Iñaki Oyarzábal ha visto empañada su imagen de miembro moderado y moderno del Partido Popular por culpa de unas declaraciones que bien podrían ser de Manuel Fraga. El secretario de Justicia del PP y diputado vasco se ha referido a la orden de extradición de Rodolfo Martín Villa por la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, que él ha rebajado al nivel de "exceso en una carga policial" pero que causó la muerte a tiros de cinco obreros. La Asociación de Víctimas 3 de marzo ha puesto el grito en el cielo y ha exigido al dirigente del PP que se retracte públicamente.
La jueza argentina María Servini ha cursado recientemente una orden de detención para 20 personas implicados en aquellos hechos del final de la dictadura. Ocurrió el 3 de marzo de 1976, cuando una asamblea obrera fue disuelta a la fuerza y cinco trabajadores fueron asesinados por los disparos de bala de la policía, en el tristemente famoso incidente de las "balas disparadas al aire".
"Ridículo"
Preguntado en Jot Down sobre la orden de detención de Martín Villa, ministro entonces de Relaciones Sindicales y después de la Gobernación, Oyarzábal dice que le "parece ridículo, no estoy en absoluto de acuerdo. Se está tratando de instrumentalizar los sucesos del 76. Convertir un exceso en una carga policial en un juicio sumarísimo"
"Se vieron acorralados"
Cuando le apuntan a que se produjeron disparos de bala, el dirigente del PP señala que "hubo muchísimas cargas policiales y en una de ellas unos policías utilizaron, desde luego excediéndose, y yo estoy convencido de que sin una orden política superior, armas de fuego para defenderse en un momento en que se vieron rodeados por la multitud, acorralados". Y añade que "se debería haber actuado contra estos policías y reparar efectivamente a las víctimas, pero tratar de hacer un dibujo de una intencionalidad política de aquellos acontecimientos no responde a la realidad".
"Justificación de un crimen de Estado"
Sus declaraciones han indignado a la Asociación de Víctimas 3 de Marzo, que ha exigido a Oyarzábal que "rectifique públicamente" sus palabras, que consideran una "nueva maniobra de justificación de este crimen de Estado, precisamente ahora que se está intentando juzgar desde Argentina". Para colmo, señalan que "es doloroso que en este caso sea un representante alavés el que se presente como portavoz de los defensores del modelo español de impunidad, como abogado defensor de Rodolfo Martin Villa, del capitán Quintana y de toda la cadena de mando política y policial que ordenó gasear una asamblea multitudinaria primero y tirar a matar después, asesinando a cinco trabajadores e hiriendo de bala a decenas de personas".
"Declaraciones mentirosas"
"Se nos hace incomprensible que estas declaraciones mentirosas vengan de un alavés", añade la asociación, para añadir que "una vez más, representantes del PP ofenden con su actitud a las personas afectadas por aquellos hechos". Para evitar estas situaciones, la asociación anuncia que trasladará "a los grupos políticos del Ayuntamiento la petición de un posicionamiento claro y rotundo sobre los hechos del 3 de marzo y que exijan al Gobierno español que cumpla con la petición de extradición dictada por la jueza María Servini de Cubría contra las 20 personas imputadas por los crímenes cometidos".
