PP y Vox han firmado este jueves un acuerdo para la investidura de Marga Prohens como presidenta del Govern balear, en virtud del cual los de Santiago Abascal no entrarán en el Gobierno autonómico, pero sí en los Consells insulares de Mallorca y Menorca. Este acuerdo entre ambas formaciones incluye 110 puntos programáticos para "lograr el fin de las políticas socialistas y separatistas en las Islas aplicadas por el anterior Govern, así como las bases para un cambio en Baleares que atienda prioritariamente problemas como la falta de libertad lingüística, el acceso a la vivienda, la bajada de impuestos, el apoyo a la familia o la lucha contra la inmigración ilegal".

Según han señalado, se creará una Comisión de Seguimiento que se reunirá periódicamente para evaluar el grado de cumplimiento y ejecución de cada una de las medidas pactadas y revisará las acciones legislativas previstas por el Govern.

El documento, suscrito por ambos partidos, desarrolla las cinco líneas básicas acordadas el pasado 19 de junio de 2023: "preservar la libertad, el desarrollo económico, las mejoras de los servicios sociales y la sanidad pública, la protección de la mujer y la seguridad de los ciudadanos de Balears"; y garantiza que se cumplirá el programa con el que el PP concurrió a las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

Sin embargo, aunque Vox vaya a estar ausente en el Gobierno balear, sí que estará presente en los Consells de Mallorca y Menorca, tal y como han suscrito los acuerdos alcanzados por las direcciones de ambos partidos en las islas mencionadas. Allí, Vox apoyará las investiduras de Llorenç Galmés como presidente del Consell de Mallorca y la de Adolfo Vilafranca como presidente del Consell de Menorca, respectivamente, incorporando a la formación de extrema derecha en las instituciones insulares.

A través de un comunicado, el Partido Popular agradeció a Vox su predisposición para alcanzar "un acuerdo que respeta el mandato de los ciudadanos en las urnas" y la "voluntad de cambio para las Islas".

Otros pactos electorales: El caso de Extremadura

En Extremadura, las negociaciones entre los populares y la extrema derecha están rotas desde que la candidata del PP a la presidencia autonómica, María Guardiola, tachase a Vox como un partido homófobo, machista, racista y xenófobo. A pesar de esas palabras, la líder del PP ha reculado en los últimos días, pero pese a ello, el pacto con la extrema derecha aún está lejos de formalizarse, lo que abre la veda para que el PSOE de Guillermo Fernández Vara pueda ser investido como nuevo presidente extremeño.

Con el 39,89% de los votos, el PSOE fue la lista más votada en las elecciones autonómicas del 28 de mayo, un resultado que valió a los socialistas para obtener 28 escaños. Una cifra para la que necesitaría no sólo el voto a favor de los cuatro diputados de Podemos, sino que el Partido Popular, con el mismo número de parlamentarios que el PSOE, se abstuviera y dejase gobernar a la lista del PSOE.

El pleno en el que Vara se presentará a la investidura está fechado para el 5 de julio a las 9:00 horas y la votación, al día siguiente. Si nadie resultara elegido en esta primera sesión de investidura, dada la situación de bloqueo, se activaría automáticamente el contador para la repetición electoral. 

En primer lugar, se procederá a una nueva votación cuarenta y ocho horas después de la primera en la que se requerirá mayoría simple y no mayoría absoluta. La primera de estas votaciones tendrá lugar el sábado 8 de julio. Y es que esta votación podrá repetirse, con los mismos o diferentes candidatos, cuantas veces lo considere oportuno el presidente de la Asamblea.

Si en el plazo de dos meses a partir de la primera votación ninguno de los candidatos hubiera sido elegido, la Asamblea quedará disuelta y el presidente de la Comunidad Autónoma en funciones procederá a convocar nuevas elecciones. Es decir, el plazo máximo en el que la Asamblea podría quedar disuelta sería el 6 de septiembre.

Tal y como establece la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), el decreto de convocatoria de elecciones señalaría la fecha de las elecciones que habrán de celebrarse el día quincuagésimo cuarto posterior a la convocatoria. Es decir, si PP y Vox no llegan a un acuerdo (o los populares permiten con su abstención gobernar al PSOE como la lista más votada), se celebrarían nuevas elecciones la última semana de octubre