Vox llevará al Pleno de Congreso de la próxima semana una proposición de ley orgánica para modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que los votos por correo se metan en urnas separadas y cuenten de forma independiente a los votos presenciales, una medida con la que la formación busca reforzar "la prevención del fraude electoral" que han agitado en ocasiones anteriores con este tipo de votos.
Para los de Santiago Abascal, la redacción actual del artículo 88.2 de la LOREG, que dicta que las papeletas emitidas por correo se introducen en las urnas con los votos presenciales, es "susceptible de mejora". La ultraderecha afea la mezcla de ambos tipos de voto: a su juicio, este proceder, vigente desde hace cuatro décadas, "imposibilita la detección del posible fraude o manipulación en la emisión" de las papeletas enviadas por correo. Su alternativa es, opinan, una "reforma sencilla, pero sumamente eficaz" de la LOREG para establecer que el recuento de los votos por correspondencia se haga en una urna específica y que su resultado se refleje de forma independiente, "con el fin de lograr así una mayor transparencia y trazabilidad del voto por correo, para evitar el fraude electoral".
"Una contabilización separada e independiente del voto por correo permitiría detectar, de forma sencilla, si se produjese, la existencia de fraude o manipulación electoral", sostienen.
Tres artículos de la LOREG en el foco
En concreto, su reforma plantea modificar el artículo 88.2 de la LOREG para que el presidente de la Mesa electoral introduzca los sobres remitidos por correo "en una urna separada" de la que contiene los votos emitidos presencialmente, verificando antes que se cumplen las circunstancias previstas en la ley y que el elector está inscrito en las listas del censo. Asimismo, Vox propone reformar el artículo 95.4 de la LOREG para establecer que el escrutinio del voto remitido por correspondencia se efectúe "de manera separada e independiente" al del voto presencial.
Y también el artículo 97.2 para que, al anunciar en voz alta el resultado del escrutinio, el presidente de Mesa especifique el número de electores censados, certificaciones censales aportadas, votantes, papeletas nulas, votos en blanco y votos obtenidos por cada candidatura, "tanto de forma agregada como diferenciada para el voto presencial y el voto remitido por correspondencia".
Conspiraciones recurrentes
No es nuevo que la ultraderecha se abone a la teoría de la conspiración, especialmente en el plano electoral. Durante la campaña de las últimas municipales y autonómicas, las informaciones y bulos sobre presuntas compras de votos proliferaron por todo el país, agitadas en buena parte por Vox. La formación que dirige Santiago Abascal. Las elecciones de 2023 fueron el más reciente ejemplo: los de Santiago Abascal ya registraron esta misma proposición por aquel entonces, con la misma argumentación que en el presente: que se evitaría el riesgo de fraude intrínseco a las papeletas enviadas por correspondencia.
Vox sacaba entonces a debate la reforma de la ley electoral de igual manera que ahora: inflamando la controversia del fraude electoral al que se aferraron en las campañas electorales del 28 de mayo y del 23 de julio. A juicio de los ultraderechistas, las sospechas de compra de votos recaen en su mayoría en el sufragio por correspondencia y cuestiona que los votos emitidos por correo se mezclen en la misma urna que los que se depositan presencialmente ante la mesa del colegio electoral. A su modo de ver, este proceder, que lleva vigente desde hace cuatro décadas, hace imposible la "detección del presunto fraude o manipulación en la emisión" de las papeletas enviadas por correo.
A juzgar por el escrito registrado por los ultraderechistas, consideran que el "recuento separado del voto por correo y su reflejo independiente en el acta de escrutinio de cada Mesa Electoral permitirán evidenciar la manipulación del voto por correspondencia en caso de producirse, cuando la distribución de los sufragios emitidos por correo no guarde ninguna relación de proporcionalidad explicable con respecto a los resultados arrojados por el voto presencial". En la proposición de ley de Vox, precisan que "la modificación contribuye a neutralizar posibles riesgos de corrupción electoral durante el escrutinio de los votos" y apuestan por extender su aplicación a las elecciones de corte autonómico.
Esta proposición, trufada de narrativa para hacer sembrar las dudas sobre la validez de los votos a distancia, tampoco es nueva. En 2019, tras las primeras elecciones generales en las que se presentó Vox, la formación de ultraderecha solicitó la revisión del escrutinio en toda España al aparecer presuntamente numerosos votos nulos, según advirtieron entonces desde la fuerza de extrema derecha, apelando a la transparencia del sistema. Mismos argumentos que blandieron tras el batacazo del pasado 23 de julio, cuando, tras conocer los resultados de los comicios, el secretario general del partido, Ignacio Garriga, pidió que se contabilizaran "todos y cada uno de los votos sin excepción y sin ningún tipo de sospecha".
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