El Gobierno niega dar por cerrado el caso tras la dimisión del fiscal y confía en el Constitucional

El Gobierno, pendiente de nombrar a un nuevo fiscal general del Estado tras la renuncia y la amortización de Álvaro García Ortiz, no da el asunto por cerrado y, pese al fallo del Tribunal Supremo, sin haberse conocido todavía el cuerpo de la sentencia, cree que la siguiente meta volante podría ser la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional que revoque la condena de la Sala Segunda conocida el pasado jueves.

En una carta de cese a petición propia enviada al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, García Ortiz ha reconocido “haber servido fielmente a la institución”, y ha agradecido la confianza del Ejecutivo que, en los próximos días, anunciará el nombre del nuevo o nueva fiscal general, aunque todavía no hay una fecha fijada. Hay quienes apuntan que podría ser en el próximo Consejo de Ministros ya que a la Moncloa puede favorecerle la celeridad. El pasado domingo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, remarcó la defensa de la inocencia del fiscal en un viaje oficial desde Johannesburgo, como viene haciendo desde el comienzo de esta casuística. No obstante, el fallo no parece mover ni un ápice la posición marcada por el líder del Gobierno que atestó un cierre de filas total que sus socios han acatado con efervescencia y, cuando no, dureza. Yolanda Díaz, Ione Belarra, Gabriel Rufián, entre otros, han sido los encargados de elevar el tono de crítica para señalar “el asesinato civil” de García Ortiz, víctima de “una guerra contra unas ideas” con “razones políticas” en lo que ha sido un “golpe judicial” que blinda la impunidad que rodea al entorno de Isabel Díaz Ayuso.

Mientras, el ala socialista, por boca de la ministra de Educación, FP y Deportes, Portavoz y secretaria general de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría, y del titular de Justicia, ha optado por la prudencia y el respeto que no son óbice a la crítica que cabe en una sociedad democrática con libertad de opinión y garantías de Derecho. El ariete más aguerrido ha sido el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, y secretario general de los socialistas en Madrid, Óscar López. El que será rival de la presidenta de la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones autonómicas ha tachado de “tremendamente injusto” el fallo del Alto Tribunal y ha deslizado que “existen jueces que atienden a la llamada de Aznar, que creen que el Estado está en riesgo y que hay que salvar la patria”.

Sánchez, movilizador del electorado progresista

Sánchez, erigido en la defensa de “la soberanía popular y la democracia” frente a quienes “se creen con la prerrogativa de tutelarla o amenazarla”, considera que este revés judicial puede acabar beneficiado a su causa, e incluso, acercarle a Carles Puigdemont, en un momento en que su relación está fría tras el anuncio de ruptura con el Gobierno y su avance de tumbar todas las iniciativas presentadas y pendientes de presentar en el Congreso de los Diputados. Demoscópicamente, los simpatizantes de Junts Per Catalunya, prefieren a Sánchez antes que a Alberto Núñez Feijóo con una diferencia de 40,5 puntos. Los insultos y desprecios de la facción más radicalizada del PP alejan a Feijóo de la potencial moción de censura que podría ejecutar el prófugo. La subida de la preferencia por Sánchez se ha producido durante el hórgado lanzado por los exconvergentes en su lucha competitiva contra Aliazça Catalana, quienes empatarían en resultados a Puigdemont y compañía.