Alrededor del Congreso hubo un despliegue policial que superaba con mucho al del número de manifestantes. Foto EFE
Un despliegue que demuestra una gran previsión. Tanta que no se entiende. Mucho menos si se tiene en cuenta que cada policía desplazado cuesta casi 100 euros al día. O se había sobreestimado la capacidad de convocatoria de los organizadores, o se daba por supuesto, en una tendencia muy de estos gobernantes, que los manifestantes iban a ser destructivos y violentos, y no ciudadanos molestos con la situación de crisis que les ahoga.
La decisión final del despliegue la tomó, casi con seguridad, el ministerio del Interior. Pero la mañana del viernes la delegada del Gobierno era quien intentaba explicar el aparente desfase entre expectativas y realidad. Lo hacía en Antena 3.
Lo primero que justificaba era la desigual y paradójica ratio entre policía y manifestante. La baja asistencia a la llamada de "asedio al Congreso", ha dicho Cristina Cifuentes, es "prueba de que los madrileños no aprueban este tipo de manifestaciones violentas". La manifestación acabó con un par de decenas de detenidos, que se produjeron básicamente ya al final de la concentración, cuando quedaba un grupo de manifestantes radicalizados y que apenas eran unas docenas.
Sobre el uso de la fuerza policial, la delegada del Gobierno ha asegurado que no fue desproporcionada, porque algunos manifestantes, en los aledaños de la Plaza de Neptuno, "tiraron piedras, bolas de acero, cócteles molotov, petardos, material pirotécnico y adoquines".
El problema está en considerar que el enfado ciudadano que les lleva a echarse a la calle contra las políticas del Gobierno sean considerados sistemáticamente manifestaciones violentas. "En este caso esta manifestación estaba convocada precisamente por los grupos que suelen reventar este tipo de manifestaciones", ha dicho Cifuentes para explicar un despliegue que la realidad no confirmó y que se intenta justificar a posteriori.
