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España afronta este miércoles 11 de noviembre una nueva huelga general de 24 horas, convocada por CCOO, UGT y otras organizaciones sindicales para exigir soluciones a la crisis de la vivienda, mejoras salariales y una mayor protección de los derechos laborales. La movilización, que llega a menos de tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, recupera una de las herramientas de presión más importantes del movimiento obrero español y abre un nuevo capítulo en una historia marcada por las reformas laborales, los recortes sociales y los enfrentamientos entre los sindicatos y los distintos gobiernos.
No es la primera vez que España se enfrenta a una movilización de estas características. Desde la Transición, las huelgas generales han acompañado algunos de los momentos de mayor conflictividad política y económica del país. Los gobiernos de Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy tuvieron que afrontar protestas de ámbito estatal contra sus políticas económicas, mientras que en los últimos años también se han convocado paros por cuestiones como la igualdad entre hombres y mujeres o la situación de Palestina.
La convocatoria de este miércoles presenta, sin embargo, una particularidad: será la primera huelga general estatal respaldada conjuntamente por CCOO y UGT desde el 14 de noviembre de 2012, cuando ambos sindicatos llamaron a detener la actividad económica para protestar contra las políticas de austeridad del Gobierno de Mariano Rajoy. Han transcurrido catorce años desde aquella movilización, aunque durante este periodo otras organizaciones sindicales han promovido huelgas de alcance nacional.
El recorrido histórico también permite desmontar una idea recurrente en el debate político: las huelgas generales no han sido patrimonio exclusivo de los gobiernos de un determinado signo político. Los sindicatos mayoritarios se enfrentaron en cuatro ocasiones al Ejecutivo socialista de Felipe González, protagonizaron una gran movilización contra el Gobierno de Aznar, convocaron otra durante la presidencia de Zapatero y organizaron dos jornadas de protesta en 2012 contra Rajoy. Las razones variaron, pero las condiciones laborales, los salarios y la protección social estuvieron en el centro de buena parte de las reivindicaciones.
De las pensiones de Felipe González al 'decretazo' de Aznar
Los antecedentes de las grandes huelgas de la democracia se remontan a la Transición española. El 12 de noviembre de 1976, todavía antes de la aprobación de la Constitución, CCOO, UGT y USO, agrupadas en la Coordinadora de Organizaciones Sindicales, impulsaron una jornada de protesta contra la inflación, el desempleo y las medidas económicas del Gobierno de Adolfo Suárez. Aquella convocatoria estuvo estrechamente vinculada a las reivindicaciones de libertades democráticas y derechos sindicales.
El 5 de abril de 1978 se celebró otra movilización, esta vez mediante un paro de una hora contra el desempleo, dentro de una convocatoria de alcance europeo. Según los datos difundidos entonces por las organizaciones sindicales, participaron alrededor de cuatro millones de trabajadores en España. No fue una huelga de jornada completa, pero figura entre los antecedentes del ciclo de movilizaciones que se desarrollaría durante las décadas posteriores.
La primera gran huelga general de 24 horas tras la aprobación de la Constitución llegó el 20 de junio de 1985, durante el Gobierno de Felipe González. CCOO encabezó la protesta contra la reforma de las pensiones, que ampliaba de dos a ocho años el periodo de cotización utilizado para calcular la prestación. UGT, históricamente vinculada al PSOE, no participó en aquella convocatoria, que evidenció las discrepancias entre una parte del movimiento sindical y el Ejecutivo socialista.
Tres años después se produjo una de las movilizaciones más recordadas de la historia democrática española. El 14 de diciembre de 1988, el conocido 14-D, CCOO y UGT paralizaron buena parte del país para rechazar el Plan de Empleo Juvenil y la política económica del Gobierno de González. La convocatoria tuvo un seguimiento especialmente importante en la industria, los transportes y los servicios públicos, y terminó con la retirada del plan y la apertura de negociaciones con los sindicatos.
La relación entre el Ejecutivo socialista y las centrales sindicales volvió a deteriorarse durante los años siguientes. El 28 de mayo de 1992, CCOO y UGT convocaron una huelga general de media jornada contra los recortes en las prestaciones por desempleo y el proyecto gubernamental de regulación del derecho de huelga. La protesta llegó en pleno proceso de adaptación de la economía española a las exigencias de convergencia europea.
El 27 de enero de 1994 se celebró otra huelga general de 24 horas, también contra el Gobierno de Felipe González. El motivo fue una nueva reforma laboral, que los sindicatos consideraban perjudicial para los derechos de los trabajadores en un contexto de elevada desocupación y crisis económica. Fue la cuarta gran movilización de ámbito estatal contra las políticas del Ejecutivo socialista desde 1985.
Con la llegada del Partido Popular a la Moncloa, las tensiones entre el Gobierno y los sindicatos tampoco desaparecieron. El 20 de junio de 2002, CCOO y UGT convocaron una huelga general contra el denominado 'decretazo' de José María Aznar, una reforma de la protección por desempleo que modificaba las obligaciones de los parados y el acceso a determinadas prestaciones. La movilización consiguió que el Ejecutivo rectificara parte de las medidas inicialmente aprobadas.
