El magistrado de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional,  José Ricardo de Prada ha manifestado sobre la reforma de la ley de Justicia Universal realizada por el Partido Popular que “responde al peor modelo posible a la hora de legislar: legislar en base a un caso. Esto enfrenta a los jueces a situaciones complicadas y evidencia contradicciones con los derechos humanos”.

Esta afirmación se produjo en el transcurso de la segunda jornada del I Congreso de Justicia Universal organizado en Madrid por la Fundación Internacional Baltasar Garzón. El juez participaba en un panel denominado El ejercicio de los Tribunales Internacionales presentado por el ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Mena.

MEDEL por la independencia de los jueces europeos
Antes de que se iniciara su intervención, Mena leyó un comunicado de la Asociación Medel que agrupa a cerca de 20.000 magistrados y fiscales europeos,  ante los próximos comicios, manifestando que moralmente se encontraban presentes en la sala de conferencias.  Medel  recordaba en su manifiesto que la independencia de jueces y tribunales contribuye al fortalecimiento de la democracia europea.

De Prada siempre por los derechos humanos
Mena presentó a José Ricardo de Prada recordando su papel como ponente de la sentencia que condenó al criminal argentino, Adolfo Scilingo a 640 años de prisión por delitos de lesa humanidad, detención ilegal y torturas, durante la dictadura militar argentina entre 1976 y 1983. El magistrado tiene un largo historial en países europeos y americanos siempre para adecuar su jurisprudencia a la protección de los derechos humanos.

“Ley deficiente, apresurada, mal redactada…”
“¿Cómo analiza usted la reforma de la Ley de Justicia Universal? “, le preguntaron. José Ricardo de Prada respondió: “Mi crítica a la Ley es que es tremendamente deficiente, apresurada, mal redactada y responde al peor modelo posible a la hora de legislar: legislar en base a un caso”.

“Una reforma que muchos querían”
“Esto, dijo, enfrenta a los jueces a situaciones complicadas y es donde se ven las contradicciones con los derechos humanos”. Añadió que “es algo que no es nuevo: la reforma de la LOPJ es algo que muchos han querido hacer pero no se han atrevido porque es algo extremadamente complejo desde el punto de vista técnico”, continuó. “Se ha llevado a cabo muy apresuradamente y sin seguir el sistema previsto para las leyes orgánicas.”

“Quienes no creen en ella, fuera de juego”
Continuó el magistrado: “Es incuestionable que aunque podamos decir que se han  puesto muchos obstáculos a  la Jurisdicción Universal, ésta no ha decaído. El que no está dispuesto a asumirla es el que esta fuera del juego. El resto creemos en Justicia Universal”.

Lo que distingue a los jueces
“Tenemos además unas normas de normas de derecho internacional que deben ser respetadas y que vinculan  a todos los jueces. El problema se establece en la relación de los jueces con el derecho internacional. Eso nos distingue de unos jueces a otros”, continuó.

El papel de Garzón
Resalto el juez que “planteamientos como los que ha llevado a la práctica Baltasar Garzón  fueron los que determinaron que se dictaran resoluciones de nuestros tribunales que en  el fondo suponen un monumento a la inaplicación de los derechos humanos”. Manifestó también que admiraba a Garzón “que es y será siempre juez hasta que él quiera” y que el día de su inhabilitación fue para De Prada uno de los peores días de su carrera profesional.

Ayuda para la CPI
El magistrado abogó por establecer entre la jurisdicción universal y los tribunales internacionales, estrategias para la “superlegitimación” de la Justicia Universal. Recordó que la Corte Penal Internacional carece de los medios necesarios. “Son los Estados los que tienen que aportarlos. La Jurisdicción Universal puede cumplir un trabajo importante con la Corte Penal Internacional.

La obligación de cooperar
“Me sorprende cuando el  legislador español no se da cuenta de la obligación que tiene de cooperar con la Corte Penal Internacional. Es un problema de la reforma que ha sufrido esta Ley”, explicó.

Nuevos mecanismos de investigación
Pero en la exposición del juez de la Audiencia Nacional, también se abría un camino de futuro: “Están apareciendo mecanismos concretos de investigación. Por ejemplo, en Francia y también se han creado unidades de investigación en Bélgica, Holanda, Noruega, Estados Unidos  y Canadá”. Esto significa la creación de estructuras estables permanentes para investigar crímenes contra la humanidad”.

Decidir qué Estado enjuicia
“Se trata de ver cómo debe ir avanzando la Justicia, de establecer una conciencia y mecanismos de cooperación entre los Estados. Que se pueda llevar de manera colectiva con un reparto papeles, de modo que la Corte Penal Internacional pueda llegar incluso a decidir qué países están en mejor disposición de enjuiciar”, concluyó.