Desde hace semanas, el discurso anti-inmigración se ha convertido en uno de los protagonistas del debate político y ha cogido mucha fuerza, tanto en España como en el panorama internacional, especialmente después de la regularización de medio millón de migrantes pactada por el Ejecutivo con Podemos, y en Estados Unidos con las duras actuaciones del ICE contra la población migrante. A ello, en clave nacional, se han sumado otras batallas como la aprobación parlamentaria del escudo social, denostado por las derechas y que desde el socialismo se ha afrontado como una oportunidad para recoser el bloque de investidura que lleva meses maltrecho. Con todas esas fichas sobre el tablero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, parece haber cogido el timón y haberse decidido a encabezar la oposición a la doctrina reaccionaria, apuntando contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra los 'tecno-oligarcas' dueños de las redes sociales y contra las posiciones neoliberales del PP, Vox y Junts que han rechazado las medidas sociales, entre otros frentes.

El presidente del Gobierno está nadando en mares de compleja navegación. El momento en el que se encuentra la legislatura es duro para el Ejecutivo: el bloque de investidura está en horas bajas; el Parlamento, fragmentado; diferentes casos de corrupción acechan al entorno socialista y ciertos discursos muy escorados a la derecha y a la extrema derecha están tomando mucho protagonismo, como el rechazo a las recientes políticas migratorias emprendidas desde el Gobierno, que tiene su eco a enorme escala, precisamente, en Estados Unidos, con la durísima acción del ICE contra la población migrante. A ello, se suman otros frentes como la reivindicación de limitar el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, que también le ha granjeado a Sánchez nuevos enemigos de la plana 'tecno-oligarca' como Elon Musk o el CEO de Telegram, Pavel Durov. Y por si fuera poco, Sánchez también ha sido uno de los dirigentes más vocales (aunque, huelga decir, más por ausencia de discrepancias del resto que por mérito propio) contra la doctrina imperialista de Trump.

Defensa de la postura en migración en el Times

Sánchez defendió la postura del Ejecutivo con la regularización de medio millón de migrantes en el New York Times, uno de los mayores altavoces mediáticos del mundo occidental. La derecha y la extrema derecha de nuestro país se apresuraron a criticar esta medida, pactada con Podemos, y que el responsable de Moncloa ha defendido en diferentes ocasiones esta regulación de cara a la ciudadanía española. Ahora, también ha tenido la oportunidad de hacerlo a nivel internacional, con un artículo centrado en la importancia de las personas que llegan a España a trabajar para el crecimiento del país.

"Imagina que eres líder de una nación y te enfrentas a un dilema. Aproximadamente medio millón de personas cruciales para la vida cotidiana de todos habitan tu país. Cuidan de tus padres ancianos, trabajan en pequeñas y grandes empresas, cosechan los alimentos que llegan a la mesa y también forman parte de tu comunidad. Los fines de semana pasean por los parques, van a restaurantes y juegan en el equipo local de fútbol", argumentaba Sánchez en su texto en el rotativo estadounidense.

"Hay algo crucial que diferencia a este medio millón de personas del resto de su país, y es que carecen de la documentación legal que les permite vivir allí. Por lo tanto, no tienen los mismos derechos que los ciudadanos de su país ni pueden cumplir con las mismas obligaciones. No pueden acceder a una educación superior, pagar impuestos ni cotizar a la Seguridad Social. Algunos líderes optan por perseguirlas y deportarlas mediante operaciones ilegales y crueles, pero nuestro Gobierno apostará por una vía diferente, rápida y sencilla", agregaba, en referencias, precisamente, al ICE estadounidense y a la regularización puesta en marcha desde La Moncloa.

Las redes sociales y los tecno-oligarcas

En otro orden de cosas, el presidente del Gobierno anunciaba esta semana que España prohibirá el acceso a plataformas digitales a menores de dieciséis años e impulsará la persecución de la desinformación, la manipulación de los algoritmos y la distribución de contenido ilegal. Desde el World Govemments Summit en Dubái, el líder socialista anunció un paquete de cinco medidas legislativas y regulatorias que tienen como objetivo "hacer frente a los abusos de las grandes plataformas digitales y garantizar un entorno digital seguro, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales". Un anuncio que le ha generado los nuevos enemigos ya mencionados: los 'tecno-oligarcas'.

