Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez se han citado este miércoles a una reunión en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno en funciones ha asistido al encuentro con la intención de forzar al Partido Popular a regresar a la senda constitucional y dar por finalizado, de esta manera, el bloqueo al que los conservadores han sometido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante estos últimos cinco años. Según fuentes socialistas, el jefe del Ejecutivo ha puesto sobre la mesa que, sea quien sea el candidato investido, ambas fuerzas se comprometan a alcanzar un acuerdo de renovación del máximo órgano rector de los jueces antes del 31 de diciembre de este mismo año.
No será por falta de intentos. Desde el año 2018. Partido Popular y Partido Socialista han coleccionado más encontronazos que reuniones para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Han pasado más de 1.700 días desde que el mandato de sus componentes expiró, con tiras y afloja entre los dos transatlánticos políticos del país que han derivado en un rosario de voladura de puentes de las conversaciones desde el flanco conservador. Desde el archiconocido WhatsApp de Ignacio Cosidó, hasta la más reciente inmolación del PP cuando más próximo estaba el acuerdo.
En Ferraz, sin embargo, no tiran la toalla a pesar de la trinchera cavada en el umbral del número 13 de la calle Génova. Por ello, los socialistas, a través de su secretario general, Pedro Sánchez, han acudido a la convocatoria de Alberto Núñez Feijóo con la firme intención de arrancar el quiste judicial de una vez por todas. Moncloa ha guardado la estrategia para la reunión bajo llave. De hecho, desde el entorno del jefe del Ejecutivo trasladaban toda la presión sobre el candidato, que es quien, entienden, tiene que llevar la voz cantante. Lo cual, tal y como revelan fuentes del PSOE, no es óbice para que buscaran las cosquillas al jefe de los conservadores con el dilatado problema del CGPJ.
Fuentes próximas a la Ejecutiva Federal han confirmado que Sánchez ha intentado arrancar el compromiso a Feijóo de renovar el Poder Judicial antes del 31 de diciembre de 2023. “Gobierne quien gobierne”, precisan desde el cuartel general del PSOE. El jefe del Ejecutivo en funciones reclama que sendas formaciones “se comprometan formalmente” a extirpar el quiste y que, en esta ocasión, las negociaciones lleguen a buen puerto, ajenas a todo tacticismo mediático.
Desde el PSOE aseguran que tanto la fuerza socialista como la conservadora constituyen “proyectos alternativos de gobierno” que siempre han estado capacitados para “preservar una serie de consensos básicos”. Especialmente los vinculados al “cumplimiento de la Constitución y de las reglas” del juego democrático. No obstante, estas fuentes recuerdan que “no ha sido así en los últimos años”, señalando al Partido Popular de “incumplir” la Constitución que tanto alardean preservar y defender durante 1727 días con su “bloqueo al CGPJ”.
Del acuerdo a la ruptura, por una portada
No hay que viajar muy lejos en el tiempo para encontrarse con el último intento -hasta la fecha- de renovación del Poder Judicial. Ocurrió en octubre del curso pasado. PSOE y PP sellaron su compromiso firme a desbloquear el órgano de gobierno de los jueces en unas negociaciones marcadas por el más absoluto secretismo. “Prudencia y discreción” eran las palabras más repetidas en las sedes de los dos grandes partidos en aquellas fechas. Nadie quería una injerencia exterior y, esta vez, todos los signos apuntaban a una densa fumata blanca final.
Sin embargo, en menos de 24 horas, todo cambió. Aquel 27 de octubre, Feijóo recibía una amenaza en forma de portada. El diario El Mundo fue el cartero que depositó el mensaje en el buzón de Génova 13. El PP teme la reacción de “la derecha política, judicial y mediática”. Un titular a cinco columnas que ponía al líder de los populares contra las cuerdas y auguraba un cambio drástico de los acontecimientos. El sector reaccionario de la derecha apuntaba, preparado para disparar y liquidar el breve -entonces- mandato interno del expresidente de la Xunta de Galicia.
El ultimátum mediático, sin embargo, no entorpeció las negociaciones entre sendos partidos. Es más, poco después, el presidente del Gobierno, desde Pretoria (Sudáfrica), exhibía su optimismo ante el que parecía -esta vez sí- el acuerdo definitivo para dar cumplimiento con la Constitución. No obstante, un comentario inoportuno dio a los conservadores la excusa perfecta para sucumbir a las presiones de la derecha mediática y, por supuesto, las siempre presentes fuerzas reaccionarias de la ultraderecha, agraviada por la ignominia de pactar con el sanchismo. María Jesús Montero dio en sede parlamentaria las primeras pinceladas de una modernización del Código Penal que, al final de su recorrido, suprimiría el delito de sedición y reformaría el de malversación. La coartada perfecta para el PP, ya que ésta era una de las principales exigencias de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
En Génova eran conscientes entonces de las intenciones del PSOE para reformar el Código Penal. El cambio sustancial, en cambio, eran las presiones recibidas por Feijóo desde su derecha y, por supuesto, la amenaza velada publicitada por El Mundo. Todo ello provocó que a las 20:22 de ese jueves, 27 de octubre de 2022, Génova filtrara un comunicado a los medios de comunicación anunciando la enésima voladura de puentes; un documento de 12 puntos en el que trasladaban su pretensión de suspender las conversaciones con los socialistas hasta que Sánchez abandonara el compromiso de rebajar las penas del delito de sedición. Una trinchera cavada hace poco menos de un año que esperan que el PP abandone. Al menos, por aquí transita la intención del PSOE con la exigencia que el jefe del Ejecutivo le ha trasladado a Feijóo este 30 de agosto.
