En la época de la espectacularización de la política, los movimientos subrepticios entre bambalinas, la persuasión como herramienta de trabajo y la figura de los spin doctors, todo aquello que no se comunica no existe. Los hechos vienen precedidos de la promoción y lo tangible del éxito solo se mide con la victoria final del relato. El peón y la dama de Iván Redondo, la libertad de Miguel Ángel Rodríguez, el sí se puede de Unidas Podemos o el ideal socialdemócrata del PSOE. La publicidad como arma, las redes sociales como aliadas y el votante como estudio de mercado. La ciencia política y el market.

A la dicotomía entre los avances sociales del gestor y la rentabilización electoral del comercial es a la que se enfrenta la coalición de Gobierno conformada por PSOE y Unidas Podemos. El saldo ministerial, en términos puramente cuantitativos en lo que al BOE respecta, es positivo. Basta escuchar a Pedro Sánchez o a Adriana Lastra en el 40º Congreso Federal del PSOE celebrado el pasado fin de semana en Valencia para darse cuenta de que el Ejecutivo está convencido de ser el promotor de un cambio sin precedentes en términos económicos y sociales: esta crisis, a diferencia de la de 2008, se ha solventado inyectando liquidez a través de los ERTE, subiendo el salario mínimo, prohibiendo los desahucios sin alternativa habitacional, no dejando a nadie sin suministros básicos, poniendo en marcha el Ingreso Mínimo Vital y haciendo más atractivo aguantar que despedir. En lo social se han alcanzado derechos en materias feministas, medioambientales, muerte digna y memoria histórica. Todo el mundo compra el predicado, pero quién es el sujeto.

Lo mismo pasa con los sapos que el Gobierno prefiere evitar. Nadie quiere ser responsable del precio desmedido de la luz, los peajes en las autovías apalabrados con Europa, la subida de la cuota de autónomo, los vaivenes del emérito, los varapalos de la Justicia, el acercamiento de presos a cambio de un ‘sí’ en los PGE o la imposición de restricciones por la covid-19 cuando la incidencia invita al optimismo.

Con este contexto, y teniendo en cuenta que ya nos adentramos en la segunda parte de la legislatura y, por ende, el pistoletazo de salida de la campaña electoral una vez celebradas las respectivas convenciones para determinar la hoja de ruta, no es extraña la llamada a filas realizada este viernes por Ione Belarra, secretaria general de Podemos, a los miembros de la mesa de seguimiento del acuerdo de gobierno: “Necesitamos abordar la gestión y ejecución de los compromisos de coalición”.

Molestaba especialmente el compromiso pronunciado por Pedro Sánchez sobre derogar la reforma laboral. Un anuncio que, a ojos de Unidas Podemos, llega tarde y no es más que un nuevo brindis al sol teniendo en cuenta sus reticencias a cumplir con lo acordado con EH Bildu en mayo de 2020. Entonces se echaron atrás y ahora temen que hagan lo mismo. El triunfalismo del Congreso Federal socialista choca diametralmente con las reticencias públicas de Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Economía. Un quiero pero no puedo, que, sin embargo, ha contado con el beneplácito del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no ha dudado en elegir a su vicepresidenta primera como la plenipotenciaria para la negociación sobre la reforma laboral, afirmando que no existe injerencia y cambiando el término “derogar” por “actualizar”.

“Hay muchas cosas necesarias para este país que se han quedado fuera y que vamos a seguir empujando para que lleguen pronto. Medidas que si fuésemos la mayoría del gobierno todo el mundo sabe que estarían aprobadas”, expusieron recientemente fuentes de Unidas Podemos a ElPlural.com, dejando claro el malestar existente al apreciar que la parte socialista del Gobierno trata de apropiarse que las medidas que tanto trabajo y negociación han costado a los cinco ministerios en manos moradas.

No solo la reforma laboral: los problemas de la coalición

A la reforma laboral, las dudas con Calviño y la rentabilización del resultado de las medidas aprobadas hay que sumar algunas cuestiones más pragmáticas que afectan al día a día de la coalición: la más actual es que Alberto Rodríguez ha sido finalmente inhabilitado de su escaño en el Congreso de los Diputados, algo que ha valido que los morados adelanten que se querellarán contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, por "prevaricación". La socialista, en cambio, defiende que simplemente está siguiendo con las pautas fijadas por el Tribunal Supremo, que considerada "obligado" dejar al otrora diputado sin su asiento en la Cámara Baja. 

También destaca la situación que atraviesa la Ley Mordaza, condición rubricada en el acuerdo de coalición y postergada en el tiempo pese a la insistencia de Podemos. Lo mismo pasa con la inviolabilidad del rey. En este punto no es solo la formación morada quien exige explicaciones, sino todos los socios de investidura que llevan meses pidiendo a la Mesa del Congreso una mayoría que permita, de una vez, que la Cámara Baja pueda fiscalizar las actuaciones del rey emérito a través de una comisión de investigación -posibilidad negada sistemáticamente por el PSOE, que, uniendo sus votos a los de la derecha, ha conseguido que esta opción nunca fructifique-.

Por último, y dando validez a los presagios de Teodoro García Egea, secretario general del PP, Podemos estaría descontento con las negociaciones llevadas a cabo por el número dos del PP y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para desbloquear el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos (todos los órganos constitucionales pendientes de renovación a excepción del Consejo General del Poder Judicial).

"Escuchaba al señor Echenique decir que había participado en las conversaciones. Yo personalmente no le he visto. Quizá estaba escondido, pero yo no le he visto en las conversaciones durante todos estos meses que hemos estado hablado y esta última semana más intensamente", ha sentenciado el dirigente popular.