Otra querella basada en sospechas sin pruebas ha acabado en la papelera judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado la acción penal presentada por la organización ultracatólica HazteOir contra la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, en un nuevo episodio de la estrategia de judicialización y desgaste contra el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no logra superar el filtro de los tribunales.
El auto, dictado hace varias semanas, desmonta uno de los bulos más difundidos en los últimos meses: la supuesta reunión entre la fiscal y Begoña Gómez para asesorarla sobre las causas abiertas contra ella. Los magistrados son tajantes al calificar los argumentos de la querella como “meras conjeturas” carentes de cualquier indicio racional de criminalidad y advierten de que no existe prueba alguna de que esa reunión llegara a producirse, ni mucho menos de que tuviera un contenido penalmente relevante.
La resolución se suma a una cadena de archivos y rechazos judiciales que afectan a denuncias promovidas por colectivos de extrema derecha contra la esposa del presidente y otros actores institucionales. Se trata de un patrón que se repite: acusaciones lanzadas con gran impacto mediático, amplificadas políticamente, que después se diluyen cuando llegan al examen judicial. El resultado, sin embargo, no es inocuo: la sospecha queda instalada en el debate público aunque los tribunales la descarten.
Un post-it convertido en acusación penal
La querella de HazteOir se apoyaba en una anotación manuscrita hallada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante los registros efectuados hace un año en los despachos de Pilar Rodríguez y del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por orden del juez Ángel Hurtado. Se trataba de un post-it pegado en una agenda, situado entre los días 12 y 13 de marzo de 2024, en el que aparecían dos anotaciones separadas por una línea: “Restaurante Manuel Becerra” y “Begoña Gómez Fernández”.
A partir de esa nota, la organización ultracatólica construyó el relato de una supuesta reunión secreta entre la fiscal y la esposa del presidente. Según esa versión, Rodríguez habría revelado información reservada y habría utilizado posteriormente su influencia para oponerse a la instrucción del juez Juan Carlos Peinado, que meses después abrió una causa contra Gómez.
El TSJM desarma por completo esa tesis. “La propia nota no avala indiciariamente la existencia misma de la reunión y no digamos, con mayor razón, su contenido y un contenido penalmente relevante”, señala el auto. Los magistrados añaden que en la fecha de la anotación no existía procedimiento judicial alguno contra Begoña Gómez, lo que hace imposible sostener que hubiera asesoramiento penal, revelación de secretos o interferencia en una causa inexistente.
El contexto real de las anotaciones
Lejos de la interpretación conspirativa, el contexto de las anotaciones era estrictamente profesional. Tal y como apunta 'elDiario.es', la referencia al “Restaurante Manuel Becerra” respondía a una consulta realizada por el departamento de prensa de la Fiscalía a raíz de las preguntas de varios medios sobre las diligencias judiciales abiertas tras el incendio mortal del restaurante Burro Canaglia, ocurrido un año antes.
La anotación con el nombre de Begoña Gómez tenía también un origen administrativo. Se correspondía con una dación de cuentas interna solicitada por la Fiscalía General del Estado para recabar información sobre las múltiples denuncias y querellas presentadas contra la esposa del presidente. Pilar Rodríguez estaba recopilando esa información como parte de sus funciones ordinarias.
De hecho, el 13 de marzo de 2024, la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra, remitió por escrito a la Fiscalía General un informe detallando qué había ocurrido con todas esas querellas, muchas de ellas “con idéntico contenido” y presentadas con anterioridad a la de Manos Limpias que acabaría en manos del juez Peinado. Algunas procedían incluso de personajes conocidos por su activismo conspiranoico.
Pese a lo endeble de la acusación, el bulo tuvo un rápido recorrido político. El Partido Popular exigió explicaciones al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y HazteOir anunció la presentación de la querella con una intensa campaña pública. Sin embargo, una vez archivada la causa, la organización no ha difundido el fracaso de su iniciativa judicial.
El TSJM reprocha a la asociación que sus “hipótesis delictivas” se sostengan en afirmaciones genéricas y sospechas sin respaldo probatorio. Incluso llega a desmontar la insinuación de que la renovación de Pilar Rodríguez como fiscal provincial de Madrid estuviera vinculada a esa reunión inexistente, calificando el argumento de una especulación sin base alguna.
Un patrón que se repite
El archivo de la querella vuelve a poner el foco en un problema estructural que se repite con frecuencia en este tipo de ofensivas: la profunda asimetría entre el impacto público de las acusaciones y la escasa repercusión posterior de las resoluciones judiciales que las desmienten. Las querellas sin base probatoria generan titulares inmediatos, preguntas parlamentarias y exigencias políticas, mientras que los autos de archivo, aunque contundentes, apenas logran corregir el daño reputacional causado. La sospecha se instala en el debate público mucho antes de que exista una valoración judicial y, en muchos casos, permanece incluso cuando los jueces descartan de forma tajante la existencia de delito.
Este mecanismo convierte al proceso penal en una herramienta de desgaste político. La simple presentación de una denuncia, por infundada que sea, permite alimentar relatos de corrupción, connivencia o trato de favor que luego son difíciles de desmontar en la opinión pública. En el caso de la fiscal Pilar Rodríguez, el señalamiento se produjo a partir de una anotación irrelevante desde el punto de vista penal, pero suficiente para construir una narrativa conspirativa que circuló durante meses sin contraste con los hechos reales.
Con esta resolución, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid vuelve a trazar una línea clara frente a la judicialización del bulo y la utilización política de los tribunales. El auto no solo descarta la imputación, sino que desmonta de raíz el relato acusatorio al subrayar que no hubo reunión, no hubo asesoramiento y no hubo revelación de secretos, y que las hipótesis planteadas no superan el umbral de la mera conjetura. Es un mensaje que va más allá de este caso concreto y que interpela a quienes recurren de forma sistemática a la vía penal como sustituto del debate político.
Sin embargo, el problema persiste: las querellas fallidas rara vez tienen el mismo recorrido que las acusaciones iniciales, ni generan rectificaciones proporcionales al ruido previo. Mientras tanto, fiscales, jueces y servidores públicos quedan expuestos a campañas de sospecha que no encuentran respaldo en los tribunales, pero sí dejan huella en el espacio público. El archivo de esta causa vuelve a evidenciar que el principal efecto de estas estrategias no es judicial, sino político y mediático, y plantea la necesidad de reflexionar sobre los límites y responsabilidades en el uso del sistema penal como herramienta de confrontación.
