En el auto del Juzgado de Primera Instancia número 19 se argumenta que "recogiendo la tradición histórica e internacional, atribuye al Rey un estatus o protección especial confiriéndole inviolabilidad e irresponsabilidad". Según la juez, este principio de inviolabilidad afecta no sólo a cuestiones penales sino a cualquier acción ante la jurisdicción civil.
Se apoya también en que no hay ninguna ley que le atribuya las demandas que se dirijan contra el jefe del Estado. "Debe estimarse que ha sido el Legislador quien ha trasladado la inviolabilidad del Rey a las normas orgánicas y procesales al no prever siquiera que ninguno de los órganos jurisdiccionales de nuestro país tenga atribuido el conocimiento de los litigios que puedan proponerse contra el Rey".
El principio de inviolabilidad del Rey ya tenía un precedente en la jurisdicción civil, cuando el Supremo negó a un ciudadano su derecho a rectificación en relación al discurso navideño del Rey del 24 de diciembre de 2005. Pretendía que Don Juan Carlos admitiese que el demandante y su familia quedaban excluidos de la consideración de que todos los españoles eran monárquicos tal y como, en su opinión, se desprendía de su mensaje.
Aunque es recurrible, cualquier posible acción no contará con el apoyo de la Fiscalía.
Quién sí consiguió que le reconocieran su vínculo con los borbones fue Leandro de Borbón, hijo de Alfonso XVIII y tío, por tanto, de Don Juan Carlos. La sentencia es de 2003 y reconoce su derecho a utilizar el apellido Borbón. El juez no consideró necesario hacer una prueba de ADN ante la contundencia de las pruebas. Entre ellas las transferencias de dinero que el rey Alfonso XIII hizo a un banco suizo para él y su hermana, Ana María Teresa, ya fallecida, así como 30 libros que reconocían su existencia.
