"El Gobierno generó alarma social"
“Cuando se realizó la convocatoria del 25-S no tuvo repercusión ninguna, y sin embargo días después, a finales de junio, se colocaron ya vallas alrededor del Congreso con el objetivo de generar la alarma social. Se autorizó una manifestación convocada por un ciudadano particular que no tiene ninguna relación con la plataforma que convocó el 25-S y se filtró a la prensa esa autorización”, indica el abogado.
Se detuvo a los organizadores solo por reunirse
Unas 20 personas que conformaban la plataforma del 25-S que estaba manteniendo reuniones para coordinar la protesta sufrieron seguimientos policiales y detenciones. “Solo por reunirse, porque eran una veintena. Se vulneró sus derechos. Y también se filtró a los medios esas detenciones”, insiste el letrado. Su defendido, Antonio López, es miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Paco Bello, que también firma la denuncia contra Cifuentes es el director de la página web Iniciativa Debate.
"Le dieron una repercusión impresionante"
Díaz Formoso defiende que la Delegación del Gobierno dio notoriedad a la convocatoria para desviar la atención de los Presupuestos que se discutían el 25 de septiembre en el Congreso. “Fue el Gobierno el que fijó el día del debate y a partir de ahí empezaron a darle una repercusión impresionante a la convocatoria ciudadana del 25-S. Se creó la apariencia de que la manifestación había sido autorizada”.
Se provocó la violencia
Este letrado defiende, además, que el Gobierno planeó dar una imagen de violencia entre los manifestantes el día de la concentración. “Esto puede verse claramente en las imágenes de aquella jornada, en las que se ve solo un grupo de gente, infiltrados, actuando violentamente y a la Policía que finge que carga contra ellos, haciendo simulacros de detenciones. Contra los que verdaderamente cargó luego de manera mostruosa fue contra los manifestantes pacíficos”, afirma Díaz Formoso.
Tapar los Presupuestos
“Consiguieron así que cuando se debatían los Presupuestos no se hablara de esto, sino de la manifestación organizada por ‘antisistemas’. Cuando el Gobierno impone unos Presupuestos terribles que cortan los derechos de los ciudadanos es lógico que busque por todos los medios esconderlo. Y ahora estamos viendo cómo van a por el derecho de manifestación”, afirma el abogado.
La acusación de Izquierda Unida
Díaz Formoso cree que fue la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, quien “generó un clima de violencia en la manifestación y luego la represión policial”. Alega que los diputados de Izquierda Unida Alberto Garzón, José Luis Centella y Cayo Lara así lo manifestaron, al señalar que fue la delegada del Gobierno quien coartó su derecho a la libertad de conciencia como parlamentarios.
El abogado de Antonio López considera que su defendido es “víctima de delitos del Estado contra los ciudadanos”, porque aquí “es el Estado el que ejerce violencia contra los ciudadanos pacíficos a los que debería proteger”.
