La memoria confrontada en la Puerta del Sol: el pasado franquista de la Real Casa de Correos

Bajo los balcones desde los que hoy la presidenta Isabel Díaz Ayuso pronuncia discursos institucionales y se celebra el Año Nuevo, hubo un tiempo en que los gritos no eran de alegría, sino de terror. La Real Casa de Correos, actual sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, fue durante décadas uno de los epicentros de la represión franquista. Su pasado oscuro ha vuelto a la luz después de que el Gobierno de España haya oficializado en el Boletín Oficial del Estado su declaración como Lugar de Memoria Democrática, una decisión que el Ejecutivo madrileño trató de frenar sin éxito.

Construida en el siglo XVIII por orden de Carlos III, la Real Casa de Correos ha sido escenario de la historia política de España. Fue oficina de correos, sede del Ministerio de la Gobernación y, durante el franquismo, el cuartel de la Dirección General de Seguridad (DGS). En sus sótanos se habilitaron celdas donde miles de opositores al régimen fueron interrogados y torturados. Allí estuvieron presos, entre otros, Marcelino Camacho, Nicolás Redondo o Enrique Ruano, nombres que hoy simbolizan la resistencia frente a la dictadura.

El lugar se convirtió en uno de los centros neurálgicos de la represión en la capital. Según los informes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, “las prácticas represivas ejecutadas en las dependencias de la DGS fueron especialmente crueles, dejando una profunda huella en las víctimas y sus familias”. El reconocimiento oficial, sostienen, “pretende contribuir al conocimiento de la verdad de lo ocurrido y garantizar que hechos similares no se repitan nunca más”.

Del miedo al poder

La ironía histórica es inevitable: donde antes se decidía el destino de los represaliados, hoy se gobierna la comunidad más poderosa de España. Desde 1985, la Real Casa de Correos acoge la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, y cada 31 de diciembre sus balcones se abren a las cámaras para recibir el nuevo año con las campanadas más televisadas del país.

El contraste entre esa imagen festiva y el pasado oscuro del edificio ha sido uno de los argumentos de las asociaciones memorialistas, que desde hace años reclamaban la colocación de una placa conmemorativa. “No se trata de reabrir heridas, sino de reconocerlas”, explican desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. La declaración del Gobierno supone, por tanto, un paso adelante en esa dirección.

Pero la decisión ha reavivado un enfrentamiento que va mucho más allá del simbolismo. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ha opuesto con firmeza a la medida. En un comunicado, el Ejecutivo madrileño calificó la declaración de “aberración histórica”, asegurando que “reduce un edificio con más de dos siglos de historia a un solo episodio, obviando su valor arquitectónico y su papel en la construcción de la identidad madrileña”.

La presidenta madrileña, que ya había intentado frenar la inclusión del edificio en el inventario estatal de lugares de memoria, promovió incluso una modificación legislativa para evitar que la Puerta del Sol luciera cualquier símbolo que “distorsionara la neutralidad institucional”. Moncloa respondió recurriendo esa norma ante el Tribunal Constitucional, que la suspendió de forma cautelar el pasado abril.

“Lo que busca el Gobierno central no es una placa, sino una confrontación política”, replicó Ayuso. Desde el Ministerio de Política Territorial, sin embargo, lo niegan tajantemente. “No se trata de ideología, sino de dignidad democrática”, defendió el ministro Ángel Víctor Torres, quien destacó que la Real Casa de Correos “no puede seguir siendo un espacio de olvido cuando fue símbolo de la represión franquista”.

Una batalla por la memoria

La publicación en el Boletín Oficial del Estado del 22 de octubre marca un punto de no retorno. Con este gesto, el Gobierno de Pedro Sánchez inscribe oficialmente la Real Casa de Correos en el catálogo nacional de Lugares de Memoria Democrática, junto a otros espacios como el campo de concentración de Albatera (Alicante) o el cuartel de Sanidad Militar de Sevilla.

Esta medida, que Ayuso ya ha anunciado que recurrirá, se enmarca en la Ley de Memoria Democrática de 2022, que impulsa la localización, señalización y preservación de los lugares vinculados a la represión franquista. El objetivo, según la norma, es “promover el conocimiento de la verdad, la justicia y la reparación”. En este caso, la relevancia simbólica del edificio, situado en el epicentro político y emocional de Madrid, otorga a la decisión un peso inédito.

El texto del BOE recuerda que “en el subsuelo de la Real Casa de Correos se practicaron detenciones arbitrarias, torturas y violaciones de derechos fundamentales, especialmente durante las décadas de 1940 y 1950”. La resolución cita testimonios de supervivientes y documentos judiciales que acreditan el uso de sus calabozos por parte de la policía política.

Hoy, los madrileños cruzan a diario la Puerta del Sol sin imaginar que, bajo sus pies, aún resuenan los pasos de quienes fueron detenidos por pensar distinto. La memoria democrática busca precisamente eso: rescatar esas voces del silencio y devolverles su lugar en la historia. Quizás, cada vez que suene el reloj el próximo 31 de diciembre, alguien recuerde que esas campanadas, antes que símbolo de fiesta, fueron el eco de un tiempo en el que el miedo marcaba las horas. Porque sólo reconociendo ese pasado puede celebrarse, de verdad, el presente.