La Audiencia de Palma ha decidido hoy que la infanta Cristina seguirá como acusada y será juzgada en el juicio del caso Nóos, al legitimar a Manos Limpias para ejercer la acusación popular en su contra como cooperadora en dos delitos fiscales presuntamente cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin. Así lo ha explicado en un auto en el que rechaza la aplicación de la doctrina Botín que habría supuesto su exculpación dado que la Fiscalía no ve ningún tipo de delito en su actuación.

Manos Limpias pide para ella ocho años de prisión como cooperadora necesaria en dos delitos presuntamente cometidos por su marido.

Las asociaciones de jueces y fiscales ven en un contexto de normalidad dentro del ámbito judicial la decisión de la Audiencia de Palma de que la infanta Cristina siga en el banquillo de los acusados del juicio del caso Nóos al no aplicarle la doctrina Botín.

En declaraciones a Efe el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Celso Rodríguez Padrón, ha pedido respeto a esta decisión judicial que se dicta en un contexto de normalidad. Ha aclarado que el hecho de que se someta a juicio a la infanta no significa prejuzgar su responsabilidad o no en los hechos sino que el tribunal quiere valorarlo tras analizar las pruebas en el juicio, por lo que "no hay que sobredimensionar" esta decisión ya que como el resto de acusados sigue gozando de la presunción de inocencia.

Celso Rodríguez Padrón ha mostrado su convencimiento en que los recursos que en su día se presenten contra esta sentencia pueden llevar a avanzar en la doctrina relativa a las acusaciones en el proceso penal.

Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha comentado que es una decisión razonable porque el delito contra la Hacienda Pública en cuestión afecta a bienes colectivos, por lo que en este caso es suficiente la acusación popular. Ha añadido de que en caso contrario se estaría en un supuesto poco defendible de que el juez instructor vea indicios de delito pero que no haya juicio porque la Fiscalía no acuse. Joaquim Bosch ha comentado que precisamente para estos supuestos es para lo que se creó la acusación popular.

Para Bosch la infanta no es discriminada pues la doctrina Botín la marcó una única sentencia que luego fue matizada por otras en las que el Tribunal Supremo señaló que en supuestos en los que hay bienes de titularidad colectiva la acusación popular es suficiente para juzgar. Ha recordado que así lo han entendido el juez instructor de la causa, José Castro, los tres magistrados de la Sala que resolvió recursos durante la fase de instrucción y ahora las tres que componen la Sala de enjuiciamiento. A juicio de Joaquín Bosch aquí la singularidad es que la Fiscalía no haya formulado acusación.

En representación de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, su portavoz, Raimundo Prado Bernabeu, ha mostrado su convencimiento en que la Sala ha resuelto de forma motivada de acuerdo a las normas y a la jurisprudencia y ha pedido respeto a esta decisión judicial.

El presidente de Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, ha comentado que no le sorprende esta resolución ya que la doctrina Botín fue creada para un caso específico y difícilmente puede extrapolarse a supuestos distintos. Ha recordado que dos sentencias del Tribunal Supremo, la de los casos de Ibarretxe y Atutxa, "precisaron mucho" la doctrina Botín por lo que cree que la solución de la Sala es la más sensata. Para Gallardo "lo anómalo es el empecinamiento del fiscal de hacer una defensa a ultranza" de la infanta, ya que "una cosa es no acusar y otra pelearse con otras acusaciones" y ha mostrado su sorpresa por el hecho de que la abogada del Estado dijera en el juicio que el lema "Hacienda somos todos" estaba concebido sólo para el ámbito publicitario.

El portavoz de la Asociación de Fiscales, Emilio Frías, se ha limitado a mostrar su "máximo respeto" a la decisión. Por su parte, el presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García Ortiz, ha comentado que es una decisión respetable que demuestra que la Fiscalía platea unas tesis pero que los tribunales toman sus propias decisiones dentro de la normalidad. El portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Salvador Viada, ha dicho que es una decisión "legalmente posible" dictada con independencia y ha pedido "que la justicia siga su curso con confianza absoluta".