“A veces las treguas son lo más importante de la guerra”. Al menos eso se decía durante la Tregua de Navidad de la I Guerra Mundial, una serie de altos al fuego no oficiales que se extendieron a lo largo del Frente Occidental alrededor del invierno de 1914. El paréntesis se produjo cinco meses después de que comenzara la Gran Guerra, cuando las hostilidades se habían calmado y mientras los líderes de ambos bandos reconsideraban sus estrategias después del estancamiento en la Carrera al Mar y la primera batalla de Ypres.
En la semana previa al 25 de diciembre de aquel año, soldados franceses, alemanes y británicos cruzaron las trincheras para intercambiar saludos y charlas estacionales, que se reproducirían asiduamente desde entonces. En algunas áreas, hombres de ambos bandos se aventuraron en la tierra de nadie durante la Nochebuena y la Navidad mezclándose e intercambiando comida y souvenirs. Esta tónica fue cada vez más habitual en situaciones esporádicas durante el conflicto.
Algo parecido a lo vivido aquel diciembre de comienzos del siglo XX es lo que ha ocurrido entre los dos grandes partidos de España durante las primeras horas tras el accidente ferroviario en Adamuz que se ha cobrado la vida de, al menos, 43 personas. Después de la pésima gestión y comunicación durante la tragedia de la Dana de Valencia, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista (PSOE) firmaron un pacto tácito de no agresión en el trascurso de las primeras horas de esta crisis.
Hubo interlocución constante entre administraciones, desplazamientos tempranos, sendas comparecencias conjuntas ante los medios de comunicación, y se exhibió compromiso conjunto, lealtad y unidad. Todo ello se encarnó en la figura de un Juan Manuel Moreno Bonilla moderado, próximo a las víctimas y muy agradecido ante el trabajo de profesionales y representantes públicos. Estuvo acompañado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, y más tarde por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Sin embargo, la presión interna en el PP es creciente para que Génova "afile los cuchillos contra el Gobierno por el accidente". Sectores de peso del partido consideran que “el PP tiene que pedir responsabilidades al Gobierno” por la catástrofe. No de inmediato, porque todavía se está trabajando para localizar a todos los desaparecidos, pero sí pronto. A última hora de ayer, la tregua empezó ya a resquebrajarse.
Dirigentes de la cúpula popular salieron en tromba a cuestionar la decisión de Adif de limitar la velocidad en el tramo Madrid-Barcelona, y empezaron a responsabilizar al Gobierno del descarrilamiento. “Despreciaron los avisos técnicos sobre la degradación de las vías”, disparó la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.
Pese a la fuerte presión interna, los populares todavía no han dado el salto de señalar unilateralmente ―y en público ― al Ejecutivo tras el descarrilamiento. Voces internas y algunos barones autonómicos imploran que ―desde el PP― se lance un ataque contra Sánchez y Puente porque la tregua "le beneficia y evita que se ponga el foco en la responsabilidad de Moncloa", que es quien tiene las competencias de Transportes y le corresponde el mantenimiento de las vías de tren
Génova enarbola que el líder del Ejecutivo ha defendido la unidad de las administraciones en torno a la tragedia porque las competencias son suyas y no de ningún Gobierno autonómico del PP, y que si hubiera sido a la inversa el PSOE no habría tardado en culpar al PP.
La dirección nacional del PP ha mantenido en público la tregua a petición de Alberto Núñez Feijóo, con el argumento de no entorpecer las labores de rescate de las víctimas. De hecho, el lunes, el líder nacional del PP también evitó romper el clima de unidad desde la zona cero de la tragedia, aunque fue el único en reprochar falta de información al gabinete de la Administración General del Estado.
El armisticio pende de un hilo y la presión amenaza con hacer saltar todo por los aires. Las primeras señales se vieron a última hora de la tarde de este martes, cuando varios miembros de la dirección del PP salieron de forma coordinada a pedir explicaciones al Gobierno por la decisión de Adif de limitar ahora la velocidad de los trenes en el tramo entre Madrid y Barcelona.
“Es gravísimo”, escribió en la red social X la siempre combativa portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. “¿Qué tranquilidad puede tener la sociedad española si se toma esta decisión ahora? AHORA. Tampoco ayuda que la hayan ocultado en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Es gravísimo. Explicaciones y decisiones ya", sentenció en su perfil de redes sociales.
Otra miembro del ala dura del partido, Álvarez de Toledo, martilleó en la idea del desastre a cuenta de la gestión infame del Gobierno central: “Convirtieron el Ministerio de Transportes, primero, en un cortijo de mordidas, amaños y corrupción. Y, después, en un instrumento de insulto, señalamiento y polarización. Enchufaron a Koldo en Renfe y a prostitutas en ADIF”, escribió la diputada en las redes sociales.
Y añadió, en un mensaje en el que incluía la noticia de la nueva limitación de velocidad: “Se jactaron de que el ferrocarril vivía el mejor momento de su historia. Despreciaron los avisos técnicos sobre la degradación de las vías. Anunciaron trenes a 350 km/h. Y ahora esto”.
