Las residencias de mayores han sido uno de los enclaves más azotados por la pandemia de coronavirus. El Covid se cebó de forma más acusada en los centros de la Comunidad de Madrid. Según datos oficiales, hasta el 7 de julio fallecieron en la región 11.370 residentes: 8.333 decesos se registraron en las residencias y 3.037 lo hicieron en los hospitales. ElPlural.com publicó este lunes que en las semanas más duras, durante la segunda quincena de marzo, apenas se produjeron 900 derivaciones de residentes a hospitales, coincidiendo con los protocolos de la consejería de Sanidad en los que pedía a las residencias que no trasladaran a ancianos a los centros sanitarios.

La Sanidad Pública estaba colapsada, motivo por el cual el Gobierno de la Comunidad de Madrid optó por evitar las derivaciones. A juicio del PSOE, esto supuso el “abandono” de los los mayores. Pero no solo eso, sino que además, se pudo haber hecho mucho más.

El 15 de marzo los ministros de Sanidad, Salvador Illa; de Interior, Fernando Grande-Marlaska; de Defensa, Margarita Robles; y Transportes, José Luis Ábalos; comparecieron para anunciar varias decisiones del Consejo de Ministros. Entre otras, utilizaron el estado de alarma para disponer “todas las instalaciones de la sanidad privada” para las necesidades que requiera la crisis. En otras palabras, el Gobierno de Pedro Sánchez permitió a las comunidades autónomas utilizar todos los recursos que necesitaran de la sanidad privada.

La Comunidad de Madrid no lo hizo. Según confirma la diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Purificación Causapié, en declaraciones a ElPlural.com, “no se derivaron personas a los hospitales privados”.

En un informe elaborado por el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, figura que desde el 1 de marzo y hasta el 30 de junio se derivaron un total de 12.406 personas desde residencias a hospitales. La práctica totalidad de ellas se hicieron a la red del Servicio Madrileño de Salud, es decir, a la Sanidad Pública o bien de financiación pública a través de concierto. Solo 23 se derivaron al IFEMA y una al Hotel Medicalizado Colón.

“No aparece recogido en los datos ningún hospital privado al que se produjeran derivaciones”, reza el informe.

Causapié recuerda que la Comunidad de Madrid podría haber utilizado las instalaciones de la Sanidad Privada para, entre otras cosas, atender las derivaciones de las residencias. Pero “no se utilizaron”. “Es más, sabemos que sí se atendieron a los que tenían un seguro privado, que iban al hospital que les correspondía”.

“Ni siquiera se derivaron al IFEMA. En el momento más duro, del 18 de marzo y el 5 de abril, solo 900 fueron trasladados”, lamenta la parlamentaria socialista.

Ni sanidad privada, ni derivaciones, ni residencias medicalizadas

El asunto adquiere un cariz aún más grave cuando, además de no utilizar las instalaciones de la sanidad privada y cercenar la derivación hospitalaria, se incumplió la promesa de medicalizar residencias para tratar a los mayores.

“El problema es que ni se medicalizaron residencias ni se derivaron a los hospitales. Supuso el abandono de los mayores. Dejaron a 52.000 personas sin ningún tipo de atención”, critica Causapié; quien además, recuerda que “lo único que se puso en marcha durante esos días es lo que se llamó la Operación Bicho para que se hiciera algo, para que se atendiera a las residencias”.

El de dicha iniciativa fue que se situó como responsable de la misma a Encarnación Burgueño, hija de un exasesor de Ayuso. “No tenía capacidad y es un encargo a dedo”, ha valorado Causapíe a este periódico. “El gobierno priorizó el negocio de algunas a la atención sanitaria”, ha sentenciado.

Por último, la diputada socialista ha afeado que “con la no atención de personas mayores ni en residencias ni en hospitales se vulneró el derecho a la Sanidad de los mayores y también su derecho a morir dignamente, puesto que, según señalan los datos y también personas que conocieron la situación, muchas personas murieron con sufrimiento y sin la atención adecuada”.