Dos vocales del Consejo del Poder Judicial, uno conservador y otro progresista, han elaborado un informe que será debatido en el pleno del órgano de los jueces este jueves, y que pone en cuestión la constitucionalidad de muchos aspectos de la denominada ley de Seguridad Ciudadana que impulsa el Gobierno.

Los conservadores tienen mayoría de votos
El informe de los vocales Wenceslao Olea (conservador) y María Victoria Cinto (progresista) será debatido por los 20 vocales y Carlos Lesmes, presidente del Consejo del Poder Judicial, donde el sector conservador afín al PP tiene mayoría de votos. Sin embargo, según adelanta El País, que cita fuentes del Consejo, el informe no recibirá muchas variaciones porque es un texto ya consensuado. El escrito con las modificaciones decididas por el Consejo será remitido finalmente al Gobierno.

Excesiva, la intervención de los poderes públicos
Los jueces consideran en el informe que el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que impulsa el polémico ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, incluye términos de justificación de la intervención de los poderes públicos excesivamente amplios y recomienda adecuarlos a los límites constitucionales.

Los controles en lugares públicos
El informe cuestiona los aspectos más polémicos de la nueva ley, que considera inconstitucionales, como "la posibilidad de establecer controles en lugares públicos para la identificación de las personas que se encuentren en ellos con el fin de descubrir y detener a quienes hayan participado en la comisión de una infracción, ya que", sostienen, "se viene a reconocer la posibilidad de una detención por faltas penales o infracciones administrativas". Los jueces, también,  consideran “incompleta e imprecisa” la regulación de los cacheos. “El anteproyecto no define el cacheo y no lo limita al registro externo y superficial, por lo que no excluye la práctica de desnudos, siquiera parciales", apunta el escrito.

Además, considera imprecisos los términos del artículo 20 del Anteproyecto, que regula las “medidas extraordinarias” en situaciones de emergencia, entre las que se incluyen las de prohibición de paso y retención de personas.

Delitos imprecisos
Los ponentes, además, recomiendan concretar cuáles son los “elementos susceptibles de ser utilizados para la comisión de un delito de alterar la seguridad ciudadana” a los que se refiere el artículo 18 del anteproyecto normativo, al tratarse de una expresión imprecisa que puede ampliar extraordinariamente las comprobaciones y registros en lugares públicos.

Que la seguridad privada actúe como policía
El informe cuestiona otro de los puntos más polémicos del proyecto del Gobierno: la obligación de empresas y empleados de seguridad privada de colaborar con las Fuerzas de Seguridad en la disolución de reuniones y manifestaciones, ya que, según el informe, afecta al ejercicio de un derecho fundamental cuya defensa se atribuye a estas últimas y a la autoridad gubernativa.