El movimiento de vivienda ya mira más allá de la huelga general

Este miércoles, 11 de noviembre de 2026, pasará a la historia como el día de la primera huelga general por la vivienda. La crisis habitacional, principal problema de la población española, lleva años generando movilizaciones y protestas en los barrios, pero no fue hasta el pasado 26 de septiembre, cuando las primeras tiendas de campaña se desplegaron en la madrileña Puerta del Sol, que la dimensión de la respuesta social alcanzó cotas nacionales, especialmente por la cobertura mediática, recibiendo incluso el foco internacional.

La escalada del conflicto ha permitido al movimiento de vivienda, compuesto por múltiples colectivos, sindicatos y organizaciones, arrancar la huelga general que llevaban tiempo reclamando a las principales organizaciones sindicales, reticentes a su convocatoria. Toda España ha parado para exigir el derecho a una vivienda digna, la reducción de los precios, el fin de la especulación y la intervención del mercado y para señalar a los especuladores y al conjunto de las administraciones, locales, autonómicas y nacional, como principales responsables de la situación, por acción u omisión. Este jueves, 12 de noviembre, la lucha continuará.

La lucha tras la huelga

La huelga y las manifestaciones y concentraciones que paralizarán y llenarán las calles de todo el país son un orgullo y un motivo de celebración para los centenares de organizaciones que llevan años defendiendo el derecho a la vivienda y protegiendo con sus cuerpos a sus vecinos. Una demostración de fuerza que bien justifica que estas organizaciones se feliciten. Sin embargo, la rabia sigue siendo el principal sentimiento y canalizador de su actuación.

Este mismo miércoles había desahucios fijados en diferentes puntos de la geografía española. También los hay mañana. Y pasado. Es por eso que la jornada de huelga general, según consideran los movimientos de vivienda, debe ser un punto de partida y no el fin último. La rabia debe continuar canalizándose a través de la movilización y la militancia, única protección de los vecinos frente a los especuladores y los tribunales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que posibilitan su negocio.

Bien lo saben en Vallecas, donde la PAH continúa luchando para evitar el desahucio de Jennifer y sus hijos de 6 y 8 años, a manos del fondo buitre Cerberus, y de otras muchas compañeras. También en San Sebastián, donde este miércoles estaba fijado el desahucio de una familia con dos menores de 7 y 3 años. Esta realidad es la que sufren los sindicatos de vivienda diariamente y por ello llaman a, lejos de aminorar, mantener y endurecer la lucha.

“El día después es seguir trabajando. Nada se acaba con la huelga”, trasladaba Carlota Fabel, portavoz de la CJS, a El Plural, en una entrevista emitida este pasado sábado. “Nuestro objetivo es reforzar el movimiento obrero y seguir viendo cuáles son los objetivos comunes en los que podemos trabajar en conjunto con el resto de organizaciones de clase y sindicatos combativos”, defendía.

“Esa unidad en torno a la defensa de los derechos políticos es lo único que va a poder hacer frente a la degradación de las condiciones de vida de la clase trabajadora, el aumento de la represión y el avance de la reacción”, zanjaba. La idea final es que la clase trabajadora sea un actor independiente con sus organizaciones y partidos.

En pro de esta independencia camina también, aunque con diferente orientación, otra de las grandes organizaciones protagonistas de esta ola de movilizaciones. El Sindicato de Inquilinas, por su parte, celebrará este domingo su gran acto político, al que acudirán miles de personas y un selecto grupo de artistas. Más a futuro, tiene fijados los días 20, 21 y 22 de noviembre como fechas para la realización de manifestaciones coordinadas en toda Europa.

Una movilización continental en la que han participado, a parte del sindicato español, casi 20 organizaciones de Francia, Reino Unido, Bélgica, Grecia, Portugal e Italia. “Las movilizaciones coordinadas se articularán en torno a un programa común: garantía del derecho a la vivienda; controles para reducir el precio de la vivienda, los alimentos y la energía; subida de salarios y pensiones; servicios públicos universales y de calidad, incluidas la educación y la sanidad; derecho al trabajo y a la regularización para acabar con las barreras racistas; gravar a los ricos; y fin del rearme y de los combustibles fósiles”, trasladan conjuntamente.