Más País, Compromís, Equo-Verdes y Nueva Canarias han presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados una petición para abrir una comisión de investigación que fiscalice el desorbitado precio de la luz, en máximos históricos desde hace unas semanas y que volverá a superar su récord este mismo jueves, alcanzando los 122,76 euros por megavatio (MWh). En lo que va de agosto, el pool eléctrico ha pulverizado todos los récords vistos hasta ahora. Con respecto a hace un año, el precio medio diario de la electricidad para este jueves será un 165% más caro que los niveles que marcaba por las mismas fechas de 2020 (46,25 euros/MWh). 

Según los diputados firmantes (Joan Baldoví, Íñigo Errejón, Inés Sabanés y Pedro Quevedo) “los meses de verano de 2021 serán recordados como los meses en los que la ciudadanía tuvo que pagar la factura de la luz al precio más caro de su historia”. El escrito, presentado a la Mesa del Congreso y a expensas del resultado de la votación de la misma, pone de manifiesto que la luz no es el único que ha aumentado su precio, pero su condición de bien de primera necesidad evidencia que “debería tener una regulación más proteccionista hacia los consumidores”.

La propuesta de los solicitantes pasa por dar un giro de 180º en el mercado energético, en el cual España cuenta con una alta tasa de dependencia que se retroalimenta por culpa “del oligopolio energético, principal causante de un encarecimiento desmesurado de la energía y que genera el recibo de electricidad más alto de Europa”. “Además y como consecuencia de todo ello, perpetúa la intolerable lacra de la pobreza energética que todavía lastra el porvenir de muchas familias. Por tanto, del actual sistema eléctrico español se desprenden una serie de obstáculos que deben ser resueltos lo antes posible”, prosigue el escrito.

Pese a pedir la apertura de la comisión fiscalizadora, el comunicado recuerda que el Gobierno ha realizado algunos esfuerzos por paliar la grave situación: la bajada del IVA de la luz del 21% al 10% hasta finales de este año y la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica durante tres meses. Sin embargo, consideran estas medidas insuficientes, máxime teniendo en cuenta que “en los primeros 15 días de agosto la factura mensual para el usuario fue de 91,62 euros, un 43,7% encima de los 63,77 euros de agosto del año pasado”.

“A su vez, en el mismo orden de cosas, cabe destacar que el pasado 1 de junio el Gobierno aprobó una nueva estructura tarifaria y de facturación que penaliza de manera desproporcionada a las familias, pequeñas empresas, personas trabajadoras autónomas, personas que teletrabajan, todas incluidas en la categoría de “pequeños consumidores”, mientras se mantiene intacta la opacidad, el descontrol y la arbitrariedad que caracteriza al mercado eléctrico español”, recuerdan, advirtiendo de que según resaltan todos los indicadores, la situación tanto en el corto como en el medio plazo seguirá siendo insostenible para el bolsillo de los españoles.

Especial mención realiza la petición de las familias con menor poder adquisitivo, recordando que esta crisis no afecta de igual manera a consumidores y compañías eléctricas, que, como exponen los diputados, están presentando sus cuentas de resultados más provechosas de la historia desde la liberalización del sector eléctrico: “En momentos como el actual, el sistema marginalista genera una excesiva sobreremuneración a la gran mayoría de generadores a costa del bolsillo de los consumidores, algo que se aleja de cualquier óptimo económico o social y ante lo que los poderes públicos no pueden permanecer pasivos”.

“En un contexto de emergencia climática y en el que la inestabilidad de los precios de la luz comienzan a ser la norma, es en el presente y en la estructura futura del sistema eléctrico donde debemos focalizar nuestra atención para revertir esta situación y asentar, de manera democrática, las bases de un nuevo sistema energético”, sentencia el escrito, recordando que España está adscrita al acuerdo de París que obliga a nuestro país a adaptarse a los cambios, reconducir su estrategia y mitigar las emisiones de CO2 al planeta de forma urgente.

Objetivos de la comisión

Los objetivos de la comisión, fijados en el propio escrito remitido a la Mesa del Congreso, constan de dos patas bien diferenciadas: estudiar por qué se ha producido un incremento tan rápido y desproporcionado del coste de la luz y señalar los distintos escenarios que podrían llevarse a cabo para la mejora del sistema eléctrico.

Para ello, los cuatro partidos que proponen la constitución de la investigación, detallan siete puntos clave que abordar con celeridad una vez constituida: la repercusión real del incremento de la luz para las familias y las empresas, la forma de poner fin a los abusos tarifarios, la eliminación de los beneficios caídos del suelo con un precio máximo en la subasta diaria fijado por el Gobierno, la realización de una auditoría del déficit de tarifa y de los costes reales del sistema eléctrico, la bonificación fiscal a aquellos que apuesten por energías renovables, el fin de las puertas giratorias y la fiscalización de las actuaciones de las eléctricas, a fin de conocer si “han actuado de forma premeditada modificando los caudales de la generación hidroeléctrica bien para manipular el precio de la electricidad al alza o bien para aprovecharse de su alto precio vaciando embalses y poniendo en peligro el suministro de agua en zonas cercanas”.