El Gobierno actúa de buena fe
"Como representantes del presidente valoramos el haber llegado a este momento para hacer posible el mantenimiento del cese de la violencia. Sólo así el diálogo será posible". ¿Quiénes fueron estos representantes de José María Aznar? Pues Javier Zarzalejos, entonces secretario general de la Presidencia, Ricardo Martí Fluxá, secretario de Estado de Seguridad y el asesor personal de Aznar, hoy asesor político clave del Partido Popular, Pedro Arriola. Frente a ellos quienes se sentaban eran Mikel Antza, el jefe político de la banda terrorista, Vicente Goikoetxea, uno de los miembros de la dirección, y Belén González Peñalba, Carmen, que además de notaria de la reunión para ETA, aportaba una experiencia previa, ya que había sido miembro del equipo negociador de los terroristas en Argel.
Javier Zarzalejos, según aquellas actas, dejó claras las cosas desde el principio: allí estaban para negociar: "otras vías son inadecuadas -dijo- un contacto es más eficaz, aunque sea más duro para las dos partes, pero es más adecuado...(...)... el gobierno actúa de buena fé).
No pedimos que dejen de ser una organización armada
Aún un paso más allá, Javier Zarzalejos dijo a los etarras: "No venimos a convencerles de que dejen de ser una organización armada. Eso es una decisión suya en función de sus análisis. Eso será un desarrollo unilateral de ETA, por razones estratégicas, de evolución, de eficacia... No venimos a ver si ustedes van a mantener la tregua. Es ETA la que decide".
Y el consejero de Aznar, Arriola, remató: "la Constitución española no es inamovible, tampoco, creo, los estatutos, existen vías de cambio...". Es decir, la puerta estaba abierta para negociar. O como siguió Zarzalejos: "hemos hecho un esfuerzo para asumir la lógica del otro, y dentro de esa lógica no pensamos que ETA se va a rendir. Sabemos que ETA tiene todavía capacidad mortífera...(...) Hemos hecho un esfuerzo de acercamiento. No venimos a la derrota de ETA"
Mantener una vía a salvo de contaminaciones policiales
El secretario general de la Presidencia fue más allá. Entendían que negociar significaba respeto a las posiciones de la otra parte: "Nosotros no planteamos este diálogo en términos de persuasión de una parte a la otra -dijo-. Nosotros no queremos que (ETA) dejen de ser independentistas".
Los negociadores enviados por Aznar tenían muy claro que aquello, además, debía mantenerse a salvo de la actividad policial o de los Servicios secretos; es decir, en un ambiente político: "de lo que se trata es de mantener una vía a salvo de "contaminaciones policiales" -dijo Zarzalejos-. Una idea que apoyó el consejero del presidente: "Aquí no hay más interlocutores que nosotros", concluyó.
Como en la prensa se producían ataques a ETA y denuncia de alguna de sus acciones, seguían por ejemplo con las amenazas a los empresarios para cobrar el llamado "impuesto revolucionario", el líder de los etarras pidió que se controlara lo que se publicaba. Los representantes del gobierno explicaron que eso estaba fuera de su control: "dicen que la prensa no la pueden controlar -preguntó Antza- ¿y el Cesid?". A lo que el secretario de Estado de Seguridad respondió: "eso más"..., y como Antza remachó: "pues eso"... Fluxá y los otros concluyeron: "tomamos nota, recibido el mensaje".
Todos los gobiernos negociaron
José María Aznar, cuando se conocieron las actas, intentó negar que había mandado a negociadores y él y otros recordaron que las actas eran de ETA, de una banda terrorista poco fiable, lo que parecen olvidar ahora. Pero más allá de su famosa calificación a ETA de "Movimiento de Liberación Vasco", lo cierto es que en 1999 el gobierno acercó 105 presos de ETA al País Vasco, por ejemplo desde cárceles en el norte de África, desde Canarias y desde el sur de España y se concedió tercer grado a 9 etarras con medidas penitenciarias generosas.
Como hizo el gobierno Aznar, antes ordenaron abrir negociaciones Adolfo Suárez, Felipe González y, después, José Luis Rodríguez Zapatero. Es legal y así lo han ratificado los tribunales que los gobiernos negocien en la búsqueda del final de la actividad terrorista; en algunos casos, como en el de Zapatero, incluso se pidió permiso previo al Congreso. En esas negociaciones todos los gobiernos fueron defraudados por ETA, es verdad,pero no es lo menos que tras cada negociación la banda terrorista salió más debilitada y dividida. Aunque nunca como tras el fin de la tregua de 2006, cuando se puso en evidencia que los etarras eran incapaces de justificar su existencia sin la violencia. Durante esa negociación no se concedió ningún traslado de etarras ni se produjeron liberaciones. Aún más, durante ese tiempo se produjeron 57 detenciones de etarras y tras el atentado de la T4 se ha descabezado varias veces la cabeza logística, política y militar de ETA. Pero lo que aún resulta más esperanzador, hija del fin de la tregua de 2006 ha surgido la que parece mayor ruptura entre el mundo radical abertzale y la banda. Quizás la ruptura definitiva, y el principio del fin definitivo de la violencia.