El CEO de X, Elon Musk, corrió a su red social para atacar al presidente del Gobierno tras este anuncio y dedicarle las siguientes palabras: "El Sucio Sánchez es un tirano y un traidor al pueblo de España. [...] Sánchez es el auténtico fascista totalitario". A él se sumaba el CEO de Telegram, Pavel Durov, que emitía un comunicado a todos los usuarios de la aplicación en España para alertar de que "el Gobierno de Pedro Sánchez está impulsando nuevas regulaciones peligrosas que amenazan vuestras libertades en internet". "Anunciadas ayer mismo, estas medidas podrían convertir a España en un Estado de vigilancia bajo el pretexto de protección", rezaba el comunicado. La respuesta de Sánchez no se hizo esperar: "Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos". 

 


Las medidas anunciadas por el líder del Ejecutivo han abierto un debate sobre el uso de estas plataformas, y ha puesto el foco en la gobernanza digital como una cuestión central de nuestra era que debe ser abordada de forma global. A juicio de Sánchez, estos espacios se pueden convertir, en ocasiones, en "espacios en los que las leyes se ignoran y los delitos se toleran". 

El presidente analizaba desde Dubai el desgobierno en el control de contenidos y la impunidad ante su incumpliendo con la legalidad, la expansión de la desinformación y los discursos de odio y la desprotección de datos y material personales como graves peligros que desafían la protección de derechos y libertades y distorsionan, particularmente a los menores que tienen integrada en su cotidianidad el uso de las redes, y de ahí surgen las restricciones propuestas.

El escudo social y el intento de reencuentro con los socios

La clave parlamentaria nacional, a su vez, tiene mucho que ver con los puntos explicados anteriormente. La defensa de la regularización de migrantes y la confrontación con los oligarcas tecnológicos tienen un claro objetivo de fondo: desfibrilar a la izquierda a la izquierda del PSOE y reencontrarse con ella para recoser las dañadas relaciones entre ambos. A ello, se suma el escudo social, cargado de medidas que pretenden extender prestaciones al transporte o la subida de las pensiones, entre otros puntos. Tras la aprobación de la regularización de las personas migrantes, la reconciliación se ha dado a medias, ya que Podemos ha trasladado que votará a favor del decreto social, pero criticando las "chapuzas" iniciales alrededor del mismo.

Así se expresó la eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, que adelantó el voto a favor de su formación en el Congreso a la convalidación del decreto del escudo social, pese a criticar la "chapuza" del Gobierno al desgajar la revalorización de las pensiones en otro texto y el pacto entre el PSOE y el PNV para eximir a los caseros que alquilen una sola vivienda de la moratoria antidesahucios. Así lo aseguraba en una entrevista con TVE, donde recalcó que "Podemos va a estar ahí" y ha confirmado que su formación apoyará el decreto "aunque haya decrecido la protección", al entender que lo prioritario es evitar que "se pierdan derechos".

Pese a estos intentos de acercamiento, las relaciones siguen siendo tensas: Montero señalaba que el pacto entre socialistas y jeltzales para escudar a los caseros le producía "verdadero asco" y reprochaba que si el Gobierno hubiera renovado el 'escudo social' por cuatro años, como reclamaba Podemos, "nadie habría puesto problemas" y no se habría llegado a la situación actual. "El Gobierno tiene que hacer lo que haga falta, lo que sea necesario, cualquier cosa, para que la gente esté protegida", reivindicaba la exministra de Igualdad. En la misma línea, también recriminaba que el Ejecutivo funcione "como una veleta", priorizando pactos cambiantes con distintos socios parlamentarios en lugar de garantizar un mensaje claro de protección a la ciudadanía. "¿Gobernáis para estar bien con Junts o con el PNV, o para proteger a la gente?", se preguntaba.

Por su parte, la secretaria general de Podemos y diputada en el Congreso, Ione Belarra, reprochaba el "troceo" del decreto y haber "cedido a las exigencias de la derecha". "El Gobierno se ha equivocado de manera rotunda, es un error garrafal y monumental dividir el decreto", argumentaba. La parlamentaria del grupo Mixto entiende que la decisión de trocear el decreto "no iba a poner más fácil aprobarlo, sino que lo iba a poner más difícil". Las posiciones en este sentido eran especialmente contradictorias en el Hemiciclo: mientras que desde la derecha se argumentaba que aglutinar todas las propuestas bajo un mismo texto era incoherente y que lo suyo era someter a distintas votaciones medidas muy distintas entre sí, aunque compartieran el carácter social, desde los partidos a la izquierda del Parlamento se manifestaba la posición contraria: la necesidad de que todo el decreto fuese en una misma pieza para garantizar la aprobación de todas sus medidas. "Esta derecha, cuando le das la mano, te coge el brazo. El PSOE y el PNV han pactado que se pueda desahuciar a más familias", sentenciaba Belarra.

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