Durante meses, todo pareció normal. Las reservas llegaban, los datos estaban completos y el supuesto cliente ofrecía explicaciones creíbles cuando pedía aplazar algún pago. Nadie sospechó que detrás de aquellas estancias encadenadas en pisos turísticos de Madrid se escondía uno de los estafadores en serie más veteranos del país, un hombre con décadas de engaños a sus espaldas que acabaría estafando más de 31.000 euros a la empresa de alquileres vinculada a la familia de Ana Rosa Quintana, como adelantó este lunes elDiario.es.
El engaño se desarrolló entre junio y noviembre de 2019. Durante ese periodo, Antonio Luis C. B. logró reservar 274 noches en distintos apartamentos gestionados por la empresa familiar de la presentadora sin pagar ni una sola vez. Para conseguirlo, utilizó un método ya conocido en su historial delictivo: identidades falsas, documentación ajena y una historia profesional diseñada para generar confianza.
El estafador se hacía pasar por trabajador de una conocida empresa de trasteros, Blue Space, algo que resultó ser completamente falso. Con ese pretexto solicitaba reservas prolongadas y, cuando llegaba el momento de pagar, pedía aplazamientos o enviaba supuestos justificantes de transferencias que más tarde se comprobaría que eran falsificados. Todo formaba parte de una estrategia pensada para ganar tiempo y seguir acumulando noches sin abonar un solo euro.
Para sostener el engaño, Antonio Luis C. B. utilizó la identidad de al menos cuatro personas distintas. Todas ellas declararon después ante el tribunal que lo conocían por trabajos anteriores y que, en algún momento, le habían facilitado una copia de su DNI para gestiones laborales puntuales. Uno lo hizo para organizar un viaje a México; otro, para una compra de césped artificial. Ninguno sabía que su documentación estaba siendo usada para reservar alojamientos turísticos a su nombre.
Las sospechas comenzaron a surgir cuando los empleados de la empresa detectaron incoherencias en la documentación y en los pagos. Algunas transferencias no llegaban nunca y otras parecían claramente manipuladas. Ante la reiteración de irregularidades, la compañía decidió presentar una denuncia en la comisaría de Policía Nacional de Chamberí a finales de 2019. Fue entonces cuando se destapó la magnitud real del fraude: 182 reservas fraudulentas, 274 noches ocupadas y un perjuicio económico de 31.347 euros.
La investigación policial fue clave para reconstruir el engaño. Los agentes explicaron en el juicio que fueron “uniendo cabos” hasta identificar al responsable, cuyo nombre ya figuraba en numerosos antecedentes por estafas similares. El patrón se repetía: uso de identidades ajenas, apariencia de solvencia y una sucesión de engaños diseñados para no pagar nunca.
El caso llegó a juicio en octubre del año pasado con dos acusados: el propio estafador y su hermano, al que se atribuía haber disfrutado de al menos dos de los alojamientos reservados de forma fraudulenta. Antonio Luis C. B., que ya se encontraba en prisión por otras condenas, reconoció los hechos y alcanzó un acuerdo con la Fiscalía. La pena quedó fijada en tres años y medio de cárcel, además de una multa y la obligación de devolver el dinero estafado, algo que hasta el momento no ha ocurrido.
Su hermano, sin embargo, decidió ir a juicio y fue finalmente absuelto. El tribunal concluyó que no existían pruebas suficientes para acreditar su participación en la estafa.
Un estafador reincidente con décadas de condena
La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid subraya que no se trató de un engaño improvisado. Los jueces destacan que el acusado proyectó deliberadamente una imagen de “solvencia, seriedad y formalidad” para ganarse la confianza de la empresa. Todo ello, con un único objetivo: disfrutar de los alojamientos sin pagar.
El fallo también pone el acento en el extenso historial delictivo del condenado, de 64 años. Desde principios de los años noventa acumula más de 15 condenas por estafas muy similares, que suman más de 20 años de prisión. Ha sido condenado por obtener tarjetas de crédito con documentación falsa, contratar líneas telefónicas a nombre de terceros, estafar con falsos alquileres e incluso engañar a otros presos mientras cumplía condena.
Una de sus penas más graves, de cinco años y medio de cárcel, fue confirmada por el Tribunal Supremo en 2006. Ya entonces, los magistrados alertaron de la “profesionalidad” delictiva del acusado y del “nulo efecto preventivo” que habían tenido sobre él las condenas anteriores. En aquel caso, utilizó identidades falsas para conseguir decenas de tarjetas de crédito con las que llegó a gastar más de 80.000 euros.
