto Tribunal no ha ratificado y ha dado la vuelta a resoluciones del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo”.