El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado lo que es un secreto a voces: el acuerdo entre PSOE y Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judical (CGPJ) está a las puertas de cerrarse. Durante su gira por África, tras visitar Kenia, el líder del Ejecutivo ha desviado toda la presión hacia Génova, al tiempo que ha descartado la inclusión de Victoria Rosell, propuesta por Unidas Podemos, en el órgano de gobierno de los jueces. "El acuerdo está listo a la espera del PP", ha asegurado desde Sudáfrica.
El culebrón por antonomasia de esta legislatura está “más cerca que nunca” de su capítulo final. Temporadas de acercamientos que acaban con un cliffhanger que prometía una nueva voladura de los puentes tendidos entre los dos protagonistas, conatos de aproximaciones cercenadas por diferencias entre los fontaneros de los dos grandes partidos del arco parlamentario español. Todo ello culminará a no mucho tardar. Al menos en eso confían tanto Partido Popular como el PSOE, quienes se han encargado de trufar la semana con declaraciones que apuntaban a un acuerdo inminente. “Estamos en la fase final de la negociación” o “habrá novedades esta misma semana” resonaban en los cuarteles generales de las dos formaciones, abonados, eso sí, a la “delicadeza” sujeta a la “complejidad” del momento presente.
Este goteo de declaraciones, tanto en público como en privado de destacados miembros socialistas y populares confluyen en el continente africano. Desde su minigira, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confesaba esta madrugada ante los periodistas que el acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces “nunca ha estado tan cerca como en este momento”. Una reflexión que invita a dar a por cerradas las conversaciones con los emisarios de Génova, certificando el primer gran pacto de Estado con Alberto Núñez Feijóo.
El jefe del Ejecutivo ha optado por no agendar una fecha concreta para el anuncio de un acuerdo que se antoja inminente. De hecho, pocas horas después, ya desde Sudáfrica, Sánchez ha sido cristalino y ha trasladado toda la presión al Partido Popular, después de que circularan informaciones que apuntaban a una ruptura de las negociaciones, ante una posible vinculación de validar el acuerdo por el Poder Judicial con la reforma del delito de sedición. "El acuerdo está listo a la espera de firma del PP", ha sentenciado el presidente del Gobierno.
Negociaciones sin ruido
La dimisión de Carlos Lesmes, ex presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, aceleró los tiempos de una negociación que rebosaba apremio. Tras una reunión previa de más de tres horas en La Moncloa, previa llamada del presidente del Gobierno al líder de la oposición, Sánchez, Feijóo y sus principales equipos de fontanería se pusieron manos a la obra, no sin antes comparecer ante los medios por separado en dos ruedas de prensa que pocas dudas aclaraban. Ambos partidos acordaron “un último intento” para hallar una “solución rápida” que desbloqueara la renovación de los órganos constitucionales.
Nada que ver con los intentos anteriores. Este acercamiento no solo iba en serio, sino que estaría libre de la toxicidad que caracterizaba a encuentros pretéritos. Entre bambalinas y alejados del mundanal ruido, los equipos negociadores aceleraban las conversaciones y la banda empezaba a congeniar. La fontanería trabajaba bajo un manto de secreto que en sus partidos cristalizó en constantes mensajes de prudencia ante los sustanciales avances que se sucedían. “Delicadeza y discreción”, deslizaban miembros relevantes de la cúpula socialista tanto en público como en privado, aunque no ocultaban el optimismo que, a su vez, compartían con los inquilinos de Génova 13.
Voces autorizadas del Partido Popular se muestran "satisfechos" con el curso de las conversaciones, pues entienden que el Gobierno está atendiendo a sus "reivindicaciones". No obstante, descartan ofrecer más detalles de las negociaciones en base al "compromiso adquirido" con Moncloa de prudencia. "Lo vamos a mantener porque queremos que llegue a buen término", sugieren altos cargos de Génova.
Órdago no correspondido
No obstante, un elemento disruptor amenazaba con desintonizar a los equipos negociadores. Los socios de Gobierno de los socialistas intentaron sacar tajada de los progresos. Unidas Podemos redobló su presión sobre el PSOE con un órdago que, a la postre caería en saco roto.
Los morados propusieron a Victoria Rosell como candidata a engrosar la lista miembros del renovado Poder Judicial. Una jugada arriesgada que, finalmente, tal y como ha certificado el propio Pedro Sánchez, quedó sin efecto. “No hay vetos”, asegura el jefe del Ejecutivo, quien expone que tampoco existen criterios “contra nadie sino con el propósito de facilitar el acuerdo”. Por tanto, en el pacto quedará recogido, a propuesta del PP, requisitos como el de restringir las puertas giratorias por un plazo mínimo de dos años.
Desde los primeros pasos de esta “última oportunidad”, Moncloa y la Vicepresidencia Segunda han vibrado en la misma tonalidad. Yolanda Díaz, cabeza visible de los morados en el Ejecutivo, se desmarcó de las tácticas de presión de sus compañeros y optó por no secundar públicamente la vía Rosell. La ministra de Trabajo también se abonó a la “prudencia” y el silencio, contra los que chocaban las exigencias de Unidas Podemos.
Choque de estilos
En paralelo, pese a los matices que separan a los equipos negociadores, Unidas Podemos persiste en su presión hacia sus socios. De hecho, los morados han elevado el tono hasta tal punto que han exigido firmeza al PSOE en lo que catalogan como un “chantaje” del Partido Popular. Un lenguaje más afilado, salpimentado con amenazas de oponerse en votación, que ha evidenciado un choque de estilos.
La altivez de las quejas de Podemos contrasta con la “pausa” y la “prudencia” de la que ha hecho gala la vicepresidenta segunda del Gobierno, más próxima al argumentario socialista en este conato de pataleta morada. La tranquilidad de Díaz sirve de contrapeso en la coalición, al menos en este sentido, aunque también se puede explicar en base a que la líder gallega tiene su propia propuesta para el Poder Judicial.
Según avanzó el miércoles El Periódico de España, Díaz ya tiene candidato. Se trata de Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en al Universidad de Sevilla, que ya se presentó a las primarias de Podemos en 2015. El aspirante ya ha sido sondeado por PSOE y PP. Un perfil que se amolda a los requisitos populares, ya que no ha tenido ningún cargo público, lo que profundiza las desavenencias internas entre Díaz y la facción que encabezan Montero y Echenique, entre otros, que insisten en postular a Rosell como candidata.
Según ha avanzado ElPlural.com, las conversaciones entre los dos miembros de la coalición han sido fluidas en lo que se refiere al Poder Judicial. No obstante, pese a la actitud exhibida de cara al público, en Unidas Podemos eran conscientes de que la ex delegada del Gobierno contra la Violencia de Género no podía engordar la lista de candidatos.
