El 28 de diciembre de 2004 se aprobaba en España la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de género. La normativa, sacada adelante en épocas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero permitió una considerable protección a las mujeres víctimas de esta lacra que hasta entonces no encontraban amparo suficiente en el Estado.
El Ejecutivo socialista era consciente de que las palabras de buena fe y las condenas no sirven de nada si desde los organismos públicos no se actúa con la diligencia necesaria ante el machismo, con textos que posibiliten la protección jurídica y, sobre todo, que eliminen el sentimiento de culpa que tiempo atrás -y todavía hoy en ocasiones- sienten las mujeres a la hora de hablar de la violencia de género.
Así las cosas, la ley de Zapatero cubrió desde la prevención y la atención asistencial de las víctimas a la tipificación penal de los delitos cometidos por los agresores. Además, esta ley estableció que esta violencia es estructural y específica contra las mujeres.
Los grandes hitos de esta Ley integral
El primer hito que alcanzó esta norma fue sacar del ámbito privado la violencia de género y el reconocimiento en el ámbito jurídico. Su entrada en vigor también se tradujo en un incremento exponencial del número de denuncias y la creación de herramientas para ayudar a las víctimas, como el servicio de información y asesoramiento telefónico 016.
Para hacerse una idea, en la década de los 90 se producía una media de 17.000 denuncias frente a las 167.000 que se contabilizaron, por ejemplo, en 2018 o las 162.848 de 2021. Asimismo, si se toma de referencia el mismo año y según el Informe del Defensor del Pueblo, los años anteriores a la aprobación del texto se cometieron una media de 84 asesinatos machistas al año por los 52 de media que se dieron entre 2014 y 2018.
Impulsores de la Ley
El impulso de la Ley Contra la Violencia de Género corrió a cargo del equipo socialista. Sin embargo, el PP se ha intentado apuntar el tanto en varias ocasiones. Una de estas fue cuando el anterior líder de la formación que ahora lidera Alberto Núñez Feijóo aseguró que “el primer partido en lanzar la ley contra la violencia de género en 2004 fue el PP” y añadió que los conservadores facilitan a estas mujeres la inclusión al empleo y que se encuentran trabajando para erradicar la brecha salarial.
Además, en octubre de 2004, cuando se debatía la ley en el Congreso, el Partido Popular la criticó con estas palabras: "Esta no es una buena ley, es un proyecto de ley genérico, impreciso y da la impresión de que esta ley no ha obedecido a otra cosa que una simple operación de marketing…". Mariano Rajoy, después de votar a favor también hizo críticas a la ley: "Le hemos dado nuestro voto a favor aunque me hubiera gustado más que se considerara más a los niños y a los ancianos, pero suponemos que esto irá en otra ley".
Retos pendientes y trabas en el camino
El número de mujeres asesinadas por violencia de género contabilizadas por el Gobierno desde 2003 asciende a un total de 1.168. Desde la aprobación de la ley, el año en el que más asesinatos se han producido ha sido 2008, con 76 víctimas.
Con todo, los años recientes resultan poco halagüeños en materia de violencia de género, por lo que el Ejecutivo de coalición tiene entre sus prioridades la lucha contra esta lacra, actuando frente a las voces negacionistas. Así las cosas, en 2019 fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas 55 mujeres, un número que se quedó en 47 en 2020 y 43 en 2021, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este año el número de mujeres asesinadas alanza las 38 en el momento de redacción de estas líneas.
El auge de la extrema derecha, tanto en España como en el resto de Europa, está truncando los retos a conseguir en el ámbito de la violencia de género. El partido de Santiago Abascal ha impedido en los últimos años declaraciones institucionales unitarias por primera vez desde 2004 en autonomías y ayuntamientos.
Vox se mostró radicalmente en contra del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (que el ministerio de Igualdad y Comunidades han acordado prorrogar este 2022), argumentando, entre otras cosas, que ese pacto “no va a erradicar la violencia que pretende combatir y va a generar nuevas injusticias y discriminaciones, desamparos legales y vulneración de derechos fundamentales al estar basado en ampliar y endurecer una ley ineficaz e injusta”, así lo mostraban en el comunicado que el partido emitió.
La formación ultra se postula de forma similar en las comunidades en las que tienen representación, siendo Castilla y León el ejemplo más claro de ello, ya que el portavoz del partido en la autonomía, Juan García-Gallardo, ha hablado en reiteradas ocasiones de “violencia intrafamiliar”, negando que la violencia, al contrario de lo que evidenciaba la ley protagonista de estas líneas, sí defendía.
