El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) visita Madrid el próximo miércoles para informarse en primera persona del estado calamitoso de la candidatura conjunta Aragón-Cataluña para los JJOO de Invierno de 2030 y para recordar el miedo atroz del máximo organismo olímpico a las disputas políticas. La falta de consenso institucional es una garantía de fracaso parea cualquier aspirante a organizar unos juegos, aunque sólo sean los de invierno, un subproducto del gran negocio televisivo que maneja el COI con la cita de verano.

El presidente del gobierno de Aragón, Javier Lambán, está tensando la cuerda impidiendo la ratificación del acuerdo técnico alcanzado inicialmente, a la espera de una intervención de Pedro Sánchez, su valedor inicial sobre una candidatura en igualdad de condiciones entre Cataluña y Aragón. De momento, ha conseguido que la Generalitat aplace a otoño la consulta parcial convocada para el 24 de julio.

El acuerdo técnico cerrado entre el Comité Olímpico Español (COE) y las delegaciones de Aragón y Cataluña atribuye la celebración de 54 pruebas a las instalaciones aragonesas y 42 a las catalanas, sin embargo, Lambán desautorizó a sus negociadores, abriendo todas las incógnitas sobre la viabilidad de una candidatura conjunta, la apuesta del COE. En este impasse, la Generalitat ha sugerido, sin demasiado entusiasmo (al final, el referéndum ahora aplazado podría dejar todo en nada), una candidatura catalana con participación de algunas estaciones de esquí aragonesas de propiedad privada.

Un lío, porque Lambán, sin duda, siempre creyó en que sería la Generalitat quien impidiera la candidatura conjunta, lo que le permitiría reclamar una candidatura aragonesa. Lo expresó meridianamente hace poco. Yo siempre creí, vino a decir, que el proyecto olímpico era una maniobra para que el independentismo volviera “al redil constitucional”, más exactamente, aunque no lo expresó, para que se negaran a aceptar un proyecto español, y así dejar el campo libre a sus expectativas.

En el momento en que el gobierno de Pere Aragonés se tira a la piscina de un proyecto que tiene mucha oposición en el propio Pirineo, en su propio partido y también en Junts, aunque menos en este caso, las perspectivas del presidente aragonés se tuercen y se impone, por su parte, la desconfianza crónica existente entre Aragón y Cataluña.

Los dirigentes aragoneses que acaban de ganarle a la Generalitat a través de los tribunales la batalla de las obras de arte sacro gestionadas hasta hace poco por el obispado de Lleida, trasladadas al museo de Sijena por sentencia firme, administran un discurso inequívocamente nacionalista. Consiste en explotar el desdén evidente con que les han tratado la mayoría de políticos catalanes, desde hace décadas.

El caso Sijena pesa en el ambiente, pero pesa también la historia, el recuerdo del intento de apropiación del legado de la Corona de Aragón perpetrado por parte de la historiografía política catalana, concretado en la denominación infundada de aquella institución como “corona catalanoaragonesa”. Todo historiador serio sabe que aquella asociación consistía en un reino aragonés y un condado o principado catalán; pero el nacionalismo catalán le dio la vuelta en beneficio propio, abriendo el abismo de la desconfianza para siempre.

Lambán no puede permitirse unos JJOO de Invierno “catalanoaragoneses” porque sería tanto como profundizar en la herida. Lo tiene complicado, porque la marca imprescindible para conseguir la nominación de la familia olímpica es “Barcelona” y el complemento lógico “Pirineos”. A partir de aquí, cualquier añadido de explicación territorial, sea Aragón o Cataluña, será de escaso interés para los integrantes del COI a la hora de votar. Tendrá un valor como factor propagandístico por parte de los respectivos gobiernos y ahí la potencia de la maquinaria comunicativa pública y privada de Cataluña no es comparable con la de Aragón.

Los JJOO de verano e invierno se conceden a ciudades (Pekín, Turín, Sochi) no a estados ni a comunidades autónomas, aunque estas vayan a tener un protagonismo innegable en su organización, inasumible por ningún municipio de los Pirineos catalanes o aragoneses. La denominación Barcelona-Pirineos podría encajar en los cánones del COI, una organización muy suya en los protocolos de adjudicación, aunque muy necesitada de éxitos deportivos y financieros para sobrevivir.

Al final, como ocurrió en Barcelona 92, el aval que buscará el COI será el del Estado español. Y aquí se supone que radica la esperanza del gobierno de Aragón para salir airoso del reto. La peor hipótesis para Lambán es una candidatura mayoritariamente organizada en el Pirineo catalán con algunas pruebas en las estaciones privadas aragonesas. Aunque seguro que intentaría sacar provecho con un discurso victimista ante la “nueva fechoría” del imperialismo catalán, ahora además independentista”.