Dieciocho ONG, Fundaciones e instituciones dedicadas a los Derechos Humanos como Amnistía Internacional, Rights International Spain (RIS) o FIBGAR,  han entregado hoy una carta en el Congreso de los Diputados exigiendo a los grupos parlamentarios que rechacen la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que se refiere a la Jurisdicción Universal. Para estas organizaciones, esta revisión de la Ley limitaría la capacidad de los tribunales españoles para investigar y enjuiciar crímenes de derecho internacional como genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad, desaparición forzada y tortura.


La acción de las organizaciones de Derechos Humanos tiene lugar ante la votación mañana martes 11 de febrero a en el Congreso de la toma en consideración de la proposición de Ley. En concretoRights International Spain ha solicitado Grupo Parlamentario Popular en el Congreso la retirada de la Proposición de Ley.


España contra el derecho internacional
“De prosperar esta reforma, España estaría contraviniendo las normas del derecho internacional que determinan que algunos crímenes son tan atroces que los Estados tienen la obligación de investigarlos y enjuiciarlos, o de extraditar a la persona sospechosa de cometerlos en caso de encontrarse en su territorio”, señalan los firmantes.


Los más importantes convenios
Explican las ONG que entre dichos convenios se encuentran el Convenio de Ginebra, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; o la Convención Contra la Tortura o Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.


Deber de investigar de los Estados
“La Comunidad Internacional ha determinado que ciertos crímenes, incluidos los crímenes de guerra, tortura y desapariciones forzadas, son tan graves que todo Estado tiene el deber de investigar y perseguirlos o de extraditar a cualquier persona que esté en su territorio sospechosa de cometer tales crímenes. Al menos seis tratados internacionales fundamentales consagran el principio de “enjuiciar o extraditar”, recuerdan.


 “El sospechoso debe ser español”
Enumeran así  las limitaciones establecidas en la reforma propuesta por el Grupo Parlamentario Popular “Con respecto a los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra el proyecto de ley requiere que el sospechoso sea español o extranjero residente en España.”


Torturadores residentes en España
Sobre  la tortura, “se requiere que el sospechoso sea un ciudadano español o que la víctima sea española en el momento en que se cometió el delito y que el sospechoso esté presente en España”.


Requisitos previos
"También establece que España sólo puede procesar los crímenes internacionales en los que el sospechoso sea un extranjero en territorio español si se demuestra que España ha recibido y se les niega una solicitud de extradición”, indican.


Ningún tratado limita según la nacionalidad
“Ninguno de estos tratados, ni aquellos que refieren la obligación de “enjuiciar o extraditar”, mencionan la posibilidad de limitar la persecución de graves crímenes de derecho internacional al hecho de que los perpetradores sean de una nacionalidad particular o que haya un pedido de extradición rechazado. La proposición de ley hace justo esto: establece limitaciones respecto a cuándo se pueden investigar dichos crímenes”.


Causas abiertas hoy, sobreseídas
En su escrito señalan que “junto a todo ello, la proposición de ley se aplicaría no sólo a futuras investigaciones sino también a aquellos casos que ahora están abiertos. Es decir, según la proposición, las causas que se encuentran en tramitación en base al principio de jurisdicción universal se sobreseerán hasta que no se acredite el cumplimiento de los nuevos requisitos”.


Afecta a la independencia judicial
“Ello contraviene la obligación del España de llevar a cabo investigaciones efectivas. Además, esta disposición podría exceder las facultades legislativas del Congreso, que estaría cerrando de manera generalizada todas investigaciones de manera anticipada, lo cual podría interferir con la independencia del sistema judicial. Cualquier decisión de cerrar estas investigaciones debería ser tomada por los jueces, individualmente y caso por caso”.


La reforma no puede ir a favor de la impunidad
Las organizaciones instan al Parlamento a asegurarse que cualquier reforma del marco jurídico actual debe ser consistente con las obligaciones internacionales y el propósito de la jurisdicción universal, para asegurar la rendición de cuentas y la lucha contra la impunidad.


De la vanguardia al retraso
Concluyen: “Las organizaciones firmantes seguirán apoyando la causa de la jurisdicción universal y la causa de la justicia para todas las víctimas de crímenes de derecho internacional. España debe respetar sus obligaciones internacionales y ser sensible con las necesidades  de las víctimas. En la lucha mundial para poner fin a las atrocidades masivas, España se situó en el pasado en la vanguardia. No debemos dejar que ahora se quede atrás”.