La jueza de instrucción número 3 de Elche, Marta Alba Tenza, interpuso una fianza de 20.000 euros al periodista ultraconservador Enrique de Diego, después de que este denunciara en Rambla Libre, portal que dirige, una presunta trama orquestada por Ignacio Aguado para financiarse irregularmente pidiendo altas cantidades de dinero a los candidatos del partido en los municipios de Madrid a cambio de obtener el cargo.
Tenza exponía que se había vulnerado el artículo 205 del Código Penal y el artículo 208 “por haberse cometido los hechos con publicidad”. Tal y como ha explicado el propio de Diego en declaraciones a ElPlural.com, desde que finalizó el plazo de tres días concedido por el juzgado para depositar la fianza sus cuentas se encuentran “embargadas”.
Sin embargo, el periodista ultra renuncia a dejar que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid y líder de Ciudadanos en la región salga impune. Por ello, la Asociación Nacional de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho (ANVIPED) ha solicitado al Estado 16.000 euros para volver a abrir diligencias contra el dirigente naranja, la jueza y su anterior abogado, amparándose en el considerando 99 de la Directiva (UE) 2019/1937: “Los honorarios de abogados pueden suponer un coste significativo para los denunciantes que tengan que defenderse de medidas de represalia adoptadas contra ellos a través de procesos judiciales. Aunque podrían recuperar dichos honorarios al final del proceso, podrían no estar en condiciones de pagarlos si se les condena en costas al final del proceso, sobre todo si están desempleados y han sido incluidos en una lista negra. En determinados casos, una asistencia para los procesos judiciales penales, especialmente cuando el denunciante cumple las condiciones establecidas en la Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo y, de manera más general, una ayuda a quienes tienen serias dificultades económicas puede ser esencial para poder hacer efectivos sus derechos a protección”.
ANVIPED sostente que “la instrucción acredita una perversa relación político-judicial” en la causa, ya que en ningún momento el juzgado admitió las “numerosas pruebas documentales, incluyendo actas y noticias periodísticas que confirman que Ciudadanos, bajo la dirección de Ignacio Aguado, se financió ilegalmente en las elecciones municipales y autonómicas de 2015, obligando a sus candidatos a pagarse de su bolsillo la campaña”.
Presunta trama corrupta
ElPlural.com ha dado cuenta en las últimas fechas de la denuncia presentada por Enrique de Diego, editor del medio ultraderechista Rambla Libre y ex de Intereconomía. El periodista denunció una “trama generalizada de financiación irregular” que se sustentaba en pedir altas cantidades de dinero a los candidatos del partido en los municipios de la Comunidad de Madrid a cambio de obtener el cargo.
A lo largo del escrito del escrito de defensa, al que ha tenido acceso ElPlural.com, se detallan las pruebas presentadas por Enrique de Diego desde que empezara la causa que investigaba el presunto fraude cometido por Ignacio Aguado. El periodista presentó ante el juzgado numerosos indicios que, según denuncia ANVIPED, no fueron tomados en consideración: el alcance de la presunta trama se extendería a lo largo y ancho de la Comunidad de Madrid, donde sus dirigentes municipales, para formar parte de las listas electorales, debían entregar altas cantidades de dinero incumpliendo la ley.
Entre los documentos presentados destaca un acta de la Agrupación de Fuenlabrada, donde se especifica que los cinco primeros puestos de la candidatura deben garantizar un mínimo para la campaña de 11.000 euros; otra de Bormujos donde se acredita el pago de sus dirigentes; noticias publicadas en otros medios como El Mundo; las directrices recibidas en municipios como Navalcarnero o Arroyomolinos; testimonios de directores de comunicación y de víctimas de este chantaje orgánico.
De Diego no ha sido el único que ha acusado al vicepresidente de la región de obtener fondos a cambio de esta extorsión. Tal y como apuntó el medio que edita el periodista encausado, Rufo Benito, exportavoz de la formación naranja en San Lorenzo del Escorial, aseguró que Ciudadanos les "ordenó desarrollar un sistema de financiación ilegal en la campaña electoral de 2015". Según éste, desde el partido se les avisó de que ellos "no pagaban nada" y que la campaña se la debían costear ellos mismos.