De la crisis económica a las huelgas feministas y por Palestina
El siguiente gran ciclo de protestas estuvo marcado por la crisis financiera de 2008 y las políticas de ajuste adoptadas por los gobiernos españoles. El 29 de septiembre de 2010, los sindicatos mayoritarios convocaron una huelga general contra la reforma laboral impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero, que introducía cambios en las condiciones del despido y en la organización de las relaciones laborales. La convocatoria se desarrolló en un contexto de fuerte crecimiento del desempleo y deterioro de la situación económica.
El cambio de Gobierno no puso fin a la conflictividad. El 29 de marzo de 2012, apenas tres meses después de la llegada de Mariano Rajoy a la presidencia, CCOO y UGT encabezaron una huelga general contra la reforma laboral del Partido Popular. Los sindicatos denunciaron el abaratamiento del despido y el aumento de la capacidad de las empresas para modificar unilateralmente determinadas condiciones de trabajo.
Ese mismo año, el 14 de noviembre de 2012, España vivió una segunda huelga general contra el Gobierno de Rajoy. En esta ocasión, la convocatoria se enmarcó en una jornada europea de movilizaciones contra las políticas de austeridad, los recortes presupuestarios y el deterioro de los servicios públicos. Fue la última huelga general estatal convocada conjuntamente por CCOO y UGT antes de la prevista para este 11 de noviembre de 2026.
Sin embargo, el movimiento huelguístico no desapareció después de 2012. El 8 de marzo de 2018, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, España vivió una histórica movilización feminista que combinó huelgas laborales, estudiantiles, de cuidados y de consumo. CGT y CNT impulsaron paros de 24 horas, mientras que CCOO y UGT convocaron interrupciones de dos horas. Las protestas denunciaron la brecha salarial, la discriminación laboral y las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres.
También los conflictos internacionales han motivado huelgas de alcance estatal. Ya el 10 de abril de 2003, durante la presidencia de Aznar, organizaciones como CGT y CNT convocaron una huelga de 24 horas contra la guerra de Irak, mientras UGT promovió un paro de dos horas. Décadas después, la situación en Palestina dio lugar a nuevas movilizaciones. El 27 de septiembre de 2024 y el 15 de octubre de 2025 se celebraron huelgas generales convocadas por organizaciones como CGT para exigir el fin de la ofensiva israelí y reclamar medidas contra las relaciones militares y comerciales con Israel.
Estas convocatorias tuvieron características y niveles de participación diferentes a los de las grandes huelgas promovidas conjuntamente por los sindicatos mayoritarios, pero forman parte de la historia reciente de las movilizaciones laborales en España. A ellas se suman numerosos paros generales de ámbito autonómico, especialmente en Cataluña, Galicia, País Vasco y Navarra, que no deben confundirse con las convocatorias dirigidas al conjunto del Estado.
La vivienda abre un nuevo capítulo en la historia de las huelgas
Catorce años después de las grandes movilizaciones contra los recortes de Rajoy, la vivienda se ha convertido en uno de los principales motivos de una nueva convocatoria de huelga general. El movimiento por el derecho a la vivienda ha ganado protagonismo en las últimas semanas, especialmente después del desahucio de Maricarmen y su posterior fallecimiento, que desencadenó una sucesión de protestas en diferentes puntos del país.
La convocatoria del 11 de noviembre de 2026 reúne a CCOO, UGT, CGT, CNT y otras organizaciones sindicales, junto con el respaldo de colectivos de inquilinos y movimientos sociales. Entre sus principales exigencias figuran el incremento de los salarios, la reducción de la jornada laboral, la mejora de los servicios públicos y la adopción de medidas que garanticen el acceso a una vivienda asequible.
UGT ha reclamado, además, una subida del salario mínimo interprofesional de al menos el 7% para 2027, mientras que CCOO plantea destinar el equivalente al 1% del PIB durante diez años a la creación de un parque público y asequible de 1,5 millones de viviendas. Los sindicatos vinculan estas reivindicaciones al encarecimiento del coste de la vida y a la dificultad de numerosos trabajadores para afrontar el pago del alquiler o la hipoteca.
La jornada coincide también con un momento político singular. España se encuentra a las puertas de unas elecciones generales y los sindicatos han decidido mantener la movilización pese a las críticas de algunos dirigentes del Partido Popular y Vox, que cuestionan su oportunidad en plena precampaña. Los convocantes, por su parte, sostienen que la situación económica y habitacional de los trabajadores exige respuestas independientemente del calendario electoral.
La huelga del 11 de noviembre incorpora así una reivindicación que no había ocupado un lugar tan central en las grandes convocatorias sindicales anteriores. Mientras las protestas de las últimas décadas estuvieron marcadas principalmente por las reformas laborales, las pensiones o los recortes, esta vez el acceso a la vivienda comparte protagonismo con los salarios y las condiciones de trabajo.
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