El Ministerio de Trabajo estaría ultimando el informe reclamado por Bruselas para poder avanzar en la derogación de la reforma laboral, tal y como avanza El País. La Unión Europea ha solicitado al Gobierno un informe previo de la medida en el que expliquen cuáles son las deficiencias de la negociación colectiva, entre otras, el punto más conflictivo de la reforma laboral del Partido Popular de 2012.
Tanto el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz como los sindicatos recalcan que una negociación colectiva insuficiente ha sido una de las principales causas de la precarización de los trabajadores. La normativa diseñada por el PP daba más poder a las empresas a la hora de establecer las condiciones laborales.
El otro punto clave de la reforma del PP pasaba por el recorte del coste del despido, una medida que, según El País, no se va a tocar. Por el momento, Trabajo está preparando un informe para remitir a Bruselas y tener lista la reforma laboral antes de que termine el año, un plazo marcado en repetidas ocasiones por la ministra responsable, Yolanda Díaz. Con este preinforme, el Gobierno recibirá el visto bueno de Bruselas a la reforma.
La preocupación de la Comisión Europea pasa por que los cambios de la contrarreforma laboral puedan afectar a la flexibilidad de las empresas y así, erosionar la creación de empleo. Sin embargo, desde Trabajo están convencidos de que este envío terminara con las preocupaciones. Desde Economía también confían en acercar posiciones.
El documento está siendo diseñado por académicos y laboralistas del Ministerio de Trabajo que consideran, en sus anteriores estudios, que la legislación laboral española no cuenta con elementos correctores, al contrario de lo que ocurre en otros países europeos. Esto habría provocado una gran devaluación salarial y de condiciones que fomenta la competencia desleal, con un impacto especialmente negativo para las mujeres y los colectivos más desfavorecidos.
Compromiso del Gobierno para recibir los fondos europeos
La reforma laboral del Gobierno es uno de los hitos comprometidos con Bruselas para poder recibir alrededor de 70.000 millones de euros en ayudas no reembolsables aprobadas por la pandemia. La medida está incluida como una de las condiciones para poder acceder a los 13.793 millones de euros previstos para el segundo desembolso que hará la Unión Europea a España, después de recibir ya los 9.000 primeros millones correspondientes al anticipo en verano.
Los agentes sociales y el Gobierno han marcado el 15 de noviembre como plazo máximo para poder tramitar la legislación y cumplir con lo previsto antes del final de año. Sin embargo, no parece un camino fácil ya que la CEOE mantiene una dura postura contra los cambios. Así, considera que las propuestas planteadas por Trabajo afectan a la temporalidad, la subcontratación y la flexibilidad interna de las empresas.
Desde la patronal abogan por intentar bajar la temporalidad y mejorar el empleo juvenil mediante fórmulas que no tengan un impacto negativo sobre la contratación. Es por este motivo que, según fuentes cercanas a las conversaciones, es probable que el calendario no se llegue a cumplir. Si se produce este retraso, es probable que también la Comisión retrase el pago de los fondos hasta esperar a ver completada la reforma.
El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ya ha defendido el convenio de empresa pero ahora Bruselas tendrá que hacerlo formalmente. Además, la próxima semana el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, se reunirá con los responsables económicos del Gobierno en España: Nadia Calviño, Yolanda Díaz, María Jesús Montero y José Luis Escrivá. Por otro lado, Bruselas ha pedido informes sobre la reforma fiscal y la reforma de pensiones, dos medidas recogidas en el compromiso con Europa.
