La presunta trama de corrupción organizada por Ignacio Aguado amenaza con volver a salpicarle en los tribunales. Enrique de Diego, director y editor del diario ultraconservador Rambla Libre, fue uno de los primeros que apuntó en esta dirección, publicando que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid solicitaba altas cantidades de dinero a las personas que quisieran concurrir en las listas del partido en los municipios de Madrid.

Ahora, el periodista, defendido por la Asociación Nacional de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho (ANVIPED), ha reclamado al Estado 16.000 euros para volver a abrir diligencias contra el dirigente naranja, su jueza y su anterior abogado, amparándose en el considerando 99 de la Directiva (UE) 2019/1037.

Este ha sido el último paso tomado por de Diego, después de ser denunciado por el presunto corruptor Ignacio Aguado y condenado a pagar una fianza de 20.000 euros por la jueza de instrucción número 3 de Elche, Marta Alba Tenza, que sentenció que se habían vulnerado los artículos 205 y 208 del Código Penal “por haberse cometido los hechos con publicidad”.

“La denuncia contra mí de Ignacio Aguado es claramente temeraria y falsa. Y un grave atentado contra la libertad de expresión que ampara el artículo 20 de la Constitución”, explica Enrique de Diego en declaraciones a ElPlural.com, antes de advertir que “se va volver contra él, porque es el político el que tiene un plus de transparencia y el que debe dar explicaciones, y no al revés”.

El periodista, además, no entiende cómo “no hay ya una Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid sobre Ignacio Aguado y su extraña y peculiar forma de financiar la campaña de las elecciones municipales de 2015”. E insiste, cuestionando por qué la oposición no ha tomado las medidas oportunas para esclarecer lo acaecidos teniendo en cuenta que “hay ya numerosos testimonios de exconcejales de Ciudadanos y documentos fehacientes de que Ignacio Aguado les hizo financiarse la campaña de su bolsillo, lo cual es claramente ilegal”.

Pruebas que defiende Enrique de Diego

ElPlural.com ha dado cuenta en las últimas fechas de la denuncia presentada por Enrique de Diego, y por las pruebas aportadas por el mismo. Entre los documentos presentados como pruebas por el periodista destaca un acta de la Agrupación de Fuenlabrada, donde se especifica que los cinco primeros puestos de la candidatura deben garantizar un mínimo para la campaña de 11.000 euros; otra de Bormujos donde se acredita el pago de sus dirigentes; noticias publicadas en otros medios como El Mundo; las directrices recibidas en municipios como Navalcarnero o Arroyomolinos; testimonios de directores de comunicación y de víctimas de este chantaje orgánico.

De Diego no ha sido el único que ha acusado al vicepresidente de la región de obtener fondos a cambio de esta extorsión. Tal y como apuntó el medio que edita el periodista encausado, Rufo Benito, exportavoz de la formación naranja en San Lorenzo del Escorial, aseguró que Ciudadanos les "ordenó desarrollar un sistema de financiación ilegal en la campaña electoral de 2015". Según éste, desde el partido se les avisó de que ellos "no pagaban nada" y que la campaña se la debían costear ellos mismos. 

“Perversa relación político-judicial”

ANVIPED sostiene que “la instrucción acredita una perversa relación político-judicial” en la causa, ya que en ningún momento el juzgado admitió las “numerosas pruebas documentales, incluyendo actas y noticias periodísticas que confirman que Ciudadanos, bajo la dirección de Ignacio Aguado, se financió ilegalmente en las elecciones municipales y autonómicas de 2015, obligando a sus candidatos a pagarse de su bolsillo la campaña”.

El periodista insiste en esta idea, alegando los indicios de malversación que él aprecia en la instrucción llevada a cabo por Marta Alba: “Mis abogados han planteado la recusación de la juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Elche, Marta Alba Tenza, que no ha hecho bien su trabajo, no ha tenido en cuenta para nada mis escritos, no ha interrogado a los testigos, no ha visionado los documentos. Hay que tener en cuenta que la decisión la toma en el mejor momento de Ciudadanos, con 57 diputados, y puede pensar que va a hacer un favor a un partido en alza. Tenía tanta prisa antes y ahora no ha provisto nada respecto a mi escrito de defensa que, ya digo, la recusa”, sentencia.