Las placas tectónicas del Congreso de los Diputados se están moviendo cada vez más últimamente. Y sin que ello signifique todavía un seísmo, lo cierto es que Junts per Catalunya, otrora muy distante al Partido Popular, se encuentra cada vez más cómodo votando en la misma línea que los de Alberto Núñez Feijóo e incluso que los de Santiago Abascal y defiende, al igual que ellos, la necesidad de un adelanto electoral, aunque todavía sigan lejos del mecanismo de la moción de censura. Feijóo ya lo decía en El Hormiguero: "Hay cosas que se están moviendo", entre ellas, las posiciones de los neoconvergentes. El Gobierno es consciente de esto, y según publica este sábado El País, esta protoalianza de partidos conservadores está directamente relacionada con el escenario que se abrirá del 16 de julio en adelante, cuando se conozca la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía.
El sentido del voto de Junts en la Cámara Baja es, actualmente, una incógnita. En función de cada Pleno, cada semana y cada asunto a tratar varía, no tiene una postura prefijada ni unos socios fijos, y menos desde que rompiera sus relaciones con el Gobierno y con la mayoría de investidura tras considerar incumplidos los acuerdos de legislatura. Su voto es imprevisible y se mueve indistintamente en el tablero parlamentario, pero recientemente su posición se está angulando hacia los sectores conservadores del Hemiciclo, votando sin miedo en el mismo sentido que PP y Vox y haciendo las mismas demandas electorales que ellos. Para muchos, esto significa algo.
En el último pleno de esta semana, los siete parlamentarios juntaires votaron con el bloque de investidura en dos decretos de interés general y para dos leyes, pero también se unieron al PP en la votación de la moción sobre la debilidad del Ejecutivo en la que la Mesa del Congreso vetó la votación para requerir al presidente, Pedro Sánchez, que convoque las urnas ya. Junts juega en una posición ventajosa en este sentido, ya que puede abstenerse sobre ese tipo de propuestas en el Senado (donde el PP goza de mayoría absoluta y el sentido del voto del resto de partidos no es tan relevante) o el Parlamento catalán, pero votar a su favor en el Congreso. En este mandato, ha apoyado siete mociones o proposiciones no de ley firmadas por el PP sobre diversos asuntos, seis de ellas desde que rompiera con el Ejecutivo. En esta XV legislatura han votado en la misma línea que el PP en 13 reales decretos de contenidos sociales, y en seis de esos casos se han sumado también a la ultraderecha.
Tomando posiciones
A nadie ha de sorprender la posición del partido de Carles Puigdemont en las cuestiones sociales y económicas ni su sentido del voto, pero ahora son especialmente fáciles de señalar. Alberto Núñez Feijóo y otros dirigentes del Partido Popular acostumbran a cargar duramente contra los socios del Gobierno por los casos de corrupción que afectan al entorno del PSOE, y apelan normalmente a "la mierda que tiene que tragar" Gabriel Rufián, portavoz de ERC, Sumar o el PNV, pero nunca incluyen en ese saco al partido de Puigdemont, quién sabe si porque lo consideran una carta útil con la que mantener buenas relaciones, o porque no lo consideran parte del grupo de socios del Ejecutivo tras la citada ruptura.
Junts, por su parte, cada vez se siente más cómodo en la alineación con el PP en cuestiones económicas, especialmente en demandas tradicionales de la formación como pueden ser las bajadas de impuestos, ponerse del lado de los caseros en la situación de la vivienda o endurecer las medidas contra la okupación. Asuntos, todos ellos, en los que ha mantenido una postura mucho más derechizada que otros partidos soberanistas como el PNV. En las votaciones registradas desde que comenzó el actual periodo de sesiones, Junts ha apoyado propuestas del PP hasta en 34 ocasiones, ha rechazado 36 y se ha abstenido en 25. Comparando estos datos con las iniciativas del Gobierno o del Grupo Socialista, las ha respaldado en 29 ocasiones, ha votado en contra en 9 y se ha abstenido en 13, unos números que desde las filas neoconvergentes justifican asegurando que el Gobierno ha sido "desleal" y ahora ni siquiera les llaman para hablar del calendario de enmiendas a temas en los que podría encontrarse fácilmente un acuerdo, como la ley de Dependencia.
Escenificando la ruptura
El pasado miércoles, durante la sesión de control, Sánchez aprovechó una pregunta de la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, para enviarle un mensaje a la portavoz de Junts en la Cámara, Miriam Nogueras, cuya actividad ha sido reducida desde hace semanas y que en esta ocasión no tenía pregunta propia. Sánchez, ante la insistencia de Vaquero para que los Presupuestos Generales del Estado sean sometidos a un debate serio y se saquen finalmente adelante, además de otras cuestiones, aprovechó para espetarle que aún le quedan temas pendientes por desarrollar, entre ellos, la implantación completa de la ley de amnistía. Gabriel Rufián, en otro momento del mismo Pleno, le recordó a los diputados de Junts que pretendían votar con el PP para exigir un adelanto electoral cuando era el mismo partido que hacía no tanto tiempo pretendía ilegalizarles, encabezar a su máximo dirigente y que aplicaron el artículo 155 para intervenir la Generalitat durante el procés independentista.
Otra sonada intervención fue la del diputado del PSC Arnau Ramírez, que se llevó los vítores de su bancada cuando contestó a un parlamentario del PP que deberían estarle agradecidos al Ejecutivo porque ahora, gracias "al éxito de la ley de amnistía" negociada por Sánchez al comienzo de esta legislatura, les quedaba la formación ultra y la de Puigdemont para fraguar una posible moción de censura. Desde el Gobierno, el PSOE, Sumar, ERC y otros partidos aliados hacen cábalas con la citada fecha del 16 de julio. Es el día en el que el TJUE dictará sentencia sobre la ley de amnistía y las cuestiones prejudiciales que han traído a la mesa el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional comenzarán a despejarse, y con ellas, un más que probable nuevo horizonte en el arco parlamentario.
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