La batalla contra los bulos ha cobrado especial protagonismo en la lucha contra la pandemia del coronavirus. A la cifra de muertes y contagios, en descenso progresivo, se suma la guerra política por el relato. Una búsqueda de intereses constantes que sobrepasa los límites del interés general, que, en su amplia mayoría, demanda soluciones globales y coordinadas entre administraciones y partidos de distinto signo político.

PP y Vox pugnan por abanderar las críticas al Gobierno. Si los populares catalogan el estado de alarma como un estado de excepción encubierto, la extrema derecha va más allá y pide la dimisión en bloque de todo el Ejecutivo para empezar a hablar sobre soluciones venideras. A la falta de propuestas se suma la denuncia incesante de que el Gobierno está aprovechando la pandemia y los poderes excepcionales que le concede la Carta Magna para instaurar un cambio de régimen encubierto. Subvenciones a los medios, censura de corrientes críticas, utilización de TVE y bots en redes sociales son algunos de los argumentos más repetidos por sendas formaciones.

Bots que, por cierto, después de una investigación realizada por Facebook, fueron denunciados por el propio Ministerio de Sanidad tras observar un crecimiento de perfiles de origen desconocido que seguían y compartían sus publicaciones. Ataques de falsa bandera denunciados por el Gobierno a la par que, pese a las explicaciones de la propia red social desmiente que se trate de una compra del Ejecutivo, se utilizan por la oposición para dañar la imagen de la administración central.

Esta red organizada de difusión de contenidos falsos que pueden ser dañinos para la salud pública es uno de los objetivos que se han fijado PSOE y Unidas Podemos en los juzgados. Una ofensiva judicial que busca reducir “la actuación de los desaprensivos que estafan, mienten y generan pánico en las redes”, tal y como afirmó el propio Fernando Grande-Marlaska en sede parlamentaria. El ministro del Interior, además, pidió a Vox que cesara en su empeño de acusar al Gobierno de estar censurando las corrientes críticas, afirmando que la actuación cibernética de la policía cumplía con todos los requisitos legales que ampara nuestra legislación.

Cansadas de pedir altura de Estado a sus homólogos, las dos fuerzas con representación en el Ejecutivo, PSOE y Unidas Podemos, han acudido a los tribunales para solicitar amparo frente a la expansión y difusión de bulos por sectores cercanos a la extrema derecha. Las querellas presentadas por los socialistas ante la Fiscalía General del Estado y los juzgados ordinarios tienen nombres concretos. En apenas una semana, el PSOE se ha citado con la extrema derecha y sus rostros más representativos en sede judicial.

Los motivos responden a un patrón común: incitación al odio, recogida en el artículo 510 del Código Penal, y delito de injurias y calumnias, recogido en el artículo 504. La última denunciada ha sido Cristina Seguí, periodista, tertuliana y fundadora de Vox, por una serie de tuits realizados en el último mes en el que se acusaba al Gobierno de “mataviejas”, “criminales”, “mengueles” o “sinvergüenzas”.

No es la única

No es la primera denuncia que han presentado los socialistas. El pasado jueves 16 de abril el partido ponía en manos de la Fiscalía una denuncia por una serie de tuits realizados por la formación ultra en la que se consideraba que se había incurrido en un delito de incitación al odio. Concretamente, estas publicaciones en redes sociales eran cuatro: aquel que llevó a Twitter a cerrar la cuenta de Vox el pasado 18 de enero (vinculaba al colectivo LGTBI con la pederastia), una imagen de féretros alineados en un parking en el que decían que las televisiones gubernamentales no se hacían eco de esta información, el montaje realizado de la Gran Vía sin permiso del autor de la instantánea original y, finalmente, la respuesta al autor de la imagen en la que el partido proseguía en su propósito de culpar al Gobierno mediante la difusión de una licencia artística de mal gusto que no se correspondía con la verdad ni con el interés del fotógrafo.

Este lunes el PSOE daba un paso más reclamando a Santiago Abascal, Hermann Tertsch y Julio García (propietario del medio de comunicación Canal 5 Radio) una indemnización de 10.000 euros que se destinaría a asociaciones sociales e investigación científica, además de la retractación por los bulos difundidos con ánimo de golpear a los socialistas.

Concretamente, esta segunda iniciativa legal llamaba a los tres citados a acatar estas peticiones en el acto de conciliación si no querían que la demanda prosperara. En el caso del líder de Vox, Santiago Abascal, se exponía como prueba la difamación contra los socialistas al acusarles de haber puesto una granada en un centro de menores extranjeros de Hortaleza; a Hermann Tertsch se le imputaba la difusión de un montaje lleno de cadáveres a las puertas de Ferraz; y a Julio García las graves acusaciones vertidas desde su portal de comunicación que relacionaban al PSOE con el 11-M.

Podemos también acude a los tribunales

Los liderados por Pablo Iglesias no se han quedado atrás, presentando una denuncia ante la Fiscalía para que investigue a una red organizada de difusión de bulos que podría haber incurrido en la comisión de “delitos contra el mercado y los consumidores; calumnias e injurias a altas instituciones del Estado; delito de simulación de peligro; y organización criminal”. ElPlural.com ha tenido acceso a la demanda solicitada por los morados, constatando las numerosas pruebas que aportan al ministerio público para defender su ofensiva.

Decenas de páginas de investigaciones exhaustivas que apuntan contra distintos frentes que actúan bajo parámetros parecidos y sirviéndose de herramientas de viralización compartidas. Destacan el falso vídeo de supuesto material sanitario que el Gobierno retenía y dejaba salir rumbo a Francia (realmente eran folios de papel), una imagen de Lampedusa con decenas de féretros en el suelo que se promovía como una instantánea de España con la mancheta del PSOE, o la campaña de intoxicación realizada por el subinspector de policía Alfredo Perdiguero y a un cargo de Vox en Valencia, Roberto Romero Ballesteros, por difundir noticias falsas sobre la pandemia de coronavirus en las redes sociales.

Adjuntando vídeos, tuits y publicaciones que se hacían eco de estas informaciones, Unidas Podemos reclaman que la Fiscalía dirima si estas actitudes, promovidas por grupos como el de 'Vox Arriba España Plus Ultra', pudieran ser constitutivas de delito.

Los morados sostienen que estos vídeos y publicaciones “buscan generar un estado colectivo de ansiedad, alarma y malestar social, afirmando falsamente o simulando una situación de peligro para la comunidad, a consecuencia de lo cual es necesario prestar auxilio”.