Los negociadores del PSOE y del PP ultiman los detalles para cerrar el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial tras cuatro años de bloqueo. Tal y como publica ElDiario.es, los dos equipos han pactado aplicar medidas que incrementen la independencia de la justicia. Según el citado medio, los socialistas han dado el visto bueno a prohibir que los jueces que hayan tenido responsabilidades políticas no puedan ejercer hasta dos años después de su cese.

El fin a las conocidas como "puertas giratorias" es una de las concesiones que habría hecho el PSOE para logar el ansiado acuerdo. De esta forma, los dos principales partidos de España plasmarán el acuerdo con un proyecto de ley, que en cualquier caso no tendrá efecto retroactivo. Así, los ministros del Gobierno - Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Pilar Llop - que proceden de la judicatura podrán volver a sus puestos cuando abandonen sus responsabilidades políticas.

Sánchez quiere evitar a toda costa una crisis de Gobierno. Y es que si la norma tiene un efecto retroactivo, los titulares de Defensa, Justicia e Interior tendría que renunciar a su cargo antes de la entrada en vigor de la ley y volver a la Audiencia Nacional, en el caso de Robles y Grande-Marlaska y a un juzgado de Violencia de Género en el caso de Llop.

No obstante, estos jueces podrán cobrar su salario como jueces y podrán desempeñar funciones jurídicas en instituciones del Estado. La única función vetada será la de dictar sentencias. Según eldiario.es, la medida afectaría a todos los cargos con rango superior al de secretario general.

Tensión con Podemos

Además de las tensiones entre PSOE y Podemos a cuenta de la ley Trans, la situación se ha recrudecido por las negociaciones con el Partido Popular por la renovación del CGPJ. Génova está empeñada en vetar perfiles politizados, lo que descartaría a Victoria Rosell, mientras los morados presionan a los socialistas para no ceder al “chantaje”.

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, censuró que se trata de una “cacería” contra la delegada para la Violencia de Género, a quien “ya intentaron destruir con un juez corrupto que ya está en la cárcel”. “No tiene sentido que Vicky Rosell no pueda ser vocal”, abundó, recordando que “el CGPJ no es un órgano jurisdiccional, no imparte sentencias; sino que es un órgano político de gobierno de los jueces”. Además, “es un insulto a la inteligencia que el PP, que ha mantenido secuestrado el CGPJ y pretendía controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo por detrás, hable de despolitizar la Justicia. Todos los candidatos van a tener un fuerte e intenso perfil político”.