El Partido Popular (PP) es el garante de la Justicia y defensor de los derechos y el bienestar de los jueces. Una formación comprometida con la legalidad y para la que los magistrados son seres casi divinos y sin rastro alguno de intencionalidad política o revestimiento ideológico cuando despliegan una investigación a todas luces prospectiva contra la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; pero que son “un cáncer del Estado de Derecho” que “contamina políticamente”, si le preguntas al vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons.
Y es que la amnistía no gusta a Pons y, a principios de 2024, decidió pronunciar esta comparación porque, si el PP considera que una ley es inconstitucional, esta debe de serlo y no existe otra posibilidad, aunque el Alto Tribunal garante de la Carta Magna sentencie lo contrario. No obstante, el conflicto catalán no la única materia que sulfura a los conservadores hasta el punto de atacar a los jueces que aseguran adorar. Si existe algo que hace hervir la sangre de los nacidos en la amortizada Génova 13 es que se destape su corrupción.
Solo así se explica lo tranquilo que se quedó José Antonio Monago, expresidente de la Junta de Extremadura y senador del PP, en diciembre de 2023, cuando aseguró que “el mayor caso de lawfare (guerra judicial) de la historia de España era la condena de la trama Gürtel. No titubeó el presidente del Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular al añadir que detrás se encontraba, a parte de la siempre omnipresente y malévola izquierda, el juez José Ricardo de Prada.
No debió de caer Monago en aquel momento en que, si bien no con tanta solvencia como Ángel Hurtado actuando prácticamente como abogado defensor en el juicio de la Gürtel y ahora investigando al fiscal general del Estado sin pruebas y contra las testificales, el magistrado Prada, al llevar toga y emitir sentencias, también era un juez. Lo mismo le debió pasar a Pons, cuando tan solo un mes después calificó como un “cáncer” al “Constitucional presidido por Cándido Conde Pumpido”. Otro juez, aunque no sea el que persigue a la mujer de Sánchez y se olvida de los plazos de un juicio que afecta al Ayuntamiento de Almeida, de apellido Peinado.
Lo sorprendente de estos casos perdidos en un mar de ejemplos es que, cuando se produjeron, al frente de la dirección nacional del Partido Popular ya se encontraba Alberto Núñez Feijoo, autoerigido como dique de contención frente a los ataques a los jueces. También pude ser que el político gallego y sus compañeros de formación consideren que los jueces que investigan posibles delitos relacionados con la política son solo buenos cuando sus pesquisas afectan a la izquierda y, de lo contrario, son agentes de la KGB.
Un sentimiento que es compresible cuando estás acostumbrado a “controlar la sala segunda (del Tribunal Supremo) desde detrás”, tal y como consideraba el portavoz del PP en el Senado en 2018, Ignacio Cosidó, la “jugada estupenda” del reparto de jueces durante la negociación para la renovación del Consejo de Poder Judicial, que terminó propiciando que el máximo órgano de los jueces estuviese caducado durante más de cinco años. Aquel fue un año convulso para el PP, con diferentes ministros desfilando por comparecencias parlamentarias para dar explicaciones sobre la implicación del partido en la Gürtel, cuya sentencia se acaba de conocer.
“No tenemos por qué compartir lo que diga un juez, no tiene por qué ser verdad”, reaccionaba la entonces ministra de Defensa y secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal, a la condena contra el partido como beneficiado de la trama “a título lucrativo”. “¿Es que los jueces son infalibles?", se preguntaba. El mandamás llegó a denominar el caso como “una trama contra el PP” y desde el partido desprestigiaban la sentencia.
Y es que antaño los jueces eran malos y sus sentencias estaban politizadas, pero en estos momentos la cosa es diferente. Hoy, los magistrados son libres y pulcros, salvo alguna excepción como la de la jueza de la DANA, que investiga de quién es la responsabilidad de que 228 valencianos muriesen el pasado año mientras a su president, Carlos Mazón, se le alargó el esmorzaret. Quién sabe si mañana los jueces seguirán siendo un tótem social. Habrá que esperar a que se pronuncie el PP, que de justicia sabe un rato.
